Ayuso: «Si el casero me sube el alquiler un 20%, lo asumo»
¿Cuánto puede subir el alquiler antes de que una familia con nómina tenga que irse de Madrid? La cita que ha puesto el asunto encima de la mesa responde sin rodeos: «Si mi casero me quiere subir el alquiler un 10, 15 o un 20%, lo asumo». No es un desliz de sobremesa. Es una tesis económica completa: el precio lo pone el propietario, el inquilino lo aguanta y, si no le cuadran las cuentas, ya buscará. Con el mercado del alquiler tensionado en medio país, la frase ha funcionado como un fósforo en un pajar.
Los números que se cruzan en la conversación no ayudan a la calma. Un piso ofertado por
3.000 euros al mes convive con el salario más probable de Madrid, que ronda los
22.000 euros anuales. Cualquier subida de dos dígitos sobre esa base no se asume: se sufre.
Qué se discute cuando se habla de libertad de precios
Hay una corriente que lo tiene claro. Cada uno pone el precio que le da la gana a lo que vende o alquila. Si no gusta, hay alternativas: otro barrio, otra ciudad, o comprar. Es el argumento de mercado en su versión más desnuda, y tiene una virtud: no necesita explicar nada más.
Enfrente está la objeción de siempre, que se repite como un estribillo. La vivienda es un
bien de primera necesidad, y un bien esencial con la oferta atada deja de comportarse como un mercado para parecerse a un peaje. La comparación que sobrevuela: si mañana alguien comprara todo el agua del país y la pusiera a mil euros el litro, la libertad de precio no salvaría a nadie de la sed. Quien lo plantea admite que suena a exageración. Solo pide tiempo.
La contrarréplica llega en forma de pregunta incómoda. En la tienda no se regatea, ni en el bar, ni al comprar ropa. Los precios están fijados y nadie monta un piquete por ello. ¿Por qué con el casero sí? La respuesta que se da desde el otro lado es que en la alimentación hay competencia, sustitutos y oferta; en el alquiler de una ciudad concreta, bastante menos.
Del IPC a la nuda propiedad: qué dice realmente un contrato
En la práctica, las subidas no se deciden en una conversación de portal. En los contratos de arrendamiento se pacta cómo van a funcionar, habitualmente ligadas al
IPC, con margen para negociar a la baja o al alza. Si no hay acuerdo, manda lo firmado. Ese es el suelo legal, y conviene no perderlo de vista en mitad del ruido.
También aparece una figura más exótica: la
nuda propiedad. La idea sería conservar el título sin el usufructo, seguir pagando los impuestos correspondientes y que el inquilino decida cuánto entrega cada mes. Suena a solución ingeniosa hasta que uno intenta explicarle a un banco que la casa vale, pero él no la usa.
¿Por qué sube el alquiler si hay impuestos y desgravaciones de por medio?
Una parte del argumento sostiene que el precio sube porque al propietario le exprimen por otros lados: impuestos, recargos y una fiscalidad que se lleva entre un
10 y un 15% del margen. Con esa carga encima, la subida al inquilino no sería codicia, sino traslado de costes. En una vivienda que ha pasado por cuatro o cinco compraventas, cada transmisión ha dejado en Hacienda alrededor de un
10% sobre el valor.
La otra cara de la moneda son las desgravaciones a la compra. Se argumenta que empujan al ladrillo en propiedad, abandonan el alquiler residencial y acaban distorsionando el mercado: quien no puede comprar termina aportando con sus impuestos a quien sí puede. El resultado, según esa lectura, no es más oferta, sino más gasolina sobre el mismo fuego.
Viviendas vacías, turismo y los trabajadores que ya no caben
Un tercer frente son los pisos que no se alquilan. Si un propietario mantiene la vivienda cerrada, dicen algunos, genera un coste social y debería asumirlo a partir de la tercera o cuarta propiedad. La respuesta liberal es inmediata y sin matices: es suya, y puede pedir hasta un millón al mes si le apetece. Puede, cierto. Otra cosa es que la ciudad siga funcionando.
El otro motor que se señala es el alquiler turístico. Cuando un bloque entero pasa a uso vacacional, el precio no sube por la suma de decisiones aisladas: un grupo coordinado sí puede mover el mercado de una zona completa, aunque ninguno de sus miembros tenga poder por separado. La costa y algún archipiélago se citan como aviso de lo que viene: municipios donde médicos, profesores o camareros no encuentran techo y acaban viviendo a una hora de su puesto de trabajo.
En el fondo late un eslogan que se repite medio en broma: convertir la capital en la
Miami de Europa. Sol y precios de nube para quien llega de fuera; para quien nació aquí, una habitación compartida y una hora de metro.
La oferta como coartada y como problema
El argumento inversor es sencillo: sin capital no se construye. Si entran fondos y levantan
150.000 viviendas en Madrid, los precios bajan por pura aritmética. Faltaría inversión, no sobraría especulación, y el debate se reduciría a una cuestión de ladrillos y grúas.
La objeción no niega el mecanismo, niega el punto de partida. La concentración de propiedad en España es limitada, y no hace falta un oligopolio para que cada titular decida pasarse al mercado turístico. Cuando eso ocurre, la pregunta útil no es quién tiene la culpa, sino por qué tanta gente huye de alquilar su casa a un inquilino de larga duración.
Al final, el mercado tiene una virtud que no figura en ningún contrato: siempre encuentra a alguien dispuesto a asumir. El problema llega el día en que deja de encontrarlo y la ciudad se queda sin quien le ponga las vacunas.