Boom!! la onu amplia la agenda 2030 hasta el 2045. se llamará vision 2045

La ONU aprueba el Pacto del Futuro: la Agenda 2030 se estira hasta 2045​

El «Pacto del Futuro» salió adelante en la Asamblea General con el voto favorable de 193 países. Ese es el primer dato. El segundo, y el que ha calentado el asunto, es el calendario: la Agenda 2030 se estira hasta 2045. Quince años más de plazo y más de 100 iniciativas repartidas en cinco capítulos y un anexo sobre las generaciones futuras. Todo en el mismo paquete.

La pregunta que flota desde entonces es sencilla: si el calendario de 2030 era tan urgente, por qué el mundo puede permitirse esperar hasta 2045.

¿Qué incluye el Pacto del Futuro aprobado en la ONU?​

El acuerdo se organiza en cinco capítulos y varios anexos. Dos piezas destacan sobre el resto: el Pacto Mundial Digital y la Declaración sobre las Generaciones Futuras. El apartado digital compromete a regular las redes sociales, las grandes compañías tecnológicas y la inteligencia artificial. El de desarrollo sostenible promete acelerar la Agenda 2030 con objetivos de erradicación del hambre, reducción de la pobreza e igualdad de género.

En la letra pequeña aparecen los puntos que más discusión generan. Mayor inversión en políticas sociales, de género y ecologistas. Un marco que obligaría a las plataformas a desvelar los datos de sus usuarios. Y la exigencia de cumplir los ODS para poder acceder a financiación pública. La Cumbre del Futuro quedó convocada para los días 22 y 23 de septiembre. El texto también invoca el desarrollo económico, social y político de las generaciones presentes y futuras.

De los ODM de 2000 a la Agenda 2045: los plazos que nunca se cumplen​

El patrón es viejo. En el año 2000 la ONU aprobó los Objetivos de Desarrollo del Milenio: ocho metas globales contra la pobreza, el hambre, las enfermedades y el analfabetismo con fecha límite en 2015. No se cumplieron. Llegaron los ODS y la Agenda 2030. Y ahora, otra vez, el calendario se estira quince años más.

Una salida recurrente en el debate tiene poco de diplomática: poner el logotipo de Agenda 2030 en el año 2031 quedaba demasiado desfasado. Alargar el plazo resuelve el problema de imagen sin tocar el fondo. Circula un paralelismo que encaja: en el tardofranquismo y los primeros años de la democracia, cada nuevo plan de carreteras y autopistas arrancaba tapando los carteles del plan anterior que no se había cumplido. Primero los postes. El asfalto, ya si eso.

Regulación de redes y ODS como peaje para la financiación pública​

El capítulo digital es el de consecuencias más tangibles. Regular a las grandes tecnológicas y a la inteligencia artificial deja abiertas cuestiones que el texto no cierra: qué autoridad fija los límites, con qué criterios y con qué sanciones. Lo mismo ocurre con la obligación de desvelar datos de usuarios, un punto que toca de lleno la privacidad tal como se entiende en Europa y que obliga a preguntarse quién custodia esa información.

El otro caballo de batalla es la condicionalidad. Atar la financiación pública al cumplimiento de los ODS convierte los objetivos en un requisito de acceso a fondos. Para unos, es la única forma de que los compromisos no acaben en papel mojado. Para otros, es una palanca que condiciona decisiones soberanas bajo una etiqueta técnica.

Soberanía nacional, deuda y gobernanza global​

El reproche dominante apunta al debilitamiento de la soberanía nacional: decisiones que antes pasaban por los parlamentos se trasladan a marcos supranacionales. La réplica oficial es conocida. El cambio climático, el hambre o la IA no entienden de fronteras, y sin coordinación no hay respuesta posible.

Hay un detalle que ilustra el clima. Según se señala en el propio debate, entra en vigor en España la obligación de que los alojamientos reporten a Interior los datos de los viajeros: teléfono, correo y datos bancarios incluidos. La coincidencia no prueba nada. Alimenta, eso sí, la sensación de que la esfera privada se estrecha por capas y por decreto.

En paralelo, hay quien lee el acuerdo en clave religiosa, señalando que el área de la Agenda 2030 está dirigida por un jesuita y rescatando tesis antiguas sobre masonería y órdenes religiosas en el siglo XVIII. Conviene decirlo claro: nada de eso tiene respaldo documental sólido. Son lecturas que circulan al calor del asunto, no hechos verificados.

El argumento de que la culpa siempre es de alguien que está más arriba​

Otra línea de análisis apunta al mecanismo, no al contenido. Los gobiernos, viene a decirse, delegan la responsabilidad en un ente superior —el jefe que está en Nueva York— para justificar medidas impopulares que no se atreverían a defender en solitario. La agenda funcionaría así como coartada: no soy yo, es el marco global. Desde esa lectura, el retraso a 2045 no sería una derrota, sino una prórroga de la coartada.

El diagnóstico coincide; la causa que se apunta, no​

Casi todas las lecturas coinciden en un punto: los plazos se han movido y los objetivos siguen lejos. La discrepancia está en el motivo. Un bloque sostiene que el retraso es la prueba del fracaso del proyecto y que el nuevo calendario es un patadón hacia adelante para que no se note. Otro bloque mira a la geopolítica: sin capacidad de imponer el marco por la vía de los hechos, la maquinaria global opta por ganar tiempo.

Y luego está el factor que nadie controla. En quince años la inteligencia artificial habrá reescrito el tablero, incluido el de la propia gobernanza. Programar objetivos a dos décadas vista es, en el mejor de los casos, un ejercicio de fe.

La Agenda 2030 ya tiene sucesora y fecha. Lo que sigue sin explicarse es qué pasará si en 2045 toca volver a moverla.