bots de la otan amenazan a los disidentes con la carcel

Amenazas de cárcel por disentir de la OTAN en plena guerra de Ucrania​

La guerra de Ucrania tiene dos frentes. Uno se libra en el terreno, con Mariupol como símbolo de la destrucción. El otro se disputa en los espacios de discusión digitales, donde una parte de los intervinientes sostiene que quien no comulga con el relato mayoritario recibe una advertencia recurrente: acabarás en la cárcel por traidor. La denuncia llega sin sentencia, sin expediente y sin nombre. Llega con la sospecha de que detrás hay una campaña coordinada —los llamados bots, los gestores de comunidad o simplemente cuentas afines— cuyo objetivo sería sembrar miedo para forzar la autocensura.

Qué se denuncia: amenazas de cárcel y autocensura​

El punto de partida es una acusación sin pruebas aportadas. Existiría una consigna, repartida por canales privados, para que quien contradiga la versión dominante del conflicto sea señalado como traidor y advertido de que puede acabar ante un juez. El mensaje que abre el asunto no se anda con rodeos y llama a no dejarse amedrentar. Ni denuncia formal, ni auto judicial, ni identificación de los supuestos responsables: solo la percepción, repetida, de que el objetivo es que el discrepante se calle por su cuenta.

A esa acusación se suma otra igual de difícil de comprobar: que buena parte de los mensajes más agresivos salen de cuentas recién creadas o reabiertas una y otra vez. Quien sostiene esa tesis no aporta registros, capturas ni rastro técnico. Aporta una intuición, y una fecha: la de que todo este ruido arrancó con el conflicto.

El precedente de la pandemia y el patrón que se repite​

La memoria de la crisis sanitaria aparece una y otra vez. Se recuerda que también entonces hubo quien amenazaba con encarcelar a los negacionistas, y se sostiene que el guion es idéntico. Igual que en 2020 y 2021 el disidente era tratado como un peligro público, ahora el que matiza la versión oficial sobre Ucrania es un traidor en potencia. Otra vez la misma película.

Conviene, aun así, separar el dato de la sensación. Que existan mensajes que auguren la cárcel es verificable en cualquier conversación política encendida. Que esos mensajes respondan a una orden coordinada es, a la fecha de este análisis, una hipótesis sin respaldo documental. La distancia entre ambas cosas es todo el asunto.

La letra zeta y la ley alemana: ¿multa o propaganda?​

El caso alemán sirve de termómetro. Se discute si ese país ya castiga con multa o cárcel exhibir la letra zeta o si la norma está todavía en tramitación. Una parte da por hecho que la penalización está en vigor; otra responde que eso es propaganda y que, en ese momento, el texto legal seguía preparándose. La discrepancia se queda sin resolver. Y es sintomática: cuando casi todo se atribuye a un «ellos» difuso, la verificación es la primera víctima. Y la última.

Apoyar a Rusia, ¿es delito en España?​

Sobre el fondo jurídico circula un argumento que apenas se rebate: Rusia no ha declarado la guerra a España ni figura como enemigo formal, de modo que ninguna postura sobre el conflicto constituye delito por sí misma. Defender la posición de Moscú o la de Kiev entraría, según esta lectura, dentro del paraguas de la libertad de expresión. Es el razonamiento más sólido del conjunto y, sorprendentemente, el menos discutido.

La tesis contraria también tiene quien la defienda. Hay quien reclama penar la apología de la agresión o el discurso de odio, y quien incluso considera apropiada la cárcel para los que, a su juicio, siembran ese odio contra semejantes. Dos maneras incompatibles de entender dónde acaba la opinión y empieza el delito.

Quién controla el relato y las cifras que nadie verifica​

A la acusación de censura se añade la de unanimidad. Se sostiene que los grandes medios españoles no dan espacio a las posiciones prorrusas y que eso es censura de la buena, la que no necesita decreto. Se compara después el comportamiento de las plataformas, se pregunta qué censura más, si un buscador ruso o una red social estadounidense, y se concluye que el relato lo fijan los mismos de siempre. La sospecha se extiende a la industria audiovisual, a la que se atribuye buena parte del trabajo de encuadre.

Entre acusación y contraacusación se cuelan los números. Se habla de una unidad ucraniana que habría pasado de batallón a brigada, con 4.000 efectivos y más de 200 bajas en su primer mes de combate. Se repite que el 98% del batallón Azov fue eliminado en Mariupol el 24 de marzo de 2022. Se mencionan ocho años de trayectoria y un emblema con San Jorge venciendo a la serpiente. Cifras redondas, contundentes, imposibles de contrastar desde fuera.

Y ahí se atasca el análisis. No hay manera de saber si las amenazas de cárcel son una campaña organizada o el ruido de una trifulca; si las cifras son artillería de propaganda o un recuento aproximado. Lo único verificable es que la conversación sobre Ucrania se ha convertido en un campo minado donde el que matiza paga.