Brutal Melei. Toda ley argentina es supletoria a voluntad de las partes en contrato privado. Esto va a cambiar Argentina. Nos va a tocar emigrar alli

Milei deja la ley argentina como letra pequeña del contrato privado​

¿Se puede vender un pulmón? ¿Un ojo? ¿Puede alguien firmar por escrito su propia esclavitud y dejar de ser libre por contrato? El decreto de Javier Milei ha sacado estas preguntas de la sobremesa y las ha metido en el corazón del código civil argentino. La chispa es el artículo 958, que consagra la libertad de contratación y convierte las normas legales en letra pequeña: manda lo que pacten las partes y, solo a falta de pacto, entra la ley. Con ese punto de partida, la discusión se ha partido en dos. Quienes ven el fin del intervencionismo. Y quienes ven un billete de ida a la casilla de salida.

¿Qué dice exactamente el artículo 958 del código civil argentino?​

El texto es menos salvaje que su titular. El artículo 958 establece que «las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido, dentro de los límites impuestos por la ley o el orden público», y a renglón seguido añade que las normas legales son «de aplicación supletoria a la voluntad de las partes», salvo que sean expresamente imperativas y siempre con interpretación restrictiva. Es decir: dos puertas siguen cerradas, la ley y el orden público. Quien lee solo la segunda mitad del artículo se pierde que la primera mitad sigue ahí, entera. La reforma desplaza la ley a un segundo plano, sí. No la borra.

De comprar un riñón a comprar un hijo: dónde se rompe el argumento​

El salto de la teoría al hueso llega rápido. Si la voluntad de las partes manda, ¿por qué no comprarle a alguien su riñón, su ojo o su pulmón en vida? ¿Por qué no aceptar ser esclavo de quien te firme el papel? Hay dos respuestas que reaparecen una y otra vez. La primera es que existe una ley específica que prohíbe la venta de órganos y que la constitución prohíbe la esclavitud, de modo que el supuesto se queda fuera del paraguas del artículo: una norma imperativa no se desactiva con un apretón de manos. La segunda es más de sentido común. Los hijos no son parte del contrato ni pueden ser su objeto, porque no son propiedad de nadie. Son otro individuo. Pactar sobre quien no firma no obliga a quien no firma.

¿Puede un contrato privado desactivar los derechos humanos?​

No. Los derechos humanos están recogidos en la parte fundamental del ordenamiento jurídico y eso no se ha derogado, por mucho que el decreto reordene el código. Ahí desemboca el fondo del asunto: si un acuerdo entre particulares puede anular derechos de rango superior. Hay quien recuerda que en España rige la doctrina contraria —todo lo que no está expresamente prohibido está permitido— y que el país no se ha caído. La diferencia, replican, es que entre «no prohibido» y «la ley es supletoria» hay un trecho. Lo primero tolera. Lo segundo legitima.

Rothbard, el anarcocapitalismo y la etiqueta que lo explica todo​

Detrás del decreto hay un autor de cabecera. Uno de los pensadores que más ha influido en Milei es el norteamericano Murray Rothbard, etiquetado a la vez como anarcocapitalista, paleoconservador y paleolibertario. Las crónicas hablan de una mixtura de cosmovisiones aparentemente contradictorias que configuraron un perfil heterodoxo. La ironía es fácil y se ha servido sola: anarcocapitalista, paleoconservador, paleolibertario, lo importante es llenar folios. Pero el cóctel importa poco cuando el resultado es el mismo. Liberal en lo económico, conservador en lo social. La etiqueta cambia; el paquete, no.

De primera potencia mundial al puesto 135​

El argumento de fondo no es jurídico, es histórico. Argentina pasó de primera potencia mundial al puesto 135 del ranking, y con esa trayectoria cualquier cambio parece preferible a la inercia. Para unos, cien años de gestión peronista bastan como balance. Para otros, el problema no es el rumbo sino la velocidad: si el ajuste no cuaja, la bomba inflacionaria y de déficit podría llevar al país a algo peor que una Venezuela. El espejo que se cita es Chile: un dictador que no tenía idea de economía, se dejó aconsejar y acabó convertido en la economía más rica de Latinoamérica. Eso también forma parte del expediente.

¿Hay algo, aunque sea una pizca, de razonabilidad jurídica en el decreto? La pregunta sigue sin respuesta cerrada. El dato que descoloca es otro. Un país que fue primera potencia mundial discute hoy si la letra de la ley es obligatoria o solo un valor por defecto. Cuando eso ocurre, el problema ya no es el artículo.