[BRVTAL] La nueva subida de las pensiones convertirá en 'tresmileuristas' a 150.000 jubilados en 2024

La subida de pensiones creará 150.000 nuevos «tresmileuristas»​

El número de jubilados que cobran 3.000 euros al mes o más va a crecer en 150.000 personas a lo largo de 2024. Con ellos, el total de pensionistas en ese tramo se acercará a los 600.000. El dato no es una proyección alarmista: es la consecuencia aritmética de la revalorización aprobada, y devuelve al primer plano una pregunta que el sistema lleva años esquivando: cuántos trabajadores hacen falta para pagar cada una de esas nóminas.

¿Cuántos autónomos hacen falta para sostener una pensión de 3.000 euros?​

La relación entre lo aportado y lo percibido es la que peor encaja, según varios de los participantes. Un trabajador por cuenta propia que cotiza por la base mínima aportaría bastante menos de lo que cuesta una pensión máxima, y hay quien echa cuentas: más de 100.000 euros en cuotas a lo largo de 25 años de actividad, dinero con el que, calcula, habría pagado medio piso. Algunos autónomos señalan que sus pensiones se quedan en torno a los 800 euros, una brecha que muchos leen como la prueba de que el sistema trata igual lo que se paga muy distinto.

La comparación con el asalariado que cotiza por la base máxima es la que más incomoda. Si el sistema es solidario, la solidaridad debería ir de arriba abajo; si es contributivo, cada euro debería valer lo mismo. Ahora mismo hace las dos cosas a la vez y ninguna del todo, que es la definición exacta de un problema político.

El cálculo del Banco de España: 1,74 euros por cada euro cotizado​

El supervisor lleva tiempo poniendo números a la sospecha. Según sus estimaciones, cada pensionista recibe 1,74 euros por cada euro aportado, un 74% más de lo cotizado. La cuenta que más circula es otra: el jubilado medio percibe unos 4.500 euros al año por los que no ha cotizado, y a los 12 años de jubilación ya ha recuperado todo lo que ingresó. A partir de ahí, cada mes es déficit. El agujero acumulado desde la crisis financiera ronda los 100.000 millones de euros.

Frente a eso se levanta un contrapunto que también tiene recorrido: si una parte de los cotizantes no llega vivo a la jubilación o muere a los pocos años, el retorno medio por euro aportado esconde una enorme dispersión entre quienes cobran dos décadas y quienes no cobran nada. Es la letra pequeña de toda estadística agregada.

¿Debería haber un tope de pensión máxima de 1.800 euros?​

La propuesta reaparece cada vez que se habla de sostenibilidad: fijar el techo en el entorno de 1.600 a 1.800 euros, la cantidad que se considera suficiente para vivir bien con la casa pagada. El contraargumento llega inmediato: quien ha cotizado por la base máxima durante 40 años ha pagado mucho más que el resto y tiene derecho legal a cobrar lo que le corresponde.

Un matiz que suele perderse: las pensiones no contributivas representan solo el 1,5% del gasto, de modo que señalarlas como el agujero es matemáticamente insostenible. Lo que sí admite discusión es la mezcla bajo la misma etiqueta de pensiones contributivas puras, subsidios de mayores de 52 años —que se abonan por otra vía administrativa— y prestaciones asistenciales. Separar esas tres cosas cambiaría la foto, aunque no la factura.

Menos de 35 cobrando 1.200 euros, jubilados con 3.000​

La comparación generacional es la que más tensión genera. Hay quien subraya que un asalariado joven ingresa alrededor de 1.200 euros mientras sostiene la pensión de alguien que percibe más del doble, y que ese jubilado suele tener la vivienda pagada y menos necesidades. Dos pensionistas con mil euros cada uno, con la casa pagada, se argumenta, viven muy bien.

A eso se suma un cálculo que circula en el hilo: 150.000 perceptores nuevos, con sus cónyuges y su entorno familiar, formarían un bloque de votos que ningún gobierno quiere perder. El incentivo para tocar nada es, sencillamente, negativo.

¿Y si el trabajo humano dejara de ser el problema?​

Aquí el análisis se parte. Una corriente sostiene que el cuello de botella es demográfico y monetario, y que ninguna tecnología lo arregla. Otra recuerda que durante la pandemia quedó claro que solo una fracción reducida de la población desempeña trabajos esenciales, y que con rentas básicas el sistema podría funcionar con mucha menos mano de obra. La comparación europea se usa en ambos sentidos: hay quien afirma, sin que este material lo verifique, que en buena parte de Europa occidental conviven el pleno empleo, salarios mínimos en torno a 2.000 euros y pensiones cercanas a los 3.000, con precios básicos más baratos.

Los salarios profesionales, mientras, se han desinflado. Un especialista que en el verano de 1979-1980 se embolsaba 5 millones de pesetas en sustituciones vería hoy, aplicando la evolución de precios, el equivalente a unos 12.000 euros al mes: la medicina pasó de clase alta a clase media con suerte.

Si la cotización es un impuesto, el cálculo cambia​

Hay una línea de análisis que lleva el asunto al terreno de la decisión individual: si la cotización no da derecho proporcional a una pensión, entonces es un tributo, y como tributo se planifica. Empresarios que podrían ampliar negocio y no lo hacen porque, entre impuestos, sueldos y cotizaciones de nuevos empleados, acaban igual. Contribuyentes que ajustan su esfuerzo a la pensión que van a cobrar, no a lo que podrían producir. El sistema, en ese escenario, deja de financiarse con lo que la gente genera y pasa a financiarse con lo que la gente está dispuesta a tolerar.

Nada de esto se resuelve con una subida ni se arregla con un recorte. Lo que muestran los números es una ratio que se estrecha cada año y una base de cotización máxima que, según varios participantes, nadie ha querido tocar. Si la tendencia continúa, el debate dejará de ser cuánto suben las pensiones para ser cuántas se pueden pagar. En el hilo nadie pone fecha a ese cruce.