Cárcel flotante en UK para forasteros

Reino Unido planea una barcaza para recluir a migrantes sin papeles​

¿Se puede tener a un solicitante de asilo en un barco amarrado a puerto mientras un tribunal decide si tiene derecho a quedarse? Eso es lo que se atribuye a Reino Unido en el mensaje que abre esta discusión: una embarcación habilitada como alojamiento cerrado para migrantes en situación irregular, descrita como «cárcel flotante», «capitalismo en estado puro» y contraria «a la Humanidad misma», y que enlaza con una información de ABC. El dato que ordena todo lo demás es burocrático: mientras el procedimiento no termina, el migrante no es expulsable y tampoco está libre.

¿Qué es una cárcel flotante y desde cuándo se usa?​

Una barcaza anclada o amarrada a puerto convertida en alojamiento vigilado. La fórmula no es un invento reciente en aguas británicas: en la discusión se recuerda que ese tipo de naves lleva usándose desde los años 90 para alojar tanto a migrantes como a trabajadores de plataformas petrolíferas, lo que rebaja bastante la novedad del anuncio. Lo que sí cambia el marco es el propósito: ya no es alojamiento temporal, sino internamiento con salida condicionada.

El asunto se colocó en la agenda internacional con una pieza de la BBC fechada el 12 de julio de 2023, que en la conversación se cita como prueba de que el proyecto no se ha abandonado pese a los intentos anteriores. Es decir: la barcaza sería la parte visible de un diseño más amplio.

El coste: hoteles, pagas en efectivo y una embarcación​

Aquí aparece la objeción económica. Hasta que se resuelve el expediente, según el relato de quien dice haber convivido dos meses con ese sistema, los solicitantes se alojaban en hoteles con libertad de movimiento para salir, jugar al fútbol o ir y venir, y con una asignación en metálico para gastos. Una parte del debate sostiene que ese régimen es insostenible y que la barcaza solo añade una factura más.

Enfrente, hay quien defiende el argumento de la disuasión: si el internamiento es incómodo, el residente pedirá la expulsión voluntaria antes de agotar los recursos judiciales, y el Estado se ahorra el procedimiento completo. Es la lectura que se hace de la medida como herramienta de gestión económica del expediente, no solo como política migratoria. La cuenta completa —hotel frente a barcaza, mes a mes— es lo que nadie termina de enseñar.

El obstáculo real: sin documentación no hay devolución​

La discusión se enreda aquí, y no por motivos ideológicos. Se plantea que de muchos migrantes no se conoce el país de origen porque llegan sin documentación, y que los países consultados rechazan con frecuencia la readmisión alegando que esa persona no es suya. Un Estado que no puede identificar ni recibir de vuelta a alguien no puede expulsarlo, por mucha voluntad política que tenga.

De ahí que el internamiento se presente como una solución intermedia: no resuelve la devolución, pero mantiene a la persona en un limbo controlado. El plan B que circula es el envío a terceros países —se menciona Ruanda—, una vía que traslada el problema de sitio en lugar de resolverlo. Queda por ver qué tribunal acepta cada pieza.

Hong Kong, Australia, Nigeria y los peñones españoles​

El debate saca precedentes a la luz. Se recuerdan las jaulas de Hong Kong, los centros de internamiento australianos para quienes no pueden ser devueltos y las cárceles nigerianas donde se retiene a indocumentados hasta que alguien les trae pasaporte y billete de salida. La comparación sirve para una conclusión incómoda: el internamiento de migrantes no devolvibles tiene décadas de historia, casi siempre fuera del foco.

La parte española del asunto se plantea como ejercicio teórico: usar el peñón de Vélez de la Gomera, Alhucemas o el islote Perejil como emplazamientos para una instalación de este tipo, con vigilancia militar y sin impedir la vuelta a Marruecos por medios propios. Son propuestas lanzadas al aire, sin respaldo administrativo conocido.

Cómo se está recibiendo la medida​

Las posturas van de la aprobación sin matices a la condena moral. Una corriente defiende que un Estado soberano puede decidir dónde aloja a quien entra sin permiso y que el encierro es más humano que dejar a alguien en la calle. Entre medias, el grueso se mueve en la crítica al coste y a la falta de resultados de años de política migratoria.

En el fondo late una pregunta que nadie contesta con números: si el procedimiento tarda meses, cualquier solución de alojamiento sale carísima. Y si el procedimiento se acorta sin garantías, el problema deja de ser el barco.

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Con estos mimbres, hay quien concluye que la cárcel flotante tiene todo su sentido: es la única infraestructura capaz de flotar a la deriva mientras alguien, en algún despacho, decide qué hacer con el pasajero.