Carnicero de 56 años asesina en Gijón a un prestamista que le habría presuntamente prestado 3500 euros y le habría obligado a devolver 37 mil

De 3.500 a 37.000 euros: el préstamo que precedió al crimen de Gijón​

Un carnicero de 56 años habría matado en Gijón a un prestamista al que debía dinero. La historia no ha circulado por el crimen, sino por la aritmética que lo precede: 3.500 euros entregados y 37.000 reclamados. Una multiplicación por diez que suena a exageración periodística y que, a la vista de lo publicado, se queda corta. Antes del desenlace, el deudor ya había abonado 17.000 euros. Después, habría firmado un segundo préstamo de más de 20.000 con otro prestamista, poniendo su piso como aval. Ninguno de los dos, según el propio relato del caso, era un alma caritativa.

¿Cómo se pasa de 3.500 euros a 37.000?​

Porque el dinero no se presta contra el bolsillo del deudor, sino contra su patrimonio. El mecanismo es viejo: se entrega una cantidad pequeña, se exige una garantía inmobiliaria desproporcionada y se firma un contrato que casi nadie lee con un abogado delante. Cuando la devolución falla —o cuando se diseña para que falle—, se ejecuta el aval. No se cobra la deuda: se cobra la casa.

La cifra que mejor lo explica no es la del préstamo, sino la del aval. Hay pisos ya pagados, sin cargas, que acaban cambiando de manos por cantidades de cuatro cifras. El negocio no está en los intereses, aunque los intereses asusten. Está en el inmueble. Y el detalle fino de cómo se ata ese contrato, contado paso a paso por alguien que trabajó cerca del sector, da bastante más miedo que el titular.

¿Por qué el deudor no devuelve simplemente el dinero?​

Porque en varios de los casos documentados no hay a quién devolvérselo. El acreedor no facilita número de cuenta, no responde a los requerimientos, cambia de titularidad la deuda sin avisar al firmante. Vence el plazo pactado y con el plazo llega la ejecución de la garantía. De poco sirve tener el dinero si el contrato fija una fecha y el que cobra se esconde justo hasta que pasa.

Ahí está el detalle que descoloca a quien lee el caso por primera vez: el prestamista no persigue el cobro, persigue el bien. Quien quiere cobrar no se esconde. Quien se esconde está esperando otra cosa. La usura clásica al menos llamaba a la puerta.

¿Cuánto se puede acumular con este sistema?​

Más de lo que sugiere la escala doméstica del asunto. En reportajes televisivos se ha mostrado a particulares que acumulaban más de 60 viviendas por toda España con esta mecánica, y se han llegado a citar intereses de hasta el 215%. La estructura no exige grandes capitales: exige impagos, paciencia notarial y una víctima que no pueda permitirse pleitear durante años.

Sobre el papel hay notarios, abogados y juzgados en cada operación. En la práctica, todo firmado y todo aparentemente legal. Ese es el punto ciego: el sistema funciona precisamente porque cumple la ley.

¿Es delito la usura en España?​

La respuesta que circula es incómoda: el Código Penal de 1995 habría despenalizado la usura, de modo que el castigo máximo para el prestamista abusivo se queda en lo económico. Se mencionan casos de personas con 178 entidades de préstamos denunciadas a las que, en la práctica, les sale más caro el abogado que la condena.

No hay cárcel para el que presta mal. Hay cárcel para el que responde con un cuchillo. Entre esas dos asimetrías cabe un país entero.

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No es un problema de buenos y malos, aunque sea tentador ordenarlo así. Es un mercado que existe porque la banca cierra la puerta a quien no puede devolver, y porque la ley que debía vigilar esa puerta trasera hace tres décadas que dejó de mirar. El préstamo de 3.500 euros seguirá su curso judicial, si alguien lo reclama. El crimen, también. La parte que nadie va a reclamar es la de en medio: la que convierte a un carnicero con una deuda impagable en el único eslabón del negocio que acaba esposado.