CEOE Huesca propone formar a los 200 migrantes para cubrir empleos
La patronal oscense quiere convertir el problema en oportunidad. La CEOE-Cepyme de Huesca ha puesto sobre la mesa una propuesta para formar a los
200 migrantes trasladados desde
Canarias a la provincia y, con la formación adecuada, incorporarlos al mercado laboral. El director general de la organización, Salvador Cored, lo resume sin rodeos: «Si se pudiera, ya habríamos contratado a esos 200 migrantes». El obstáculo, admite, es la legislación vigente, que no permite contratar a personas en situación irregular «de manera tan fácil».
La propuesta se presentará oficialmente este lunes ante la Subdelegación del Gobierno en Huesca. La patronal sostiene que muchos de estos migrantes podrían responder a la demanda de mano de obra, tanto cualificada como sin cualificar, que existe en la provincia. Cored insiste en que hay ofertas en casi todos los sectores —agrícola, construcción, hostelería, industria— y especialmente en puestos sin cualificar y en oficios como fontaneros, electricistas, ebanistas o soldadores.
¿Qué responde el Gobierno a la propuesta de CEOE Huesca?
La Delegación del Gobierno en Aragón afirma que está coordinando con el Ministerio de Inclusión las actuaciones relacionadas con las personas migrantes vulnerables acogidas, con el objetivo de atender sus necesidades en distintas materias. Recalcan que será necesario estudiar la situación individual de cada persona. Y agradecen los ofrecimientos de ayuda de organizaciones e instituciones, que describen como «una muestra del carácter solidario de Aragón».
El propio Cored reconoce que el mercado laboral oscense fluctúa a lo largo del año y que en ese momento atravesaba un «momento valle» tras los picos de las campañas estacionales de verano en agricultura y turismo. Aun así, defiende que la integración aportaría «un beneficio mutuo» para las personas y para las empresas.
El argumento que cuestiona la escasez de mano de obra
La reacción más repetida en el debate no discute la necesidad de trabajadores, sino su marco. Hay quien sostiene que en España solo hay escasez real de trabajadores de altísima cualificación, un segmento que, según un cálculo que circula en el debate, no llega al
2% de las ofertas. Bajo esa tesis, las vacantes de baja cualificación se cubrirían en seis meses si se redujeran las prestaciones por desempleo. La conclusión que extraen quienes defienden esta posición es incómoda: si el trabajo fuese legal, no haría falta traer a nadie de fuera.
Hay quien va más allá y sostiene que la presencia de trabajadores extranjeros en una empresa es, por sí sola, un indicio de que esa empresa opera al margen del convenio, ya sea en sueldo, en horas o en ambas cosas. Es una sospecha lanzada sin pruebas y que conviene tratar como lo que es: una opinión más del debate, no un hecho.
Los parados de Huesca y el 30% de paro juvenil
La pregunta que recorre toda la discusión es la misma: ¿y los parados? Se menciona un
30% de paro juvenil y se pregunta por qué no se forma a los desempleados de la provincia, incluidos los que viven en la calle. El contraste que se dibuja es el de un parado de larga duración natural de Huesca que, con las ideas de la patronal de su provincia, acabaría explorando avenidas de éxito como camarero en un hotel de turismo rural.
La crítica no se dirige solo a la patronal. También apunta a un discurso que, según varios análisis, está viciado desde el principio: se habla de formar a quienes llegan como si vinieran con la intención de remar, cuando parte del debate sostiene que ni siquiera quieren vivir en pueblos pequeños. La desconfianza hacia las subvenciones de formación —cursos que se describen como basura o directamente fraude— completa el cuadro.
Formación, cualificación y el problema del idioma
Uno de los puntos más discutidos es el de la cualificación real de las personas trasladadas. Frente a la idea de que «algunos quizá ya sean técnicos», se responde con escepticismo: ser técnico en un país africano, se argumenta, no equivale a serlo en Europa, porque la normativa y los estándares están a años luz. Bajo ese razonamiento, saldría más rentable formar a cualquier parado, que ya domina el idioma, que enseñar español y normativa a un supuesto técnico.
La inmigración, concluyen quienes sostienen esta tesis, solo aporta cuando viene ya formada y con experiencia, porque ese plus compensa la falta inicial de integración o de idioma. Un supuesto que, añaden, difícilmente se da en la mayor parte de los países de origen.
La propuesta de la patronal oscense queda, por ahora, en manos de la Subdelegación del Gobierno y del estudio individual de cada caso. Si la legislación no cambia, el ofrecimiento seguirá siendo eso: un ofrecimiento. Y el debate sobre quién debe ocupar esos puestos —los que ya están aquí o los que acaban de llegar— no tiene visos de resolverse pronto.