No se vam a trevé cuñao, round two (jo jo jo): Estas son las medidas que afectarán a la vivienda del acuerdo PSOE-Sumar

PSOE y Sumar pactan tocar el negocio del alquiler​

El acuerdo programático entre PSOE y Sumar sitúa la vivienda entre sus principales ámbitos de actuación e incluye más de una docena de medidas: elevar hasta el 20% el parque público de vivienda, regular los alojamientos turísticos en zonas tensionadas y aprobar «con carácter inmediato» el índice de precios de referencia para regular los alquileres. El texto se publicó tras el 23-J, cuando el Gobierno seguía en funciones, y ese es el primer dato que conviene retener: nada de lo pactado está todavía en vigor.

La reacción en los foros de inversión fue inmediata y muy desigual. Una parte lo celebró como el fin de años de especulación con un bien de primera necesidad; otra lo despachó como postureo de un Ejecutivo sin investidura. Entre medias, el argumento más repetido: las medidas se anuncian, pero el stock de vivienda no crece por decreto.

Qué incluye el acuerdo de vivienda entre PSOE y Sumar​

El paquete se apoya en cuatro patas. La primera es el parque público: se constituirá comprando o alquilando viviendas existentes, con obra nueva y movilizando la vivienda vacía, incluida la que hoy es propiedad de la Sareb. La segunda es la regulación de precios: se definirá «con carácter inmediato» el índice de referencia que identifica municipios y distritos declarables como zonas tensionadas.

La tercera pata revisa los alojamientos turísticos en zonas de mercado tensionado, una medida que ya se intentó meter en la ley de vivienda y quedó fuera. La cuarta es un programa nacional de mejora de accesibilidad, habitabilidad y eficiencia energética, con el objetivo de 500.000 viviendas rehabilitadas y la prioridad para familias con hijos a cargo y menos ingresos. Se añade un plan estratégico para la vivienda rural en zonas de reto demográfico.

En desahucios, el compromiso es garantizar una alternativa de alquiler social para personas vulnerables, a cargo de la administración competente. Y se creará un registro de viviendas vacías a partir del Censo de Población y Vivienda de 2021, coordinado con comunidades y ayuntamientos.

El calendario que nadie concreta​

El pacto se firmó con Pedro Sánchez en funciones y sin investidura cerrada. Ese detalle sostiene la objeción más repetida: sin Gobierno constituido, el acuerdo es un programa, no una norma. La ley de vivienda ya aprobada y publicada en el BOE sirve de base, pero su desarrollo reglamentario —el índice, las zonas tensionadas, el registro— es lo que estaba pendiente y lo que ahora se promete activar.

Hay otro frente abierto: la aplicación territorial. La ley estatal fija el marco, pero la declaración de zonas tensionadas y buena parte de la gestión dependen de comunidades y ayuntamientos. En aquellas gobernadas por el partido que más ha combatido la norma, el desarrollo puede quedarse en el cajón. Ese es el punto donde el anuncio se mide de verdad.

Euríbor alto y el efecto sobre la inversión​

El otro factor que atraviesa toda la discusión es el coste de la deuda. Con el euríbor en niveles elevados, el inversor que compró a tipo variable y contaba con que el alquiler pagara la hipoteca se encuentra con dos presiones a la vez: cuota más cara y renta intervenida. De ahí la tesis más agresiva que circuló: quien quiera salir tendrá que rebajar el precio, y el mercado se quedará congelado.

La contra replica con la lógica de la oferta y la demanda: si el alquiler deja de ser rentable, sale oferta del mercado y el precio sube, no baja. Es el mismo mecanismo que explica por qué se exigen avales, nóminas y varios meses de anticipo: a más riesgo percibido, más protección exige el propietario.

Turismo, vivienda vacía y el pulso fiscal​

El alojamiento turístico concentra el consenso más amplio: quita vivienda del alquiler residencial, tensiona barrios y compite con el hotel sin sus obligaciones. La propuesta de revisarlo en zonas tensionadas tiene recorrido, aunque su encaje legal y competencial está por ver.

Sobre la vivienda vacía, el debate es otro. Gravar el piso cerrado se presenta como palanca para movilizar stock, y ya hay ayuntamientos que aplican recargos en el IBI a inmuebles desocupados. La duda es si el recargo se traslada al inquilino, si se recurre o si el propietario prefiere asumirlo antes que alquilar.

Rehabilitación: la cifra que se queda corta​

El objetivo de 500.000 viviendas rehabilitadas y el 5% anual de edificios públicos se lee con escepticismo. Con un parque de viviendas que ronda los 26 millones y una mayoría de edificios con carencias de eficiencia, la cifra se antoja modesta frente al reto. La comparación con los planes alemanes deja al objetivo español en una escala menor.

La discusión se atasca justo aquí: entre el anuncio y el primer índice publicado, entre la promesa de parque público y el solar sin grúa. Todo lo demás —euríbor, turismo, vivienda vacía— son ramas del mismo tronco sin resolver.