Vender comida en la calle sin licencia: el negocio que no paga IVA
Una mujer de origen colombiano vende comida en las calles de Vigo, presuntamente sin licencia municipal ni controles sanitarios. El caso, difundido en vídeo, ha reabierto una discusión vieja: la venta ambulante irregular no es una anécdota pintoresca, es un segmento que opera en paralelo a la hostelería reglada y que compite con ella sin costes fiscales ni sanitarios. Quien denuncia el fenómeno sostiene que Hacienda no actúa y que las inspecciones brillan por su ausencia. Conviene precisarlo desde la primera línea: ni la falta de licencia ni el impago de impuestos están acreditados por ninguna resolución; de momento hay un vídeo, un reguero de sospechas y una certeza incómoda, que el sector hostelero lleva años pagando la fiesta mientras otros la miran desde la barrera.
El hostelero paga IVA; el carrito, no
El argumento central no es moral, es contable. Un bar de Vigo afronta IVA, cuotas de autónomos, licencia de apertura, seguro de responsabilidad civil y controles sanitarios periódicos. Un puesto improvisado en la vía pública, según los que denuncian esta práctica, no asume ninguno de esos costes. Hay quien subraya además el riesgo para el consumidor: si el producto está en mal estado no hay a quién reclamar, ni trazabilidad, ni seguro que responda. La respuesta más cínica —y probablemente la más realista— es que al consistorio le sale más barato el silencio administrativo que el conflicto vecinal.
¿Por qué no actúa la inspección municipal?
Porque el control del comercio ambulante es competencia local y, en la práctica, discrecional. Se sostiene que basta con que el mismo puesto lo monte un vecino de toda la vida para que la policía local aparezca en minutos, mientras que otros negocios operan con tolerancia durante meses. Es la vieja tensión entre la economía sumergida que se deja pasar por conveniencia electoral y la que se persigue por escaparate. El patrón se repite en otras ciudades y no distingue nacionalidades: distingue visibilidad.
Nada indica que este caso vaya a mover una sola línea de la ordenanza municipal. No hay cifras oficiales de inspecciones, no hay plan anunciado, no hay expediente confirmado. Lo previsible es que el vídeo se apague en una semana y que el puesto siga donde estaba, porque el coste político de retirarlo supera el coste de no hacerlo. La única certeza, por ahora, es la de siempre: el que declara seguirá pagando.