Como un cobete: los españoles que cobran del estado son ya medio millón más que los del sector privado

Medio millón más de personas cobran del Estado que de una empresa​

Según un cálculo que circula en el debate, un trabajador que cotice 996 euros al mes durante cuarenta años habría puesto en manos de la Seguridad Social alrededor de 440.000 euros; si se jubila a los 67 y fallece a los 71, ese dinero apenas cubriría cuatro años de pensión. Con esa aritmética empieza cualquier discusión sobre quién sostiene a quién en España, y el último recuento la deja en un equilibrio roto: 18,21 millones de personas cobran del Estado y 17,69 millones trabajan para una empresa. Medio millón de diferencia. Y creciendo.

18,21 millones que cobran del Estado frente a 17,69 ocupados privados​

La cifra de perceptores agrupa a pensionistas, beneficiarios de prestaciones por desempleo, de dependencia y del Ingreso Mínimo Vital, además de las nóminas públicas. Enfrente, el empleo privado que registra el INE, un cómputo que incluye asalariados en empresas, empleadores, trabajadores independientes y empresarios sin empleados. La brecha entre ambos bloques no ha dejado de agrandarse: las pensiones contributivas han subido un 11% desde 2014 y la plantilla pública ha engordado justo en los años en que el empleo privado se hundía.

Hay un matiz que conviene no perder de vista. Un ocupado no equivale automáticamente a un cotizante neto, ni un perceptor a un sueldo. Pero la dirección del gráfico no admite muchas lecturas alternativas: el bloque que vive de lo público suma más gente que el que vive de vender algo.

De menos de un millón de empleados públicos a 3,5 millones​

Según el repaso que hace un participante, en los años 80 la administración funcionaba con menos de un millón de empleados públicos y sin un solo ordenador; ahora la plantilla rondaría los 3,5 millones. El crecimiento del sector público ha compensado las caídas del empleo privado en los años malos, y lo ha hecho con una paradoja incómoda: cada vez hay más efectivos y condiciones más precarias. Más gente, contratos peores.

La pregunta que sobrevuela cualquier análisis de cuentas públicas es de cajón. Si con un millón de empleados menos y sin informática el país funcionaba, ¿qué se ha ganado exactamente multiplicando la estructura por tres y medio?

¿Por qué se dice que el sistema de pensiones es deficitario?​

Porque es un sistema de reparto, no una hucha individual: lo que se cotiza un año se paga ese mismo año a quien ya está jubilado. Ese diseño tiene una consecuencia lógica que hay quien formula sin rodeos: por cada pensionista que fallece sin haber agotado lo que aportó, hay diez que siguen cobrando cuando ya han consumido su parte. Con ese punto de partida, el descuadre no es un accidente de gestión. Es la norma.

En ese marco, un participante propone la capitalización individual, la llamada mochila austríaca, con cada trabajador llevando su cuenta aparte. La esperanza de vida hace el resto.

¿Cuántos años de cotización se tienen en cuenta para calcular la pensión?​

Los que hagan falta, pero cada vez más. Un participante repasa la evolución: en los años 80 el cálculo se hacía con los dos últimos años cotizados; con Felipe González se amplió a ocho; con Aznar, a quince; después llegaron los veinticinco. La crítica que acompaña a ese cambio es que cuanto más larga es la base de cálculo, más baja sale la pensión, porque los años buenos quedan diluidos entre los malos.

El contraste con el entorno se repite en cualquier comparación. En Francia se toman los veinticinco mejores años de toda la vida laboral, con cuarenta y dos de cotización exigidos, frente a los treinta y ocho españoles. La queja más extendida no es el número de años, sino cuáles se eligen.

El sector privado que también vive del presupuesto público​

Aquí aparece el matiz que descoloca a media España: el sector privado no siempre es tan privado. Jardinería, autobuses, recogida de basura, mantenimiento, consultoras tecnológicas. Hay empresas cuyo único cliente real es el Estado, vía contrato o subvención. Pertenecen al mismo organismo, solo que con factura.

Lo resume una imagen que circula en el análisis más crítico: el día que la burbuja pública pinche, no cae solo el empleado público, cae también su peluquero. El gasto del Estado genera demanda, y esa demanda sostiene negocios que sin ella no existirían.

El 46% de los afiliados a la Seguridad Social ya pasa de 45 años​

Ese es el número que debería quitar el sueño a cualquier gestor. Casi la mitad de los afiliados supera los 45 años, cinco puntos más que hace poco más de un lustro. Con la generación del baby boom entrando en bloque al sistema, las reformas no evitan el problema: lo aplazan unos años.

Los datos locales van en la misma dirección. En un municipio industrial vasco, según el recuento que cita un participante, la población activa se queda en el 50,2% y la ocupada en el 43,5%, con la tasa de actividad femenina rondando el 40%. En ese mismo municipio, la mitad de los ocupados serían funcionarios. Poca gente produciendo y mucha cobrando de lo que otros producen.

Con esa pendiente, la discusión ya no es si algo tendrá que cambiar, sino por dónde empieza el tijeretazo. Y el 46% de afiliados con más de 45 años no es una predicción: es el presente.