Illa se libra de la causa de las mascaras fake por un “fallo” del juez

El juez dejó caducar la causa de las mascarillas y el señalado es el calendario​

Según un mensaje que abre el debate, la causa por las mascarillas compradas durante la pandemia se ha caído por una razón que no aparece en ningún sumario: el juez no prorrogó la instrucción desde octubre de 2022 y el expediente quedó fuera de plazo. El asunto salpica al actual presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que era ministro de Sanidad cuando se firmaron aquellos contratos. En el hilo, el fallo administrativo se lee como un favor y se apunta a un posible ascenso del magistrado como la factura.

Lo llamativo, según los participantes, no es el error. Lo llamativo es la simetría. Cuando el investigado es un particular, sostienen, los plazos se vigilan al minuto y la mínima irregularidad procesal se convierte en auto de entrada. Cuando el investigado tiene escaño, acta o carné, la instrucción se duerme y el reloj corre a favor del reo. Cosas del destino, dirán algunos. Otros lo llaman prevaricación de guante blanco.

Qué significa que una causa prescriba por no prorrogarse​

La instrucción de un procedimiento penal tiene un plazo máximo. Si el juez no lo prorroga antes de que venza, las actuaciones practicadas fuera de ese marco pierden validez y el caso se desmorona sin que nadie entre al fondo. No hay absolución por falta de pruebas: hay archivo por falta de papeleo. Es la diferencia entre ganar un juicio y que el juicio no llegue a celebrarse.

Ese es el punto que más incomoda. La causa de las mascarillas no se ha cerrado porque un tribunal haya concluido que los contratos eran limpios. Se ha cerrado porque el calendario se agotó. Y en ese tipo de final no hay inocencia declarada, hay silencio administrativo.

El ascenso del juez y la sospecha del pago en especie​

El mensaje que abre la conversación no se queda en el error procesal. Añade un detalle que cambia el tono: el magistrado podría conseguir un ascenso próximamente. No es una prueba, es una coincidencia. Pero en un país donde las coincidencias se acumulan con la puntualidad de una nómina, la coincidencia pesa.

Hay quien sostiene que estos descuidos nunca ocurren con investigados sin poder. Y hay quien responde que el sistema es garantista por diseño, que los plazos existen para proteger al reo y que si el juez se durmió, el beneficiario es el reo, sea quien sea. El problema de ese argumento es que el garantismo, aplicado con esta asimetría, deja de ser garantismo y pasa a ser selectividad.

Los casos que sí se instruyen hasta el final​

La comparación que recorre el análisis es siempre la misma: hay procedimientos que avanzan con una diligencia que asombra. Se piden propiedades, se revisan cuentas, se cruzan datos. Con otros investigados, en cambio, el sumario se queda quieto como un mueble viejo.

En el material aparece una referencia concreta a las revisiones del Falcon, que no se olvidan. Y aparece el caso Pujol, donde se apunta que la corrupción acabó cargada sobre una fallecida, lo que en la práctica cierra la vía judicial. Dos ejemplos, un mismo patrón: la maquinaria funciona cuando quiere funcionar.

Quién vigila a los jueces que se olvidan de prorrogar​

La pregunta que recorre el asunto no es si el juez se equivocó. Es quién le pide cuentas. En el material se reclama un equivalente de Asuntos Internos para la judicatura, un órgano que revise los errores que favorecen a investigados poderosos con la misma lupa con que se revisa al ciudadano que se retrasa quince minutos en el aparcamiento.

El contraste es el que duele. Una multa de tráfico se persigue hasta el último escondrijo. Un olvido que tumba una causa completa no tiene consecuencias conocidas para quien lo cometió. La responsabilidad, en el mejor de los casos, se diluye en el escalafón.

El relato oficial y el desgaste de la palabra justicia​

Lo que queda no es una absolución, es una sensación. La de que el sistema tiene dos velocidades y que la velocidad lenta siempre va en la misma dirección. El descrédito no viene de un caso aislado: viene de la suma. De cada prórroga que no se firma, de cada instrucción que se apaga sola, de cada ascenso que llega justo después.

Con estos precedentes, la pregunta ya no es si Illa debía sentarse en un banquillo. La pregunta es cuántos expedientes más están esperando su propio olvido. Y esa cifra nadie la ha publicado todavía.