Comprar casa en España ahora mismo: ¿un error o una oportunidad?

Echar raíces en España: ¿seguridad o condena?​

Hay una paradoja que se repite en cada conversación sobre el futuro económico español: quienes más advierten de la degeneración del país son, a la vez, los que sostienen que no hay a dónde ir. El punto de partida de esta discusión es una comparación incómoda: adquirir una vivienda en España se asemeja, según uno de los participantes, a comprarla en Detroit o en Venezuela cuando el deterioro ya era evidente. La tesis no es que emigrar sea fácil, sino que atarse con una hipoteca o una plaza fija equivale a apostar por una reversión que, según este planteamiento, nadie está ejecutando.

La degeneración como punto de partida

El diagnóstico que abre el asunto no admite matices para quien lo formula: la degeneración es indiscutible. La pregunta operativa no es si el país empeora, sino dónde se está mejor y, sobre todo, dónde se estará mejor dentro de una década. La única respuesta que se apunta con cierta convicción es Asia, y siempre seleccionando el destino con lupa. El resto del planeta, se argumenta, tampoco regala nada ni está exento de problemas.

Frente a eso, la objeción más repetida no es económica sino vital: la gente tiene familia, y largarse no es tan sencillo. Hay quien recuerda que en crisis anteriores familias enteras emigraron, y quien responde que cada familia tiene sus circunstancias y que hay personas que no están en condiciones de marcharse salvo que estalle una guerra. La discusión deriva hacia qué significa atarse: para unos es atarse, para otros es tener un techo y un trabajo fijo que precisamente elimina la necesidad de huir.

El funcionario como traidor y el avestruz como estrategia

El tono sube cuando entra el empleo público. Ser funcionario bajo el gobierno actual se califica sin rodeos de traidor colaboracionista. La respuesta llega con sorna: no hacer el avestruz sería, entonces, largarse a otro país. Y en medio, un cálculo que circula: la gente oposita a fuego y, si no sale, siempre queda emigrar.

La acusación de fondo se lanza contra quienes teniendo hijos no hacen nada ante lo que describen como invasión y corrupción evidentes. El reproche se proyecta al futuro: los hijos preguntarán por qué no se hizo nada cuando era evidente. La contrarréplica es que muchos llevan años con los deberes hechos y listos para circunstancias impensables, y que otros, en cambio, permanecen estériles y de alquiler.

El coste de oportunidad de quedarse

El argumento más incisivo no es moral sino de mercado laboral. Se sostiene que quien trabaja en la privada en algo cualificado y se queda en España para siempre no está bien de la cabeza, porque el país es tercermundismo laboral. La concentración del empleo en Madrid y Barcelona choca con salarios bajos y precios de vivienda que hacen inviable el proyecto: el zulo más barato, se afirma, ronda los 300.000 euros.

La respuesta a eso es que el sobreendeudamiento en vivienda en España se sitúa en niveles de la crisis de 2007, y que el problema trasciende lo económico: aunque se sea millonario, si la ciudad se llena de gente pagada con impuestos, los niños reciben adoctrinamiento en el colegio y no se puede uno fiar de las fuerzas de seguridad, los médicos ni los jueces, el dinero no compra tranquilidad.

El espejo exterior: Canadá, Australia, Estados Unidos

La opción de marcharse tampoco sale indemne. Se enumeran los costes de otros destinos: en Canadá se bloquean cuentas corrientes si se protesta y se retira la custodia de los niños por no aceptar determinado marco ideológico; en Australia las políticas sanitarias fueron especialmente restrictivas; en Estados Unidos hay millones de pobres y trabajadores que cobran alrededor de 1.700 dólares al mes y duermen en furgonetas, apuntándose a gimnasios para poder ducharse. España está jodida, concluye esta línea, pero de momento se puede vivir con relativa tranquilidad.

El contrapunto es que el escenario para emigrar de verdad sería otro: una guerra civil, que viniera un familiar a matarte a casa. Mientras tanto, con un mínimo de arraigo —familia, amigos, idioma— se está mejor que fuera, incluso en Asia, porque un extranjero no es nadie cuando llega la crisis, la enfermedad o la vejez.

La okupación y el choque de realidades

Uno de los tramos más tensos del intercambio es jurídico. Se afirma que ocupar la primera vivienda es delito de allanamiento de morada, y se corrige con matices: el allanamiento se produce tanto en primera como en segunda residencia, pero eso no implica que los agentes apliquen automáticamente el artículo 492 de la LECrim. Para recuperar la posesión rápido hay que interponer querella con petición de medida cautelar, y aun así depende de la celeridad de la administración de justicia.

La respuesta a esa precisión es puro cabreo: se acusa de negar el elefante en la habitación, de vivir en un mundo paralelo, y se reclaman evidencias de miles de casos de familias afectadas. El desencuentro no se resuelve.

La vía intermedia: cinco años de funcionario y excedencia

Entre el todo o nada aparece una estrategia pragmática: entrar en el funcionariado no como destino vital, sino como red de seguridad. La idea es aguantar unos cinco años, pedir excedencia y, mientras, generar ingresos por cuenta propia, sin descartar volver a la privada si aparece algo interesante y bien pagado. El respaldo de poder volver a la plaza si todo falla es, precisamente, lo que hace viable el riesgo.

La otra cara de esa moneda es la robotización y la inteligencia artificial, que en un plazo máximo de quince años podrían sustituir la mayor parte de los trabajos. En ese escenario, quedarse unos años en el funcionariado recibiendo migajas mientras el resto se quema no suena tan irracional. Y una advertencia final: tampoco está garantizado que esto de los funcionarios vaya a durar demasiado.

¿Cuándo deja de ser prudencia y empieza a ser complicidad con el desastre?