Denuncian ante el juzgado los disfraces de Carnaval de Torrevieja
Una denuncia presentada el
5 de febrero de 2024 ante el Juzgado de Instrucción de Guardia de Torrevieja convirtió una comparsa del carnaval de Torrevieja en un asunto judicial. La registraron una organización, IUSTITIA EUROPA, y un abogado, y apuntaba a los disfraces con los que varios menores —algunos de
poco más de dos años— desfilaron ataviados con prendas propias de la estética adulta, ligueros incluidos, dentro de una parodia de intención política. El atuendo, en realidad, era lo de menos. Lo que encendió la polémica fue quién lo había decidido: los propios progenitores. Y una frase atribuida a una de las madres —
«mi hija tiene un cuerpazo»— que circuló sin que conste comprobación alguna.
Qué contestó el Ayuntamiento de Torrevieja
La primera respuesta institucional no fue una rectificación, sino una defensa cerrada de la fiesta. El consistorio sostuvo que el Carnaval es «crítica, sátira, provocación y diversión» y que sacar el episodio de contexto está
«totalmente fuera de lugar». Sobre los menores, la corporación municipal añadió que la intención de los progenitores «no era, en absoluto, hipersexualizar» a sus hijos, sino formular una crítica a la situación política y social de España. Que esa crítica se articule sobre el cuerpo de un menor es, como mínimo, un método discutible.
Hubo quien recordó que consistorio y comisión de festejos responden al PP, para subrayar que el reflejo defensivo no es patrimonio de un solo partido. La respuesta municipal, en cualquier caso, marcó el tono de todo lo que vino después: ni una disculpa, ni una revisión del criterio de los organizadores, solo el argumento de que la fiesta es la fiesta.
¿Sátira política o hipersexualización de la infancia?
El núcleo del desacuerdo está en si la ropa significa algo por sí misma o solo por quien la mira. Una corriente sostiene que el atuendo es objetivo —
son prendas que los adultos usan para eso— y que el contexto festivo no lo neutraliza. Enfrente, otro bloque defiende que el error está en los ojos del observador: el Carnaval es provocación por definición, el disfraz parodia un asunto político y quien ve ahí un mensaje sexual es quien lo está proyectando.
La discusión se complica cuando entra la edad. Un niño de dos años no elige, no entiende la broma y no puede consentir nada. Ese es el punto donde la coartada de la sátira pierde fuerza: burlarse de un cargo público no exige desnudar ni vestir a nadie.
El menor que no puede decidir
Aquí coinciden argumentos de procedencias opuestas: quien desfila con pocos años no ejerce ninguna libertad, está siendo colocado en una escena. El razonamiento que más se repitió es que la niña no es consciente de lo que hace y que, dentro de dos décadas, al ver las imágenes, sentirá una mezcla de rabia y vergüenza.
La difusión de fotos y vídeos de menores añade otra capa al problema: la imagen deja de pertenecer al álbum familiar y pasa a circular sin control por redes y medios. Con esa premisa, exigir responsabilidades a los padres deja de ser una cuestión de gusto estético y pasa a serlo de
custodia y de límites legales.
Qué se puede exigir y a quién
En la denuncia ante el juzgado no se señala a un partido ni a un organizador: se apunta a quien vistió a los menores. Esa es la vía formal abierta. En paralelo circuló la petición de retirar la custodia a las familias, formulada sin matices y sin que conste ninguna resolución en ese sentido. Conviene separar el deseo del trámite: entre una cosa y otra hay administraciones, informes y, probablemente, años.
El reproche institucional tampoco se quedó en un solo color político. Se criticó al PP por la defensa municipal y, al mismo tiempo, se sostuvo que el marco educativo y social lleva tiempo tolerando este tipo de escenas como si fueran folclore inofensivo. El ruido de fondo —descalificaciones del territorio, atribuciones morales sin prueba y prejuicios de clase— ensució buena parte del intercambio y explica por qué un asunto de límites con menores acabó siendo un ajuste de cuentas ideológico.
El Carnaval como coartada
La tradición juega a favor de la fiesta y en contra de sus organizadores. Las chirigotas llevan generaciones ridiculizando a políticos y a instituciones, y eso nadie lo discute. Pero la sátira clásica tiene un destinatario adulto y voluntario, que sube a un escenario a sabiendas. Un desfile con menores reclutados por sus propios padres no es lo mismo, aunque el envoltorio sea idéntico.
La pregunta operativa que deja el caso no es si el Carnaval debe poder burlarse de todo. Es si puede hacerlo con quien no ha pedido participar. La respuesta de la administración fue una huida hacia delante, y el tiempo dirá cuánto le cuesta.
Qué se puede esperar del proceso
Con una denuncia registrada y un consistorio convertido en defensor oficial de la comparsa, lo previsible es que el asunto se enfríe sin resolución pública a corto plazo. Es el guion de manual: la administración aguanta, el juzgado dilata o archiva, y el año siguiente la fiesta vuelve a salir por donde siempre. La predicción tiene una reserva, y es que aquí hay menores y hay imágenes, y eso raramente se archiva solo en los papeles.