Contra el pucherazo, extrema vigilancia (Editorial de El Debate)

El Tribunal Constitucional ha rechazado admitir el recurso del Defensor del Pueblo contra la suspensión cautelar de la incorporación electoral de algo más de 160.000 beneficiarios de la nacionalidad española acogidos a la «Ley de Nietos». El asunto sigue en manos del Supremo y el editorial de El Debate pide extremar la vigilancia sobre todos los procesos electorales.

El Tribunal Constitucional ha dicho que no. No ha admitido el recurso que el Defensor del Pueblo, a las órdenes de Pedro Sánchez según el editorial de El Debate, presentó contra la suspensión cautelar de la incorporación electoral de algo más de 160.000 beneficiarios de la nacionalidad española con la llamada «Ley de Nietos». Sin entrar en el fondo, el tribunal ha aceptado que no se puede intervenir en un proceso antes de que lo dirima la instancia competente, que es el Supremo. La decisión llega con ingredientes añadidos que el editorial no se molesta en disimular.

El Supremo lleva la voz cantante

El primer ingrediente es el miedo a convertir en costumbre la injerencia del Gobierno, a través de Conde-Pumpido, en las decisiones del Tribunal Supremo. El editorial lo describe como convertir el Constitucional en una cuarta instancia de mayor jerarquía, algo que considera falso, perverso y con efectos devastadores sobre la propia Justicia. Cita como precedentes la anulación casi total de la sentencia de los ERE y la revocación de la del procés, apoyando una amnistía que el texto califica de claramente inconstitucional.

El segundo ingrediente es el temor personal de una parte del Constitucional a incurrir en responsabilidades penales por participar en una posible prevaricación. El editorial sostiene que rubricar ese abuso habría sido un despropósito y que el Gobierno aún mantiene la intención de reclamar el voto de españoles dudosos incluso después del fallo. Para el diario, esa insistencia solo confirma sus intenciones.

Nacionalizaciones con recorrido electoral

El asunto está lejos de acabar. Los miles de nacionalizados casi a escondidas, con una instrucción de la hermana de Óscar Puente que modifica fraudulentamente la «Ley de Nietos», no podrán acudir a las urnas sin conocimiento, arraigo y respeto por España. Pero desde que se aprobó la ley y se alteró hay cientos de miles de nacionalizaciones concretadas o en desarrollo que antes o después tendrán impacto directo en los procesos electorales si no se adoptan medidas más allá de la ya conocida.

El editorial habla de una ingeniería electoral del PSOE con una primera fase ahora frenada, pero con recorrido a medio y largo plazo que debe atajarse con contundencia. El Debate, y especialmente Isabel Durán, ha sido decisivo en la denuncia detallada del montaje con el que se ha pretendido inflar el censo electoral, regalando de facto el DNI a cualquiera que lo pidiera, con excusas peregrinas, sin documentación precisa y con la complicidad del Gobierno a través de los consulados, convertidos en burdas delegaciones del PSOE.

Vigilancia en las urnas y el voto por correo

Que Sánchez lo haya intentado es suficiente para activar todas las alarmas y poner bajo vigilancia todos los procesos concurrentes en los comicios, incluyendo el voto por correo. El editorial aclara que no se trata de airear teorías conspiranoicas, sino de extremar los controles ante la evidencia de que Sánchez siempre está dispuesto a todo con tal de intervenir, condicionar o alterar el libre comportamiento de los electores.

La conclusión del texto es una advertencia sobre el talante democrático del líder socialista, que arrancó su carrera con una urna de cartón y un biombo. El editorial lo dice sin rodeos: no es de fiar. Y su talante democrático es, simplemente, inexistente. Las medidas de control sobre el censo y el voto por correo quedan, por tanto, sobre la mesa.