El ‘extraño’ caso del Defensor del Pueblo con la ‘ley de nietos’: solo ha acudido al TC en amparo dos veces en 15 años (Blanca Valdés Mañas - Vozpópul

Ángel Gabilondo ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para que 160.000 personas nacionalizadas al amparo de la 'ley de nietos' puedan votar el 29 de noviembre. Es el segundo amparo del Defensor del Pueblo en 15 años y el primero en 43 años en el que solicita una medida cautelarísima.

El Defensor del Pueblo ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la decisión del Tribunal Supremo de paralizar el voto de 160.000 personas nacionalizadas al amparo de la conocida como 'ley de nietos'. El titular de la institución, Ángel Gabilondo, considera que esa paralización vulnera derechos fundamentales, en particular la igualdad y la tutela judicial efectiva. La cifra de afectados no es menor: hablamos de un bloque de votantes que, de prosperar el recurso, participaría en las elecciones generales del 29 de noviembre.

Gabilondo pidió además a la Corte de Garantías, presidida por Cándido Conde-Pumpido, que adoptase medidas cautelarísimas para que esas personas pudieran votar. El mandato del Defensor termina el 16 de noviembre, dos semanas antes de los comicios. Es decir, la institución se juega su última intervención relevante en este asunto en plena cuenta atrás electoral.

Dos amparos en quince años

Lo llamativo del caso no es solo el fondo, sino la frecuencia. En los últimos 15 años, el Defensor del Pueblo solo ha acudido al Tribunal Constitucional por la vía del amparo en dos ocasiones, incluida esta. La anterior fue en 2015, contra una sentencia del Tribunal Supremo que, a juicio de la institución, interpretaba de forma restrictiva el acceso a la función pública mediante el turno reservado a las personas con discapacidad. Aquel recurso no fue admitido a trámite.

Ampliando la perspectiva, en 43 años se han presentado apenas 16 recursos de amparo del Defensor ante el Constitucional, según datos aportados por fuentes del Tribunal a Vozpópuli. En ninguno de ellos, salvo el presentado ahora por Gabilondo, se solicitó una medida cautelarísima. El primero se registró en 1983 y afectaba a resoluciones judiciales sobre el Colegio de Peritos e Ingenieros Técnicos de Alicante; se pidió una cautelar ordinaria que no llegó a resolverse porque el Defensor desistió. Tres años después llegaron otros recursos, por elecciones sindicales de Huelva y por la denegación de subsidio de desempleo del INEM, y esos amparos sí fueron otorgados.

Qué es el Defensor del Pueblo y por qué importa su firma

La institución es el Alto Comisionado de las Cortes Generales. Su misión es defender los derechos y libertades reconocidos en la Constitución mediante la supervisión de la actividad de las administraciones públicas españolas. La eligen el Congreso y el Senado por mayoría de tres quintos, y su mandato dura cinco años. Cualquier persona puede acudir gratuitamente para que investigue posibles irregularidades, y también puede actuar de oficio, es decir, abrir investigaciones por iniciativa propia sin que exista queja previa.

Ese detalle no es menor: un Defensor puede mover ficha sin que nadie se lo pida. Y cuando lo hace ante el Constitucional, la señal institucional es fuerte. De ahí el interés por un gesto que rompe una pauta de más de cuatro décadas.

El Pleno decide si admite el recurso

El Pleno del Constitucional se reúne para debatir la admisión a trámite. Un informe del servicio de letrados, elaborado a propuesta del magistrado ponente, Arnaldo, plantea inadmitirlo por considerarlo «prematuro». A juicio de los letrados, el recurso se presentó cuando aún existía la posibilidad de obtener un pronunciamiento de la jurisdicción ordinaria, por lo que no se habría respetado el principio de subsidiariedad, que exige agotar previamente la vía judicial.

En principio, el asunto iba a debatirse en la Sección Cuarta, integrada por María Luisa Balaguer, Ramón Sáez Valcárcel y Enrique Arnaldo, pero finalmente se someterá al Pleno por su trascendencia. La decisión sobre la admisión y, en su caso, sobre la cautelarísima marcará si esos 160.000 votos entran o no en el censo del 29N. Conviene recordar que cualquier interpretación sobre derechos electorales y plazos judiciales corresponde a los tribunales; este texto no sustituye el criterio de un profesional del derecho.