Cristina Fallarás: "decir que hay que expulsar a los forasteros es lo mismo que decir que hay que abusar a las chicas o hacer daño animales"

Fallarás: «expulsar forasteros es como abusar de chicas»​

La periodista Cristina Fallarás sostiene que «decir que hay que expulsar a los forasteros es lo mismo que decir que hay que abusar a las chicas o hacer daño a los animales». La frase, publicada como columna de opinión en el diario Público, ha reabierto un pulso que llevaba meses cociéndose: el de una parte de la izquierda que ha decidido dejar de templar gaitas con la ultraderecha y el de quienes consideran que ese lenguaje cruza todas las líneas rojas.

El detonante inmediato no fue la columna, sino un vídeo en el que Fallarás afirma que los votantes de Vox «no merecen respeto», que son «fascistas y neonazis» y que quien tenga un amigo así «es cómplice». A partir de ahí, el asunto escaló en dos direcciones opuestas: una ofensiva política contra la periodista y una campaña de apoyo que la presenta como víctima de una cacería.

Qué dijo Fallarás y dónde lo dijo​

El texto que ha encendido el debate no es un tuit suelto ni una declaración de barra de bar. Se publicó como artículo de opinión en un medio digital, con titular propio: «Hemos llegado a este punto porque llevamos demasiados años templando gaitas, debatiendo si podemos o no llamar fascismo a lo de los neonazis de Vox». Ese es el marco argumental: la autora sostiene que el problema no es su vocabulario, sino la tardanza en usarlo.

La comparación que ha hecho saltar todo es la que equipara la expulsión de migrantes con la violación de mujeres y el maltrato animal. No es una analogía inocente. Coloca en el mismo plano moral una política migratoria y dos delitos tipificados en el Código Penal, y lo hace desde una tribuna con firma y audiencia.

La respuesta política: de la acusación de delito de odio a la campaña de apoyo​

El primer movimiento llegó desde el terreno judicial. Se ha acusado a la periodista de cometer un presunto delito de odio por criminalizar a los votantes de un partido legal. La acusación no es una condena: es una imputación que, a la fecha de esta discusión, no constaba resuelta en firme.

El segundo movimiento fue el contrario. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, publicó que «la ultraderecha va a por nosotras» y que está «en juego nuestro sistema de derechos y valores». La también ministra Irene Montero habló de una «cacería de escuadristas» y cerró con un «Cristina no estás sola». La magistrada Mª Victoria Rosell añadió otro frente: un juicio promovido por hombres que se consideran señalados por testimonios de violencia machista y que reclaman 750.000 euros por su honor a quien, según ella, no los ha nombrado.

El resultado es un relato de dos capas. En la primera, Fallarás es la acusada. En la segunda, es la víctima de una persecución coordinada. Ambas cosas conviven sin que ninguna cancele a la otra.

El argumento de fondo: ¿se puede llamar fascista a un votante?​

Aquí está el nudo real del asunto, y no se resuelve con un titular. Una parte del análisis sostiene que llamar fascista a quien vota a un partido legal es una forma de deshumanizar al adversario y que ese lenguaje, repetido, acaba justificando la exclusión social de millones de personas. Otra parte responde que el término no es un insulto gratuito, sino una descripción ajustada de un programa político concreto, y que el problema no es nombrarlo sino haber tardado tanto en hacerlo.

El choque no es nuevo. Lo que sí es nuevo es el tono. La discusión ha dejado de girar sobre si Vox es o no ultraderecha —eso ya lo dan por hecho ambos bandos— y ha pasado a girar sobre qué se puede hacer con quienes votan a esa opción. Y ahí las posiciones se separan de forma irreconciliable.

El contexto que no se está contando: la caja de resonancia estadounidense​

Hay un factor que explica por qué este episodio ha escalado más de lo que su propio contenido justificaría. El asesinato de Charlie Kirk en Estados Unidos ha funcionado como acelerador de un relato: el de que la izquierda ha pasado de las palabras a los hechos y que la respuesta ya no puede ser dialéctica. Ese marco ha cruzado el Atlántico y se ha instalado en la conversación española con una facilidad sospechosa.

El efecto es paradójico. Un crimen ocurrido a miles de kilómetros se usa aquí para justificar que la tensión local es inevitable y que el otro bando empezó. Cada parte tiene su propia versión de quién disparó primero, y ninguna está dispuesta a ceder la condición de agredida.

Lo que se juega en el próximo movimiento​

La cuestión práctica no es si Fallarás tiene razón o no. Es si el marco de «delito de odio» se consolida como herramienta para dirimir disputas políticas o si, por el contrario, se convierte en un boomerang que acabe limitando la libertad de expresión de quien lo invoca. Los tribunales tienen la última palabra, y a la fecha de esta discusión no la habían dicho.

Lo previsible, con los datos disponibles, es que el episodio se cierre en falso. Una parte lo leerá como una victoria contra la censura, otra como una prueba de que la ultraderecha persigue a las feministas, y el fondo del asunto —qué se puede decir y qué no de quien vota a un partido legal— seguirá exactamente donde estaba. No hay indicios de que ninguna de las dos partes esté dispuesta a bajarse del tono. Y mientras tanto, la próxima frase polémica ya está en camino.