El vídeo de una ejecución con cuchillo que nadie ha verificado
Un vídeo difundido en redes muestra, según quienes lo comparten, una supuesta ejecución con cuchillo que algunos atribuyen a un integrante del batallón Azov sobre un hombre cuya identidad y condición no se han verificado. No hay verificación independiente de la autoría, ni de la identidad de la víctima, ni del lugar exacto donde se grabó. Tres agujeros que sostienen a la vez la denuncia y su descarte. Y en ese hueco, la discusión sobre qué se puede y qué no se puede hacer en una guerra no ha dejado de girar sobre sí misma.
Quien difunde el material lo describe como un
asesinato a sangre fría y avisa de que las imágenes no son aptas para ojos sensibles. Lo cierto es que el vídeo no trae contexto verificado: todo lo que se afirma sobre él —quién empuña el cuchillo, quién está en el suelo— viene de fuera del plano.
¿Era un prisionero de guerra o un civil de la zona?
De esa pregunta depende casi todo. Una versión sostiene que el hombre agredido vestía vaqueros y no uniforme ni equipo militar, de lo que deduce que no era un prisionero ruso sino un civil con residencia en la zona sur y este del país. Otra añade que el supuesto autor tendría nombre y apellido, que el episodio ocurrió en la región de Chernivtsi y que el propio atacante habría presumido de pertenecer al batallón Azov en sus redes. Nada de eso cuenta con comprobación independiente, y ahí empieza el problema.
La diferencia no es cosmética. Si la víctima era un combatiente rendido, cualquier ejecución queda bajo el paraguas de las leyes de la guerra y de la Convención de Ginebra, que prohíben matar a un prisionero con independencia del bando. Si era un civil, la calificación es aún más grave. En cualquiera de los dos escenarios, matar a un prisionero rendido o a un civil queda fuera de lo que permiten las leyes de la guerra.
La sospecha de montaje y la guerra de relatos
Hay una segunda línea de defensa: la autenticidad. Parte de las reacciones exigen pruebas antes de dar por bueno cualquier vídeo que llega sin cadena de custodia, recuerdan que desde el arranque del conflicto han circulado materiales falsos o sacados de contexto, y subrayan que la atribución al batallón Azov solo la sostiene el texto que acompaña a las imágenes. Es un argumento razonable en abstracto y muy cómodo en la práctica: aplicado con la misma vara, deja en el aire casi todo lo que se publica sobre esta guerra.
El problema es que esa vara no se aplica igual según quién aparezca en el vídeo. La exigencia de verificación se dispara cuando el señalado es un soldado del lado al que se apoya y se desploma cuando la historia encaja con lo que ya se creía. Ese sesgo recorre el asunto de arriba abajo y explica por qué un material de pocos segundos aguanta semanas de discusión sin que nadie aporte un dato nuevo.
Los casos que se citan al otro lado
La comparación es inevitable y también interesada. Frente a este vídeo se mencionan otros: prisioneros rusos tiroteados en las piernas, relatos de torturas a mujeres jóvenes, civiles muertos en ciudades asediadas. Cada bando usa el episodio del contrario como coartada moral y el propio como excepción. La cuenta que sale de ahí no es la de los crímenes, sino la de los crímenes que cada uno está dispuesto a mirar.
Y en ese intercambio aparece el argumento más incómodo: se sostiene que la sed de sangre tiene una explicación, que quien empuña un cuchillo puede haber perdido antes a alguien bajo un bombardeo. Es una hipótesis que no se puede comprobar y que, aun siendo cierta, no cambia nada. Precisamente para eso existen las leyes de la guerra: para no depender de la biografía de quien mata.
Qué pasa si nadie juzga la ejecución
Aquí el escenario se vuelve cínico. Se apunta que si Ucrania acaba ganando y expulsa a las tropas rusas, el autor del vídeo difícilmente se sentará ante un tribunal y probablemente será recordado como un héroe local, mientras que si el resultado es el contrario será juzgado por la parte que tiene la sartén por el mango. La justicia, en ambos casos, dependería del marcador final y no de lo que ocurrió en ese plano de pocos segundos.
Entre medias queda lo más probable: que el asunto nunca se aclare del todo. Los vídeos de este tipo rara vez terminan con un nombre propio en un banquillo y casi siempre acaban como material de propaganda durante unos días y como archivo después. La ejecución con cuchillo se ha convertido ya en un objeto de disputa más útil que cualquier verificación.
¿Cuántos episodios como este harían falta para que alguien, en cualquiera de los dos lados, aceptara publicar un vídeo con la etiqueta de
no verificado antes que con la de culpable?