da repelúsnte artículo en okdiario sobre la ley Trans

La ley trans deja el fraude en manos del funcionario de registro​

Tres meses después de su entrada en vigor, el Ministerio de Justicia ha remitido a los registros civiles la instrucción para aplicar la ley trans. El texto, según recoge la información publicada, menciona expresamente la posibilidad de «fraude de ley o abuso de derecho» y sitúa al funcionario como responsable de «velar» por que esas situaciones no se produzcan. La paradoja es de manual: una norma basada en la autodeterminación, donde basta la voluntad del interesado, pide a quien atiende el mostrador que detecte intenciones ocultas que la propia ley no define ni sanciona.

El cambio registral no exige informes médicos ni psicológicos, ni tratamiento hormonal. A partir de los 16 años, la declaración basta. Entre los 14 y los 16 hace falta acompañamiento de progenitores o tutores, y de los 12 a los 14, autorización judicial. La ley, además, no contempla sanción alguna para quien se aproveche del cambio para su propio beneficio.

Qué derechos se activan al cambiar la mención del sexo​

El texto señala que la rectificación registral permite ejercer «todos los derechos inherentes a su nueva condición» y abre la puerta a las medidas de acción positiva del artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2007. Traducido: cupos, listas paritarias y ventajas en el acceso a empleo público. En oposiciones como la Policía Nacional, las pruebas físicas son menos exigentes para las mujeres, y el sindicato profesional del ramo ya preguntó en su día qué baremo se aplicaría a quien se declare mujer.

Hay más escenarios sobre la mesa. Un hombre autodeterminado mujer podría solicitar ingreso en una cárcel femenina, competir en categorías deportivas femeninas o acceder a espacios reservados. La Alianza contra el Borrado de las Mujeres advirtió durante la tramitación que no se piden antecedentes penales por delitos sexuales ni se prevén mecanismos contra motivaciones espurias.

El agujero de la violencia de género​

El punto más discutido es el penal. La ley establece que el cambio de sexo «no alterará el régimen jurídico» previo en materia de violencia de género. La consecuencia práctica es que una mujer agredida por un hombre que haya rectificado su mención registral pasa a ser víctima de violencia doméstica, con penas menores. La ministra de Igualdad, según la información recogida, sostuvo que si un hombre cambia de sexo y agrede a una mujer «ya no es violencia de género».

Desde Igualdad se ha limitado el uso fraudulento a casos puntuales y se ha argumentado que un número reducido de aprovechados no invalida el reconocimiento de las personas trans. El problema es de arquitectura legal: sin criterio objetivo, sin sanción y sin carga de la prueba, la vigilancia encomendada al funcionario es una petición de principios.

El cálculo que anima a hacer la trampa​

El incentivo económico y laboral es la parte que menos se discute. Un trámite de unos meses puede traducirse en un baremo físico más blando en una oposición, en acceso a plazas reservadas o en prioridad como colectivo en servicios públicos de empleo. La cuenta completa, con el calendario del procedimiento y las ventajas encadenadas, es lo que explica que la ocurrencia circule con tanta naturalidad.

El propio Ejecutivo ha descargado en los encargados del registro la vigilancia de un fraude que la norma no menciona. Y el funcionario que intente frenar una solicitud se expone a una denuncia por discriminación. Ahí está el nudo: se pide criterio donde la ley solo permite voluntad.

¿Qué pasa cuando la única prueba de una intención es la palabra de quien la declara?