España ante el dilema de salir de la UE: entre el rescate y la intemperie
La pregunta no es nueva, pero el contexto la ha vuelto incómoda: ¿puede España permitirse salir de la Unión Europea? El planteamiento que abre el asunto es tajante —hay una crisis que se prolongará durante años y quienes la gestionan no van a cargar solos con ella— y se apoya en un hecho concreto: la modificación del artículo 135 de la Constitución, que dio prioridad absoluta al pago de la deuda. Aquel cambio, aprobado en 2011 por los gobiernos de Zapatero y del PP, marcó un antes y un después en la jerarquía de prioridades del Estado. Desde entonces, la política económica española se ha movido en un margen estrecho: cumplir con los acreedores o enfrentarse a un castigo de los mercados.
La discusión que se ha generado alrededor de este asunto revela un consenso incómodo: salir es peligroso, pero quedarse también tiene costes. La deuda acumulada es el argumento más repetido por quienes rechazan la ruptura. Con un nivel de endeudamiento elevado, abandonar la eurozona implicaría una devaluación inmediata de la nueva moneda y un encarecimiento brutal de los intereses. El país quedaría a merced de los mercados sin la red de seguridad del BCE. Quienes defienden esta posición no hablan de amor a Bruselas, sino de pura aritmética: no se puede romper el juguete si aún se está pagando a plazos.
El miedo a la intemperie: Marruecos, los tipos y la impresora
El escenario posterior a una hipotética salida genera más preguntas que certezas. Una de las preocupaciones más repetidas es la seguridad: sin la UE ni la OTAN, España quedaría expuesta a presiones externas. La referencia a Marruecos y a la pérdida de Canarias aparece como un temor recurrente, aunque también hay quien responde con ironía que el país vecino tendría sus propios problemas si intentara semejante aventura. La cuestión de la defensa se mezcla con la económica: si ya se hacen maniobras militares en territorio español, se argumenta, es porque alguien está pensando dónde clavar la pica.
El otro gran fantasma es la moneda. Volver a una peseta o a cualquier denominación nueva implicaría devaluación y pérdida de poder adquisitivo. El ejemplo de Argentina o Venezuela aparece en la conversación como advertencia: un país con una impresora y sin disciplina fiscal puede acabar en hiperinflación. Quienes defienden esta tesis no dudan en señalar que el problema no es Bruselas, sino los políticos nacionales. Si ya con el euro se despilfarra, imaginemos con control total de la máquina de imprimir.
El otro lado: la UE como jaula de oro
Frente a los partidarios de aguantar, hay una corriente que sostiene que la UE ya no tiene futuro. El argumento central es que la Unión se ha convertido en una máquina de regular y de endeudar, no de proteger. Se critica el «infierno regulatorio y fiscal» que ahoga a las empresas y se señala que los países del norte imponen condiciones mientras los del sur cargan con el ajuste. La desindustrialización española, que se remonta a 1986 y se aceleró desde 2008, se presenta como una consecuencia directa de las políticas europeas. Alemania y Francia habrían firmado la sentencia de muerte del tejido industrial español.
La crítica no es solo económica. También hay quien apunta a una cuestión de soberanía: España no controla su política migratoria, ni su presupuesto, ni su moneda. La modificación del artículo 135 se interpreta como la prueba definitiva de que los acreedores mandan más que los votantes. La deuda se paga antes que las pensiones o la sanidad. Esa jerarquía, impuesta desde fuera, es la que muchos consideran insoportable.
¿Hay una vía intermedia?
La pregunta que sobrevuela la discusión es si existe un punto medio entre el sometimiento y la ruptura. Algunos plantean seguir en el euro pero recuperar el control del presupuesto, revocar el artículo 135 y diseñar una política migratoria propia. Es una propuesta que suena razonable pero choca con la realidad: los tratados europeos no permiten esa flexibilidad. O se está dentro con todas las consecuencias, o se está fuera con todas las consecuencias.
El ejemplo de Grecia en 2012 aparece como recordatorio de lo que ocurre cuando un país intenta negociar desde dentro. El castigo fue ejemplar: rescate, ajuste y pérdida de soberanía. Quienes defienden la permanencia no hablan de idealismo europeo, sino de miedo al vacío. Y quienes defienden la salida no hablan de patriotismo, sino de dignidad. Entre ambos, una mayoría silenciosa que intuye que el statu quo es insostenible pero no ve la puerta de salida.
La predicción más repetida es que la UE acabará colapsando por su propio peso. No hay fecha, no hay plan, no hay certezas. Solo la sensación de que el edificio se agrieta y de que España, como siempre, estará en la planta baja cuando empiecen a caer los escombros.