Democratura: una democracia, pero que es autoritaria

España: una democracia con rasgos autoritarios​

La paradoja la formuló el propio Otegi: «no hay Gobierno de progreso en el Estado español si los que nos queremos marchar de España no lo sostenemos». Traducido: el Ejecutivo de PSOE y Podemos depende de quienes quieren romper el país. Esa contradicción —gobernar contra la mitad de la población con el apoyo de una minoría— es el punto de partida de un debate que lleva 1.392 días abierto y que ha ido mutando desde la crítica al independentismo hasta la sospecha sobre la calidad democrática del sistema entero.

¿Qué es una democratura y por qué se usa este término?​

El concepto circula con fuerza: una falsa democracia donde se gobierna en contra de la mitad de la población, se toman decisiones sin consenso y se traiciona la palabra dada. La definición no es académica, pero describe un malestar real. Los indicadores que se citan son variados: desde la reforma de la malversación pactada con ERC —que rebaja a 4 años la pena máxima sin lucro personal— hasta el hecho de que Sánchez sea «el único presidente del Gobierno que ha aprobado más decretos que leyes», con un 54% de iniciativas legislativas aprobadas desde verano de 2018 como imposiciones del Ejecutivo.

La corrupción es otro pilar del argumento. Transparencia Internacional sitúa a España por debajo de Botswana o Brunei, y una web especializada cifra el coste total de la corrupción sistémica en 124.123.915.826 €. La cifra, repetida hasta la saciedad, se ha convertido en el dato más citado del debate. Los españoles, según las encuestas que se manejan, ven a los políticos como principales culpables.

La justicia como campo de batalla​

El CGPJ está «secuestrado por los políticos desde 1985», según el diagnóstico que se repite. Jueces y fiscales han amenazado con la huelga si el Gobierno mantiene las reformas judiciales, y los guardias civiles se han sumado a las protestas contra que la Fiscalía se quede con la UCO. La Audiencia de Sevilla ha llevado al TJUE las sentencias del TC sobre los ERE, alertando de un «riesgo sistémico de impunidad». El precedente que se cita es el de Rumanía, donde la UE obligó a rectificar una rebaja de penas a corruptos similar a la española.

El choque interno del PSOE​

No es solo la oposición. Page, presidente de Castilla-La Mancha, ha calificado de «intolerable pactar con los delincuentes su propia condena» y ha amenazado con ir al Constitucional si se autoriza un referéndum en Catalunya. Lambán ha secundado la exigencia de agravar penas y «rearmarse». Cinco exministros socialistas se han posicionado contra la reforma del delito de sedición. ERC, mientras tanto, exige un referéndum en el que con un 55% a favor del «sí» se declare la independencia.

¿Es España una democracia plena o una oligarquía de partidos?​

Hay quien sostiene que la Constitución hace incompatible democracia y Monarquía, y que el sistema es corrupto desde su origen. Otros apuntan a una oligarquía de partidos donde el Congreso no decide nada porque todo viene decidido de fuera, entre seis o siete jefes de partido. La tesis más repetida: se coge lo peor de la democracia y lo peor de la dictadura y se agita bien fuerte. El resultado sería un despotismo democrático, un régimen que blindaría su inmunidad mientras se presenta como democrático.

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La pregunta no es si España es una dictadura —no lo es— sino si su democracia resiste el peso de sus propias contradicciones. Con estos mimbres, la respuesta sigue abierta.