En Sumar ahora hablan de ultraderecha de junts, pero ayer le dieron el poder de echar a los forasteros de cataluña.

Podemos bloquea el pacto migratorio de PSOE y Junts​

¿A quién le puede extrañar que un partido independentista de derechas, con discurso identitario y burgués, aplauda el control migratorio? La pregunta recorre el debate abierto tras el acuerdo entre PSOE y Junts para transferir a Cataluña competencias en inmigración, un pacto que ha partido en dos a la izquierda. El texto que originó la discusión enlazaba dos piezas: una sobre la presión migratoria en Canarias y otra sobre la reunión de Sánchez con un investigado por una red yihadista. A partir de ahí, el asunto derivó hacia lo que nadie quiere reconocer en público: que el traspaso convierte a los Mossos en policía de frontera y deja a Aragón y Madrid a merced de lo que decida el Gobierno central.

Qué se transfiere exactamente y por qué importa​

El acuerdo, según los datos que maneja el debate, otorga a la Generalitat competencias sobre inmigración, lo que en la práctica significa que las expulsiones de Cataluña las ejecutarán los Mossos. La consecuencia inmediata es que un migrante en situación irregular que pise Cataluña tendrá un trato distinto al que pise Aragón, comunidad sin policía autonómica propia y dependiente de Guardia Civil y Policía Nacional. Hay quien sostiene que esto es dar independencia de facto y que la comunidad vecina, descrita con sorna como friendly con la inmigración, se convertirá en el destino natural de quienes eviten Cataluña.

El argumento de fondo esgrimido por los defensores del pacto es que si el Estado no controla la frontera, mejor que alguien lo haga. «Si el estado tiene una mala política y yo puedo conseguir evitarlo, ¿es un crimen?», resume una de las posturas más repetidas. La respuesta desde el otro lado es que eso no es gestión, es deslocalización del problema: echar a los de casa para que los reciba el vecino.

La fractura de la izquierda: Podemos contra Sumar​

El acuerdo ha tenido un efecto inmediato: Podemos lo ha calificado de pacto racista y ha bloqueado su tramitación, mientras Más Madrid se aparta de Sumar y Compromís se desmarca. Urtasun ha replicado pidiendo que le digan qué artículo es racista. La ministra Díaz, por su parte, lo ha defendido como un avance porque las competencias se van a compartir con Cataluña.

La contradicción que señalan varias voces es que Sumar denuncie ahora a Junts como ultraderecha cuando fue parte del bloque que hizo posible el traspaso. «Los únicos que se han creído que Junts era progre son los progres», resume una de las intervenciones más valoradas. El argumento de fondo: el partido de Puigdemont nunca ocultó su perfil identitario y de derechas; el error fue de quien le compró el relato de víctima.

El efecto dominó: País Vasco, Aragón y Madrid​

El traspaso ha abierto la caja de los truenos territorial. Los vascos ya estarían pidiendo lo mismo, según varias intervenciones, y el PNV solo apoyaría la operación si se le incluye. En el otro extremo, se da por hecho que los migrantes que Cataluña expulse acabarán en Zaragoza y Madrid, comunidades gobernadas por el PP que no tienen competencia sobre fronteras.

El cálculo político es sencillo: el PP carga con la gestión mientras Junts se apunta el tanto de haber conseguido el traspaso. La alcaldesa de Ripoll aparece en el debate como el acicate que ha empujado a Junts a moverse, no por convicción sino por miedo a que le coma la tostada en el electorado identitario.

La tramitación: 176 votos y muchas dudas​

El escepticismo sobre que el acuerdo salga adelante es notable. La transferencia requiere ley orgánica y, por tanto, 176 votos. Eso obliga a que voten a favor ERC, Bildu y los socios habituales del Gobierno, algo que varias voces consideran improbable. El PNV, se insiste, solo dirá sí si se le incluye en el traspaso.

A esto se suma la opacidad sobre el reparto: el Gobierno no habría detallado a las comunidades cuántos migrantes irregulares regularizará por territorio. La cifra que circula en el debate es de 500.000 regularizaciones, pero sin desglose autonómico.

El contexto migratorio que nadie discute​

Los datos que acompañan al debate son tozudos: 3.678 migrantes llegaron a Canarias en la primera quincena de 2024, un 286% más que el año anterior. Ayuso ha pedido que la UE tome cartas en el asunto. Y en paralelo, la Policía sitúa al principal representante del islam en España como máximo responsable de una red yihadista, según las informaciones publicadas, con donaciones desviadas a grupos ligados a Al Qaeda en Siria desde 2018.

El expresident Jordi Pujol ha advertido de que los catalanes pueden caer en una situación de gran marginalidad ante la llegada de inmigración, y se ha mostrado a favor de que la Generalitat asuma competencias. Trias, por su parte, pide contratos temporales para regularizar a quienes no tienen papeles. Las piezas no encajan del todo.

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Al final, la pregunta no es si Junts es ultraderecha. La pregunta es cuánto tarda Sumar en descubrir que gobernaba con ella.