Denunciado un ingeniero colombiano sin papeles por vender empanadillas en la zona de pubs de Lugo

Ingeniero colombiano sin papeles: empanadas de madrugada en Lugo​

¿Se puede vivir cumpliendo las reglas cuando las reglas no te dejan cumplirlas? Fabián Romero tiene 30 años, es ingeniero civil colombiano y vende empanadas de madrugada en el casco histórico de Lugo. La Policía Local lo denunció por hacerlo sin autorización municipal ni control sanitario y trasladó el caso a Extranjería porque se encuentra en situación irregular. Su defensa cabe en una frase: el negocio está dado de alta y lo único que le falta es el permiso de trabajo.

Llegó desde Bucaramanga en septiembre de 2021, mes en el que cumple dos años en la ciudad, junto a su pareja, Diana Coronado, de 26, y su hija, que está a punto de cumplir cuatro. Pidió asilo político y se lo concedieron. Al renovar el permiso para obtener la tarjeta roja se lo denegaron y, según su versión, la resolución que debía explicar el motivo nunca llegó. Contra esa decisión se puede apelar y, mientras se tramita el recurso, podría trabajar. Él, mientras, sigue paralizado.

¿Por qué no puede darse de alta como autónomo?​

Porque para ser autónomo hace falta un permiso de trabajo que no tiene, y sin permiso no hay alta posible. Ese es el nudo que él repite: no es un problema de voluntad ni de desconocimiento, es un cuello de botella administrativo. Entre septiembre y noviembre de 2021 buscó empleo por cuenta ajena sin conseguirlo; de ahí salió la idea de cocinar y vender.

Una parte del análisis que circula en estos casos apunta a una trampa de diseño en la normativa de extranjería vigente: para ser residente hay que acreditar ingresos, y para acreditar ingresos hace falta un permiso de trabajo. Quien no lo tiene debe demostrar solvencia sin poder generar rentas declarables. El círculo, visto así, no tiene puerta.

El reproche, en cualquier caso, no va solo contra el papel. Hay quien sostiene que quien denuncia la irregularidad no ofrece una alternativa practicable para salir de ella, y que el resultado es una economía sumergida que se cronifica en lugar de regularizarse.

El negocio ya existe sobre el papel, pero sin él dentro​

Aquí está el detalle más incómodo del caso. El hermano, que sí tiene todo en regla, se dio de alta como autónomo para poder legalizar la actividad. Hicieron el curso de manipulador de alimentos, quedaron registrados en Hacienda y pagan cada trimestre. Romero sigue al margen de su propio negocio por una sola pieza que no le conceden.

El relato comercial también tiene su lógica. Lo que empezó siendo un par de empanadas colombianas caseras, un clásico de la noche en su país, creció por boca a boca hasta vender decenas entre los clientes que salen de los pubs. Ahora solo vende a gente que conoce, dice, porque ya se ha hecho una clientela fija que lo busca. Con eso cubre el alquiler y la comida del mes.

Ahí está la paradoja que atraviesa el caso: existe una demanda nocturna real, existe producto, existe cliente y existe incluso el alta fiscal. Lo que falta es el permiso de una persona para trabajar en el negocio que su familia sí tiene registrado.

Control sanitario, competencia desleal y papeles: los tres frentes del reproche​

El consenso se rompe en tres direcciones. Una corriente sostiene que vender comida en la calle de madrugada sin autorización municipal ni control sanitario es un riesgo sanitario y una competencia desleal frente a los locales que sí pagan licencias, luz, seguros e impuestos. Es el argumento de caja clásico: los costes de uno se convierten en los ingresos perdidos de otro.

La segunda réplica es factual: el negocio está dado de alta en Hacienda y el único eslabón que falta es un permiso de residencia y trabajo. Si el problema fuera la falta de voluntad fiscal, no habría alta ni pagos trimestrales.

La tercera mira al diseño del sistema y no a la persona. Se subraya que un procedimiento que exige ingresos para autorizar residencia y residencia para generar ingresos deja como única salida la actividad informal. Y ahí aparece el reproche recurrente a la acumulación de trámites: se critica el laberinto burocrático más que la norma concreta.

Qué se describe habitualmente en el laberinto del asilo​

El itinerario que suele describirse en este tipo de expedientes encadena varias fases: solicitud de protección internacional, un periodo de espera con prórroga, la denegación y, después, figuras como la protección por circunstancias excepcionales, que otorgan residencia por vías distintas al asilo. Según esa lectura, el tiempo juega a favor de quien aguanta el proceso, no de quien lo gana.

Conviene ser preciso: son descripciones del funcionamiento administrativo que circulan entre quienes siguen estos casos, no un manual oficial, y cada expediente tiene sus plazos. Lo que sí está sobre la mesa es la secuencia concreta de Romero: asilo concedido, permiso de trabajo obtenido, renovación denegada y una resolución explicativa que, dice, no ha llegado nunca.

Hay un detalle familiar que ayuda a entender por qué Lugo y no otra ciudad: su madre fue policía en Colombia y se mudó a Lugo hace cuatro años. La ciudad amurallada era el destino lógico para una familia que buscaba salir de una seguridad cada vez más deteriorada.

Lo que queda por resolver​

Romero estudia las vías de arraigo que le den residencia y trabajo para abrir un local. Su objetivo declarado es quedarse y hacerlo todo legal. El problema, viendo el circuito, es que hacerlo todo legal depende de un papel que de momento solo existe en el expediente de su hermano.

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Queda la duda de fondo, la que no resuelve ningún reglamento: si el sistema premia al que se formaliza a medias o castiga al que intenta formalizarse del todo. Romero lleva dos años eligiendo la segunda opción y sigue con la bolsa al hombro.