Derriban casas en la playa de guardamar

Guardamar derriba casas legales de 1934 mientras Elche las protege​

La playa de la Babilonia, en Guardamar del Segura (Alicante), afronta la demolición de una hilera de viviendas construidas entre 1929 y 1934 con licitación del gobierno de la República. El Supremo avaló su legalidad, pero no frenó el derribo, previsto para 2025. Cada propietario pagará una media de 15.000 euros por la demolición, sin indemnización ni realojo, según relata un participante en el hilo. A cinco kilómetros, en la playa de El Pinet (Elche), el ayuntamiento ha aprobado una moción para declarar esas casas bien de interés local y evitar que Costas las tire.

De apuntalar dunas a pagar el derribo​

El proyecto original no era un capricho urbanístico. Un arquitecto lo presentó en 1929 para apuntalar las dunas y evitar que la arena se comiera la pinada trasera. Las obras se financiaron con una licitación pública y concluyeron en 1934. Entonces, la playa tenía 70 metros de arena por delante de las fachadas. La Ley de Costas de 1988 fijó un límite de 30 años para ese tipo de concesiones, que empezaron a contar desde su aprobación y expiraban en 2018.

Los propietarios pleitearon. Perdieron en primera y segunda instancia. El Supremo dictaminó que las casas eran legales, pero no entró a valorar su impacto ecológico ni anuló las sentencias previas. La orden de derribo siguió adelante. El caso está en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aunque esa vía no suspende la ejecución.

El espigón que se comió la playa​

Según sostiene un participante, la clave del desastre no es el clima. En 1999 se construyó un pequeño puerto en la desembocadura del río Segura, a unos cientos de metros de las casas. Su espigón, mal diseñado, desvía los sedimentos hacia el lado opuesto de la playa. La Babilonia perdió toda su arena. El ayuntamiento no la ha repuesto. Los barcos tampoco entran bien: la desembocadura está taponada.

Hay quien sostiene que, con la arena que había antes del espigón, se cumplía la distancia legal y que la culpa es de la infraestructura. Si eso es así, el Gobierno debería reponer la arena o demoler el espigón. La paradoja es que el mismo partido que autorizó la construcción de las casas —el PSOE— gobierna hoy en Guardamar y no mueve ficha. En Elche, donde gobiernan PP y VOX, sí.

Dos varas de medir a cinco kilómetros​

El caso de El Pinet es idéntico, pero la respuesta política ha sido la contraria. El pleno de Elche aprobó declarar esas viviendas bien protegido de interés local. La mayoría de PP y VOX lo hizo posible. En Guardamar, el PSOE no ha impulsado ninguna protección similar. La comparación escuece.

No es un caso aislado. En Los Arenales del Sol, pedanía de Elche, hay edificios de los años 70 construidos a menos de 25 metros del mar. En Benicàssim y otras zonas costeras se han visto chalets a menos de 100 metros de la orilla sin que se derriben. La pregunta es qué criterio se aplica y a quién.

El precedente que nadie quiere repetir​

La demolición no es una expropiación. Las expropiaciones se compensan. Aquí no hay pago, ni vivienda de sustitución, ni realojo. Los dueños asumen el coste. El Supremo no anuló las sentencias anteriores, así que la orden sigue en pie. El TEDH podría tardar años en pronunciarse, y para entonces las casas ya no estarán.

El asunto deja una pregunta incómoda: si una licencia fue legal, ¿puede una ley posterior borrarla sin compensación? El precedente afecta a cualquier propietario costero. Y a los que no lo son, también.