Noticia: Dueña de un piso cuyo inquilino lleva 6 años sin pagar, actualmente declarado “vulnerable": "no voy a volver a alquilar jamás"

Seis años sin cobrar el alquiler y el inquilino sigue dentro​

Sonia Román alquiló en 2014 un piso amueblado de tres habitaciones con dos plazas de garaje en Vigo por 450 euros al mes. El inquilino, un conocido de su hermano, pagó durante los primeros años y pidió alguna reforma que la familia asumió. En 2019 dejó de abonar la renta y los recibos. Desde entonces, la propietaria acumula sentencias favorables, recursos del arrendatario y suspensiones administrativas que han convertido la recuperación de su vivienda en una carrera de obstáculos de más de media década.

La historia no es un caso aislado, pero sí un ejemplo extremo de cómo se encalla un desahucio por impago. Lo que empezó como un contrato entre conocidos terminó en el Tribunal Supremo, en un concurso de acreedores y en la declaración de vulnerabilidad del inquilino al amparo del real decreto-ley 11/2022. El piso sigue ocupado. La dueña ya lo ha puesto a la venta por 240.000 euros y ha anunciado que no volverá a alquilar en su vida.

De la demanda de 2019 al Supremo: cronología de un desahucio imposible​

El primer intento de desahucio se presentó en 2019. El juicio se fijó para febrero de 2020, se aplazó por problemas de salud del inquilino y volvió a retrasarse con la pandemia. La vista se celebró en julio de 2020 y un juez ordenó el desahucio. El arrendatario recurrió a la Audiencia Provincial, que en noviembre de 2020 falló a favor de los propietarios. Recurrió de nuevo y en octubre de 2021 el Tribunal Supremo ratificó la sentencia y ordenó el desahucio.

En enero de 2022, tres años después del primer impago, la familia presentó el lanzamiento. Se suspendió porque el inquilino se declaró en concurso de acreedores. El juzgado de lo civil derivó el caso al mercantil. La abogada de la propietaria recurrió y a finales de 2023 obtuvo la razón. En ese proceso se descubrió que el deudor no había incluido a los propietarios en el concurso, lo que permitió recuperar 10.000 euros de deuda.

El real decreto de vulnerabilidad que bloquea el desalojo​

En enero de 2024 se presentó un segundo lanzamiento. Se suspendió porque el inquilino se acogió al real decreto-ley 11/2022, que suspende los desahucios para hogares considerados vulnerables. A partir de ahí, la vía judicial se cerró y los propietarios centraron sus esfuerzos en reclamar la compensación que ofrece la Xunta para arrendadores en situaciones de impago. Este mes han vuelto a ganar esa batalla judicial y esperan cobrar los 7.000 euros que se les adeudan.

La dueña sostiene que el real decreto es un «gran problema» y que ya no pueden hacer nada más. «No volveré a alquilar en la vida», asegura. Ha puesto el piso a la venta con la inmobiliaria Remax Balaídos por 240.000 euros y se ha unido a Aprovij, una asociación de propietarios contra la inseguridad jurídica. Su argumento de cierre: «Nosotros no nos tenemos que hacer cargo de las personas vulnerables, es deber del Estado».

Por qué los propietarios dejan de alquilar​

El caso de Vigo ilustra un efecto que se repite en el mercado del alquiler: cuando el coste de recuperar una vivienda ocupada supera el de mantenerla vacía, parte de los propietarios opta por retirar el inmueble del circuito. La dueña ha puesto el piso a la venta. Otros propietarios consultados en foros especializados describen estrategias similares: exigir avales bancarios de varios meses, contratar seguros de impago o directamente no alquilar.

Hay quien sostiene que el problema no es la protección al inquilino vulnerable, sino la falta de una alternativa habitacional pública que evite trasladar el coste al arrendador. En contra pesa el argumento de que sin seguridad jurídica, la oferta de alquiler se contrae y los precios suben para quienes quedan en el mercado. El resultado, según esta lectura, es una pescadilla que se muerde la cola: menos pisos disponibles, alquileres más caros y más presión sobre los propietarios que siguen alquilando.

El precio del alquiler y la sombra del impago​

El contrato original se firmó en 2014 por 450 euros al mes para un piso de tres habitaciones, amueblado y con dos plazas de garaje en Vigo. Una cifra que, con los precios actuales, resulta difícil de encontrar en el mercado. Ese diferencial entre lo que se firmó y lo que valdría hoy el mismo inmueble es una de las claves del caso: el propietario que alquila barato y luego no cobra acumula una doble pérdida, la de la renta y la del coste de oportunidad.

La deuda reconocida asciende a 7.000 euros, a los que se suman los 10.000 euros recuperados vía concurso de acreedores. En total, más de 17.000 euros en impagos, sin contar los recibos ni los gastos legales de seis años de litigios. La propietaria ha anunciado que no volverá a alquilar. El piso, mientras tanto, sigue ocupado y a la venta.