El agente de la uco fichado por ayuso: a los rojomorados los vamos a apiolar

El agente de la UCO fichado por Ayuso: «Los vamos a matar»​

Un jefe de la UCO de la Guardia Civil, Juan Vicente Bonilla, fichado después por la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso, mantuvo conversaciones con un confidente en las que se refirió a «los rojomorados» y a la posibilidad de «matar» al Gobierno de Pedro Sánchez. La filtración, publicada por El Plural y difundida por Cartelera Turia, desató un incendio político que se apagó tan rápido como se encendió: varias cadenas y diarios rectificaron en cuestión de horas, y el foco pasó de la cloaca a la propaganda. El asunto, sin embargo, dejó un reguero de datos incómodos: según se afirmó en el debate, el agente percibe un salario de 85.000 euros anuales de las arcas madrileñas y aparece vinculado a la investigación del caso Koldo antes de incorporarse al equipo de Ayuso.

Qué decían los chats del agente de la UCO​

El material publicado por El Plural recoge fragmentos de conversaciones entre Bonilla y un confidente en las que se habla de «pucherazo» electoral y se califica la idea de investigarlo como «la rehostia». En uno de los mensajes, el agente menciona que «sería como los SMS del 11M», a lo que su interlocutor responde que «allí estaba Villarejo». La conversación, según la exclusiva, incluye expresiones como «los vamos a matar nosotros» referidas al Ejecutivo central. No hay sentencia, no hay imputación formal y no hay más prueba que el chat filtrado. Pero el daño al relato oficial ya estaba hecho.

La difusión fue inmediata. Gabriel Rufián, portavoz de ERC, resumió el asunto en dos palabras: «Golpe de Estado». La oposición madrileña pidió explicaciones, y desde el Gobierno se habló de cloacas. El problema llegó cuando los medios que habían amplificado la exclusiva empezaron a matizar: La Sexta rectificó en directo, El Diario hizo lo propio y hasta Telecinco y Antena 3 dedicaron minutos a desmentir el marco más grueso. El supuesto plan para poner una bomba lapa al Gobierno quedó reducido a un temor del propio agente a que se la pusieran a él. La propaganda se había vuelto en contra.

El salario de 85.000 euros y el fichaje por Madrid​

El dato que más recorrido tuvo fue el económico. Bonilla cobra 85.000 euros anuales de la Comunidad de Madrid, una cifra que desde algunos sectores se presentó como escandalosa y que desde otros se relativizó: un capitán de la UCO con su antigüedad y complementos ya rondaría esa cantidad o incluso la superaría. La discusión derivó hacia el uso del dinero público para fichar a mandos policiales con historial controvertido. No es un debate nuevo, pero sí uno que en Madrid tiene recorrido: la Comunidad ha convertido la seguridad y la comunicación institucional en un campo de batalla donde los nombramientos se leen como declaraciones de intenciones.

El vínculo con el caso Koldo añade otra capa. Bonilla aparece mencionado como uno de los agentes que participó en las pesquisas iniciales de la trama, antes de que el caso saltara a los tribunales y antes de que su nombre sonara para incorporarse al equipo de Ayuso. Esa secuencia —investigar al Gobierno y después trabajar para quien lo combate— es la que alimenta la tesis de la cloaca. La otra lectura, menos épica, es que un mando de la UCO con experiencia en casos de corrupción es exactamente el perfil que cualquier administración querría fichar. Las dos versiones caben en el mismo currículum.

La rectificación de La Sexta y el bulo de la bomba lapa​

El episodio más comentado fue la rectificación. En las noticias de las 14:00, La Sexta reconoció que el agente no había querido poner una bomba lapa al Gobierno, sino que temía que se la pusieran a él. El giro desactivó el titular más explosivo y dejó a los amplificadores con el pie cambiado. En términos de comunicación política, la secuencia es un manual: se lanza la acusación más grave, se viraliza durante horas y, cuando llega el desmentido, el daño ya está hecho. La corrección nunca alcanza la velocidad del bulo.

No es un fenómeno nuevo. La novedad es que esta vez el desmentido llegó de los propios medios que habían difundido la noticia, lo que convirtió la rectificación en un espectáculo dentro del espectáculo. El Plural mantuvo la exclusiva, La Razón y El Español publicaron piezas críticas con la filtración, y el asunto derivó hacia un debate sobre quién filtra, por qué y a cambio de qué. La pregunta de fondo —si un agente de la UCO puede o no hacer esas declaraciones en privado— quedó sepultada bajo la guerra de medios.

Qué pasa con el caso Koldo y las imputaciones abiertas​

Mientras la atención se centraba en los chats, el caso Koldo siguió su curso. La mujer y el hermano del presidente del Gobierno, así como el fiscal general del Estado, permanecían imputados en distintas piezas separadas. Esa es la parte que no rectificó nadie: los procedimientos judiciales continúan abiertos y sin resolución firme. La filtración de los chats no los paralizó, pero tampoco los aceleró. Simplemente desvió la mirada durante unos días.

El resultado neto es un empate técnico. El Gobierno evitó el desgaste de una acusación directa, pero el episodio dejó la sensación de que las cloacas existen y operan en ambas direcciones. La oposición madrileña no consiguió convertir el fichaje en un caso de corrupción, pero tampoco el PP logró cerrar el debate sobre por qué un agente vinculado a la investigación del caso Koldo acabó cobrando de la Comunidad. Nadie ganó. Todos se mancharon un poco más.

¿Cuánto tiempo tarda una rectificación en alcanzar a un bulo que ya ha dado la vuelta al país?