El congreso aprueba la ley del ojo por ojo

Un forero propone aplicar a cada uno las políticas que defiende​

Que cada cual cargue con las consecuencias de lo que reclama para los demás. No como venganza, sino como lo que su autor llama la ley de la consecuencia: si defiendes quitar el SMI, se te quita a ti y se le mantiene a quien lo defiende; si pides alargar la jornada, te la alargan a ti y se la reducen a quien pide lo contrario. El planteamiento, expuesto por un usuario en un hilo de foro, ha abierto una trinchera que va mucho más allá del chiste: toca impuestos, pensiones, sanidad, moneda y hasta pasaporte.

La regla es sencilla de enunciar y brutal de aplicar. Quien reclama recortar la sanidad pública se queda fuera del hospital y quien la defiende sigue entrando. Quien quiere jubilaciones privadas pierde la suya y conserva la pública quien la sostiene. Quien pide moneda propia para devaluarla no puede usar el euro y ve cómo le devalúan la nueva divisa a él. Y así, absolutamente todo, según su promotor: «ibamos a ver que pronto se os quitaba a todos, a unos y a otros, toda la puta imbecilidad que teneis».

Qué es la ley del ojo por ojo y qué propone exactamente​

El texto no habla de cárceles ni de tribunales. Habla de facturas. La propuesta consiste en trasladar a cada ciudadano el coste real de las políticas que apoya, de modo que nadie pueda defender un recorte sin notarlo en su nómina, su pensión o su tarjeta sanitaria. El argumento de fondo es que el sistema actual permite votar medidas que solo pagan otros, y que esa asimetría es la que sostiene los discursos más radicales de uno y otro signo.

El ejemplo más repetido en la discusión es el sanitario. Si alguien sostiene que hay que desmantelar la sanidad pública, que se le impida la entrada y se le siga permitiendo a quien la defiende. El segundo es el de las pensiones: quien pide acabar con ellas, sin ellas. El tercero, el salario mínimo: quien lo quiere suprimir, sin él. La lógica se extiende después a la jornada laboral, al euro, a la organización territorial del Estado y al reparto de la inmigración entre municipios.

El punto que más fricción genera es el de la financiación. Si alguien defiende bajar impuestos, se le quitan; a cambio, paga por todo lo que hoy es gratis. El promotor lo detalla: una torcedura de tobillo facturada a precio de mercado, una escolarización con coste íntegro, un peaje diario por pisar la calle. «Va a ser un descojone cuando tengais que pagar un peaje todos los dias por salir a la calle, esa que os creeis que se paga sola», resume.

El choque con la realidad fiscal: quien no cotiza, ¿también se queda sin médico?​

La objeción más repetida no ataca la idea por arriba, sino por abajo. Si el criterio es que cada uno pague lo que consume, ¿qué pasa con quien no aporta nada al sistema? La pregunta se lanza en forma de trampa lógica: si para ser atendido en la sanidad pública hay que pagar impuestos, ¿qué se hace con quien no los paga porque no trabaja? La respuesta del promotor no esquiva el envite: acepta quitar impuestos y trasladar el coste íntegro al ciudadano, con precios de mercado para cada servicio.

Ahí aparece el flanco más débil del planteamiento. Buena parte de quienes intervienen señalan que el sistema no es un intercambio individual, sino un seguro colectivo, y que desmontarlo deja a los mismos que hoy lo critican pagando más por menos. Otros contraatacan por el lado contrario: si se me quita la pensión por defender su supresión, que se me devuelvan también las cotizaciones ya ingresadas. La discusión deriva hacia el modelo de reparto y hacia la sostenibilidad del sistema, con la advertencia de que los más jóvenes pagarán pensiones que probablemente no cobren.

El intercambio se vuelve especialmente áspero cuando se cruza con el gasto público corriente. Hay quien recuerda que el autobús, la recogida de basuras, el alumbrado y la seguridad también están subvencionados, y que nadie paga su coste real en el recibo. La conclusión que se extrae es incómoda para los dos bandos: el ciudadano medio no tiene ni idea de cuánto cuesta el Estado que dice querer, ni de cuánto costaría el que dice preferir.

Del SMI a la jornada laboral: los ejemplos que calientan el debate​

El catálogo de casos concretos es lo que da cuerpo a la discusión. Uno de los más citados es la jornada: si defiendes ampliarla, que te la amplíen a ti y se la reduzcan a quien pide lo contrario. La propuesta se cruza con el debate real sobre la reducción de la semana laboral y con el rechazo parlamentario a fijarla en 37 horas y media, un pulso que enfrenta a los partidos que apoyan el recorte con los que lo bloquean.

El salario mínimo genera el mismo tipo de intercambio. Quien defiende subirlo por decreto, que asuma el efecto sobre los precios; quien defiende bajarlo, que viva con lo que quede. La discusión se enreda con la inflación: hay quien sostiene que elevar el SMI y las pensiones por decreto se paga después en forma de subida de precios, y quien responde que el problema no es el suelo salarial sino la estructura de costes.

El euro y la moneda propia cierran el círculo. Quien pide salir de la divisa común para poder devaluar, que se quede fuera del euro y sufra la devaluación de la nueva moneda. Quien defiende la pertenencia, que conserve el pasaporte y la moneda. La discusión se desplaza después a la organización territorial del Estado y al reparto de la inmigración entre municipios, con propuestas de aplicar las normas de cada territorio solo a quienes las reclaman.

Las dos Españas del coste: quien paga y quien cobra la fiesta​

Debajo del experimento mental hay un conflicto clásico: la distinción entre quien aporta y quien recibe. Una parte de la discusión sostiene que el sistema actual permite vivir del trabajo ajeno, y que la ley de la consecuencia solo haría visible lo que ya ocurre. La otra responde que el problema no es el que cobra, sino el que fija las reglas, y que trasladar el coste a cada individuo rompe la lógica del seguro colectivo.

El intercambio se vuelve circular. Los partidarios de aplicar el criterio a los demás acusan a sus interlocutores de no atreverse a que se les aplique a ellos. Los críticos responden que la propuesta es un ejercicio de resentimiento disfrazado de justicia, y que nadie ha explicado todavía cómo se financia un hospital con facturas individuales sin dejar fuera a quien no puede pagarlas. La discusión se cierra, como suele, sin acuerdo.

Hay un detalle que descoloca a los dos bandos. El experimento mental se parece demasiado a lo que ya ocurrió en Europa cuando la pertenencia a un sistema u otro decidía el nivel de vida de una familia entera. Quien nació a un lado de la frontera tuvo médico, pensión y moneda fuerte; quien nació al otro, no. La ley de la consecuencia no inventa nada: solo propone que la frontera pase a estar dentro de cada persona.

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¿Y si el problema no fuera quién paga, sino que nadie ha calculado todavía cuánto costaría de verdad el sistema que cada uno dice querer?