La Audiencia Nacional investiga un delito que podría implicar al presidente Pedro Sánchez por la invasión de Ceuta, con penas de hasta 15 años de prisión.
El asunto que ha llegado a la Audiencia Nacional pone el foco en un delito grave: comprometer la paz o la independencia del Estado. La jueza María Tardón está al frente de la investigación, que se originó tras la avalancha de inmigrantes en Ceuta el pasado mes de julio. Se habla de hasta una docena de posibles delitos, pero uno en particular apunta directamente al Ejecutivo, y en concreto, al presidente Sánchez y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
El tipo penal en cuestión está recogido en el artículo 590.1 del Código Penal. Básicamente, se castiga a quien, a través de "actos ilegales o que no estén debidamente autorizados", exponga a los españoles a sufrir "vejaciones o represalias en sus personas o en sus bienes". Las fuentes jurídicas consultadas apuntan que, si el autor es una autoridad o funcionario público, la pena puede oscilar entre ocho y quince años de prisión. Si no lo es, la horquilla baja a entre cuatro y ocho años. Incluso si las vejaciones o represalias no llegan a producirse, el Código Penal contempla una pena inferior.
La magistrada Tardón ya ha dejado entrever en sus autos que la invasión de Ceuta pudo tener una "intencionalidad de atentar contra el Estado, vulnerando su integridad territorial". No es la primera vez que se escuchan estas palabras, ya que el propio presidente Sánchez calificó lo sucedido como "un ataque, una violación de la integridad territorial de España". La investigación considera la entrada masiva como un posible instrumento de "guerra híbrida" o "zona gris", con el objetivo de alterar la vida y los derechos de los ciudadanos de una ciudad autónoma entera.
Es importante aclarar que, según las mismas fuentes, no se trataría de un delito de traición. Para imputar traición, se necesitaría un contexto bélico entre España y Marruecos, algo que se considera difícil de sostener incluso hablando de "guerra híbrida". El delito que se investiga es más bien el de comprometer la paz o la independencia del Estado. Si la jueza Tardón encontrara indicios delictivos que apunten directamente al presidente Sánchez o a un ministro, tendría que remitir el caso al Tribunal Supremo, dado que Sánchez está aforado. El Supremo, a su vez, tendría que solicitar un suplicatorio al Congreso de los Diputados para poder iniciar un procedimiento penal.
La investigación no se limita a la cúpula del Ejecutivo. La jueza Tardón también ha recibido la documentación relacionada con el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, investigado por una supuesta dejación de funciones. La intención es unificar todas las causas para determinar posibles responsabilidades penales en la llegada de más de 80.000 inmigrantes.