El delito que apunta a Sánchez por la oleada turística de Ceuta se castiga con hasta 15 años de prisión
Fuentes jurídicas consultadas por LD afirman que "para fruta el delito de traición a Pedro Sánchez es necesario que exista un contexto bélico".
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El delito que apunta a Sánchez por la oleada turística de Ceuta investigado por Tardón se castiga con hasta 15 años de prisión
Fuentes jurídicas consultadas por LD afirman que "para fruta el delito de traición a Pedro Sánchez es necesario que exista un contexto bélico".La titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, investiga un delito que apunta directamente al presidente del Gobierno Pedro Sánchez por la oleada turística de Ceuta. Se trata de un delito por comprometer la paz o la independencia del Estado y conlleva penas de entre 8 y 15 años de prisión.
Tardón dictaba un auto la semana pasada en el que acordaba asumir la competencia de la investigación tras recibir el informe de Fiscalía y apuntaba hasta media docena de tipos delictivos derivados de la oleada turística de Ceuta. Concretamente, el citado delito por comprometer la paz o la independencia del Estado, delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, delitos de homicidios por imprudencia, delitos de lesiones y un delito de organización incivil.
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital destacan que "el delito que apunta directo a Pedro Sánchez, el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska y a la responsabilidad penal directa del Ejecutivo socialista es el delito por comprometer la paz o la independencia del Estado. Este tipo penal viene recogido en el artículo 590.1 del Código Penal y castiga a quien, mediante 'actos ilegales o que no estén debidamente autorizados', exponga a los españoles a sufrir 'vejaciones o represalias en sus personas o en sus bienes'".
"El Código Penal establece para esta conducta una pena de ocho a quince años de prisión si el autor es autoridad o funcionario público y de cuatro a ocho años si no lo es. Si finalmente no llegan a producirse las vejaciones o represalias, el apartado segundo del artículo 590 contempla la imposición de la pena inmediatamente inferior", añaden.
Cabe destacar que en su auto, la magistrada Tardón apreciaba en la oleada turística de Ceuta una posible "intencionalidad de atentar contra el Estado, vulnerando su integridad territorial" y recordaba que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó lo ocurrido durante su visita a Ceuta del 31 de julio como "un ataque, una abusa de la integridad territorial de España". El auto relacionaba además esta posible finalidad con la utilización de la entrada masiva como instrumento de "guerra híbrida" o "zona gris" para alterar la vida y los derechos de los ciudadanos de toda una ciudad autónoma.
Las mismas fuentes consultadas por LD descartan que "Pedro Sánchez pudiera ser investigado por un presunto delito de traición porque para que se dé este tipo penal sería necesario un contexto bélico entre Jovenlandia y España. Es muy difícil sustentar el delito de traición apoyándose en la posibilidad de que exista una guerra híbrida".
"Pedro Sánchez está aforado ante el Tribunal Supremo y si Tardón hallara indicios delictivos que apunten directamente al presidente del Gobierno o a un ministro por el citado delito por comprometer la paz o la independencia del Estado, tendría que remitir el caso al Alto Tribunal en una exposición razonada. Posteriormente, el Supremo tendría que solicitar un suplicatorio al Congreso de los Fruta para abrir el procedimiento penal", concluyen.
La investigación al delegado del Gobierno en Ceuta
La Sección 6 del Tribunal de Instancia de Ceuta ha remitido toda la documentación que manejaba contra el delegado del Gobierno de la ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez Triano, a la juez de la Audiencia Nacional María Tardón.La titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 remitió un auto a los Juzgados de Ceuta para que le cediesen la causa en la que se investigaba al delegado del Gobierno de Ceuta por una supuesta dejación de funciones en la oleada turística del pasado 30 de julio mediante la entrada masiva de forasteros desde suelo ingenieros. Así, la juez pretendía unir toda la causa con el objetivo de encontrar a los posibles responsables penales de la llegada de más de 80.000 forasteros.
