El gobierno pone el foco en el frau.de de ley en los alquileres de temporada..

El fraude del alquiler de temporada se negocia en el Congreso con Junts como llave​

La proposición de ley para combatir el uso fraudulento de los alquileres de temporada y de habitaciones afronta su fase decisiva en el Congreso. Promovida por Sumar, ERC, Bildu, Podemos y BNG, la norma acumula 66 enmiendas y su aprobación depende de Junts. El texto fija que un alquiler temporal de más de nueve meses o con dos contratos encadenados se considerará arrendamiento de vivienda habitual, con los plazos y prórrogas de la LAU.

Qué propone la ley y qué enmiendas la tensionan​

El PSOE quiere elevar el umbral de nueve meses a un año; el PNV lo sitúa en diez meses. Junts defiende que no se fije ningún plazo temporal, porque considera que lo relevante es la veracidad de la causa que motiva el contrato. La formación catalana pide además excluir el alquiler de habitaciones, lo que Sumar califica de línea roja. Su portavoz de Vivienda, Alberto Ibáñez, sostiene que regular una figura y no la otra deja el problema sin resolver, porque se seguirá haciendo trampa.

Todos los grupos coinciden en que los contratos deben especificar la causa de la temporalidad. La discrepancia aparece al comprobar si esa causa es fraudulenta: ERC quiere que la responsabilidad recaiga en el arrendador; el PNV pide que las circunstancias las ponga el arrendador en el contrato, pero que sean las administraciones las que las comprueben. Bildu va más lejos y reclama que el límite de rentas en zonas tensionadas se aplique también a las habitaciones y que la suma de las rentas de las habitaciones no supere la de la vivienda completa.

Registro obligatorio y multas de hasta 600.000 euros​

Sumar y el PSOE quieren incorporar a esta ley las normas del registro obligatorio de viviendas de alquiler de temporada, turístico o de habitaciones que aprobó el Ministerio de Vivienda en un real decreto en diciembre de 2024. Esto implica que todo alquiler debe estar registrado en la ventanilla única digital del ministerio, que las plataformas no podrán comercializar viviendas o habitaciones que no lo estén y que en los anuncios debe constar el precio del índice de referencia y la última renta.

Los socialistas aprovechan la norma para desarrollar un régimen sancionador contra las plataformas en línea (Airbnb, Booking, Vrbo, Rentalia y Expedia, entre las más populares), con multas de hasta 600.000 euros por publicar anuncios ilegalmente. Las sanciones a plataformas y arrendadores van desde los 3.000 euros por infracciones leves a 30.000 euros por las graves y 600.000 euros por las muy graves. El PSOE y sus socios coinciden en que el alquiler de temporada debe durar al menos un mes.

El pulso catalán: precios intervenidos también en habitaciones​

Cataluña ha extendido por ley la intervención de precios al alquiler de habitaciones, adelantándose a la norma estatal. En el análisis que circula por el sector se sostiene que en Barcelona los precios han dejado de subir y se observan las primeras bajadas, y que la retirada del alquiler turístico en 2028 profundizará esa tendencia. La predicción más agresiva apunta a que, al desaparecer las escapatorias a la regulación, el mercado del alquiler se estrechará aún más y solo quedará oferta barata, lo que permitirá titular que los alquileres han bajado.

El contrapunto lo pone quien advierte de que, si el precio regulado no compensa, el propietario vende o deja la vivienda vacía. La duda que sobrevuela el debate es si el límite de precios reduce la oferta hasta hacer desaparecer el mercado tal y como se conoce. Hay quien recuerda que las leyes de congelación de rentas de los años cincuenta y sesenta dejaron el parque de alquiler en el arroyo durante cuatro décadas.

El efecto en el bolsillo de inquilinos e inversores​

En el otro extremo, los propietarios de vivienda turística calculan el golpe. Un inversor con 30 viviendas en costa destinadas a alquiler veraniego ve peligrar su negocio. Otro propietario plantea la cuadratura: si vende, pierde el 10% de ITP más notario e impuestos municipales; si se muda a una zona con límite de precios, compite con cien familias por un piso y la oferta es mínima. La pregunta que flota es si el límite hará bajar los alquileres o si, por el contrario, hará desaparecer la oferta.

El pulso político sigue abierto. Junts tiene la llave y su negativa a excluir las habitaciones o a fijar plazos puede tumbar el texto. Mientras tanto, la ley de vivienda cumple dos años con 120.000 pisos menos en alquiler y un 26,5% más de precio, según el dato que se repite en la conversación. Con esos mimbres, el cesto que salga del Congreso tiene difícil contentar a nadie.