El cartel de religión islámica que descoloca a las familias
Un folio pegado en la puerta de un aula. Encima, un diseño con tipografía oriental y adornos que imitan motivos árabes. Debajo, el horario de la asignatura de
religión islámica en un colegio público español. Es el detalle que ha llevado a una familia a plantearse cambiar de centro a su hijo, y el punto de partida de una discusión abierta en un foro. La escena parece menor. No lo es. Toca de lleno el encaje legal de la enseñanza religiosa en la escuela pública, el peso demográfico de las confesiones no católicas y la pregunta incómoda: ¿quién decide qué se enseña en el aula de tu barrio?
Qué dice la ley sobre la religión islámica en la escuela pública
El marco no es nuevo. La asignatura de religión es optativa y su currículo se fija por acuerdo entre el Estado y las confesiones con notorio arraigo. La católica es la mayoritaria, pero no la única.
Según un participante del debate, en función del número de fieles o creyentes de cada territorio se pueden impartir otras confesiones, y la islámica y la evangélica aparecen en ese paquete. Lo que cambia no es la norma, sino la composición de las aulas.
Ahí está el nudo.
Hay quien sostiene que el cartel es solo la punta del iceberg de un proceso más profundo: la sustitución paulatina de la religión católica por otras confesiones en los centros donde la matrícula ha cambiado. Y hay quien responde que el derecho a la libertad religiosa ampara exactamente eso, y que si se ofrece religión católica como optativa, no hay argumento legal para negar la islámica.
La discusión se encona cuando se cruza con el abandono de la práctica católica.
Una parte del alumnado ya no cursa religión, ni católica ni de ninguna otra. Ese hueco lo ocupan alternativas que van desde la historia de las religiones hasta asignaturas de contenido social. La pregunta que sobrevuela es si el aula debe ser un espacio confesional o laico.
Quién paga al profesor de religión y con qué dinero
Según un participante del debate, el sueldo del profesor de religión en un colegio público lo paga la administración. No sale de la casilla de la declaración de la renta ni del Fondo Común Interdiocesano que financia a la Iglesia católica. Es dinero de los presupuestos públicos, igual que el del profesor de matemáticas. Ese detalle, que suele pasar desapercibido, es el que reabre el debate cada vez que se discute la presencia de una confesión en el aula.
Según otro participante, la Iglesia católica se financia, en buena parte, con la asignación tributaria voluntaria de sus fieles.
El sistema de asignación tributaria se reformó en diciembre de 2006 y desde entonces el dinero de la casilla se reparte a través del Fondo Común Interdiocesano. Eso no cubre, en cambio, las horas de religión en la escuela pública, que siguen colgando del erario. La distinción importa porque desmonta el argumento de que la religión en la escuela no cuesta al contribuyente.
El cálculo completo, partida a partida, da una cifra que sorprende a quien cree que la asignatura es gratuita. No está desglosado en el cartel. Está en el presupuesto.
El argumento que nadie quiere poner por escrito
Hay una corriente que sostiene que la presencia de la religión islámica en la escuela pública no responde a la demanda de las familias, sino a un cálculo electoral.
Se argumenta que se busca el voto de un colectivo creciente y que ese cálculo acaba desplazando a la confesión mayoritaria. La acusación es fuerte y no está probada. Se lanza como sospecha, no como hecho.
Enfrente, otra corriente responde que el derecho a la libertad religiosa no se negocia con encuestas. Si hay alumnos que la piden y la ley lo permite, el centro la ofrece.
La alternativa sería prohibir la enseñanza de cualquier religión, lo que chocaría con la Constitución y con el propio sistema de acuerdos con las confesiones.
La discusión se complica cuando entra el contenido. Hay quien advierte de que las clases pueden convertirse en un vehículo de adoctrinamiento, no necesariamente religioso, sino de agenda política. Otros responden que la doctrina se imparte en la mezquita y en casa, y que el aula es para otra cosa. Nadie tiene la última palabra.
El precedente que nadie cita: la religión católica también fue polémica
Durante dos décadas, la izquierda empujó reformas y contrarreformas para sacar la religión católica del horario lectivo. Cada ley educativa reabría el encaje de la asignatura.
Ese forcejeo dejó un marco que ahora se aplica a otras confesiones. Quien antes pedía sacar la católica del aula se encuentra ahora defendiendo que la islámica tiene derecho a estar. La coherencia, según el cristal con que se mire.
El resultado es un sistema que ofrece religión como optativa, con alternativas desiguales según la comunidad. En unos centros la alternativa es una asignatura con contenido; en otros, una hora de estudio. La calidad depende del centro, no de la norma.
Qué pasa si el colegio no ofrece la asignatura
Si no hay demanda suficiente, no se imparte. Si la hay, el centro debe ofrecerla. La clave está en el umbral: el número de alumnos que la solicita. Ese umbral varía y no siempre es público.
Ahí se decide, en la práctica, si el cartel llega a la puerta del aula.
La familia que se plantea cambiar de colegio a su hijo tiene, sobre el papel, pocas opciones.
Según un participante del debate, el cambio de centro solo se admite por causa justificada, y el cambio de domicilio es la principal. La religión que se imparta en el aula no figura entre las causas tasadas. Si el cartel incomoda, la vía es la queja formal, no la matrícula en otro centro.
Eso deja a los padres en una posición incómoda. Pueden optar por no cursar la asignatura, pero el cartel sigue en la puerta. Y el cartel, al final, es lo que se ve.
El dato que descoloca: según un participante del debate, el sueldo del profesor de religión islámica en un colegio público lo paga el contribuyente, igual que el de matemáticas. Y el cartel que anuncia su clase sigue pegado en la puerta.