El pp-vox: joroba a 12,5 millones de pensionista!!

El decreto ómnibus cae con las pensiones y el IMV dentro​

El decreto ómnibus que subía las pensiones no cayó por las pensiones. Cayó por todo lo que llevaba colgado del mismo paquete. El Real Decreto-ley 9/2024, de 23 de diciembre, acumulaba decenas de medidas sin relación entre sí y se fue al suelo por el voto en contra de PP, Vox y Junts. Entre los damnificados, una cifra que da vértigo: 12,5 millones de pensionistas en un país de 47 millones de habitantes. Y una coincidencia que resume el asunto: cada bloque se proclamó defensor de los mayores mientras votaba tumbar el texto que les subía la nómina.

¿Qué medidas incluía el decreto ómnibus?​

El texto metía en un solo acto la revalorización del 2,8% para las pensiones contributivas y del 9% para las no contributivas, una subida del Ingreso Mínimo Vital —cifrada en un 9% en una versión y en cerca del 3% en otra—, la suspensión de desahucios y lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2025 y la prórroga de los descuentos de hasta el 100% en el transporte público terrestre para viajeros habituales hasta el 30 de junio de 2025.

Hasta ahí, el caramelo. El problema era el resto del escaparate. El articulado incluía una concesión directa de 4.500.000 euros a la Ciudad Autónoma de Ceuta para la protección de menores migrantes no acompañados, una partida de 16 millones descrita como el regalo de un inmueble a una formación nacionalista vasca, un nuevo impuesto a las grandes eléctricas y una revalorización de los terrenos urbanos que encarecería la factura de las herencias. Piezas de cuatro ministerios distintos atadas con un mismo nudo.

Por qué PP, Vox y Junts votaron en contra​

El argumento fue idéntico en los tres grupos: un decreto ómnibus no permite votar cada medida por lo que es, obliga a tragar el conjunto. Quien aprobaba la subida de pensiones aprobaba también los descuentos, las subvenciones y el tributo. Hay quien lo describe como un chantaje legislativo en toda regla; enfrente pesa el argumento de que el instrumento existe para urgencias y que la ley se puede trocear después. Las dos cosas son ciertas a la vez, y ahí está el embrollo.

También circuló la tesis de que la oposición no se movió hasta que una de las formaciones catalanas anunció su no. Y una lectura incómoda para el Ejecutivo: se sostiene que el Gobierno reculó y aceptó tramitar las medidas por separado, lo que se interpreta como reconocimiento de que el problema era el envoltorio y no el contenido. De confirmarse, el trágala se habría vuelto en contra de quien lo diseñó.

El ómnibus como técnica legislativa, bajo sospecha​

Más allá del caso concreto, la crítica apunta a un método: usar la vía de urgencia para colar en un mismo texto docenas de normas que nada tienen que ver. El reproche no distingue administraciones. Hay quien recuerda que comunidades autónomas de distinto signo han hecho lo mismo, y quien sostiene que el recurso se ha normalizado porque nadie puede votar el paquete medida a medida sin asumir el coste político de tumbar lo popular. Con la nómina de los jubilados dentro, ese coste es máximo.

¿Cuánto pesa el voto pensionista en España?​

Las cuentas que se manejan en el análisis son toscas pero elocuentes. En las últimas elecciones generales, el PP sumó 8 millones de votos y el PSOE 7,7 millones sobre un total de unos 25 millones de votantes. De esos 15 millones que se reparten las dos grandes formaciones, una parte muy relevante son jubilados, prejubilados y empleados públicos con la vista puesta en la jubilación. Alrededor del 70% del voto pensionista se concentra en el bipartidismo, según el cálculo que circula. Traducido: quien se lleve ese bloque gana.

En el otro lado de la balanza está la sostenibilidad. Se apunta que dos tercios del gasto público se van en pensiones, con un efecto sobre la deuda que no se sostiene indefinidamente. Quien defiende el sistema responde que la comparación con la inversión productiva es engañosa; quien lo ataca replica que asfixiar a trabajadores y empresas con impuestos termina secando el ahorro y la inversión. Ninguna de las dos partes ha demostrado todavía que su escenario sea el que se cumple.

Con 12,5 millones de pensionistas y un sistema que se come dos tercios del gasto público, cualquier ajuste futuro va a pasar por el mismo nudo: o se aprueba por partes, o se sigue escondiendo el resto del articulado bajo la nómina de los abuelos. Lo previsible es que el Ejecutivo recomponga el texto y lo vuelva a intentar. Que esta vez llegue sin sorpresas dentro es otra cosa.