Los hospitales privados tienen que ser prohibidos

Sanidad pública o negocio: la batalla por prohibir la privada​

La sanidad privada no debería existir. Esa es la tesis de partida: hospitales y farmacéuticas tendrían que ser prohibidos y el sector pasar a ser cien por cien público, porque, se argumenta, la salud no puede ser un negocio. El razonamiento no es contable, es de incentivos. Quien gana dinero tratando enfermos, dice el planteamiento, no se va a dejar la piel en curar rápido y bien: su objetivo es maximizar el beneficio, y la dolencia crónica renta más que la cura definitiva.

Suena redondo. El problema es que el paquete completo no lo firma casi nadie. En la discusión, la mayoría acepta una mitad y rechaza la otra. Y ahí empieza lo interesante.

Farmacéuticas sí, hospitales no​

La primera fractura es de perímetro. Buena parte de los intervinientes concede que en el negocio farmacéutico el incentivo perverso existe y se nota: se sostiene que las compañías priorizan líneas de investigación que cronifican la enfermedad —paliativos que hay que tomar de por vida— antes que tratamientos que la cierren de una vez, porque el paciente crónico es un cliente recurrente. Para reforzarlo se reproduce una cita atribuida a un premio Nobel de Medicina según la cual la investigación se desvía hacia medicamentos que no curan del todo.

En ese tramo el acuerdo es amplio. Donde se rompe es justo después. La prohibición de los hospitales privados no se compra con el mismo entusiasmo: hay quien responde con un «pues no» seco y quien recuerda que un centro privado no decide qué se investiga ni qué se prescribe a escala global. La tesis original mezcla dos industrias muy distintas y la separación es, de largo, el eje del desacuerdo.

¿Quién paga de verdad a la sanidad privada?​

El argumento que más muerde no es moral, es contable. Se sostiene que los hospitales privados españoles no viven del rico con seguro propio —hay cuatro gatos— sino del dinero público: aceptan pacientes derivados desde la sanidad pública y atienden a los funcionarios adscritos a Muface, el concierto por el que el Estado paga la cobertura de sus empleados públicos. La licitación de ese concierto ha ido encadenando prórrogas y plazos, hasta el punto de que el Gobierno ha vuelto a abrir un nuevo plazo para que las aseguradoras se presenten.

De ahí sale una paradoja que el planteamiento inicial no resuelve: si el negocio privado se alimenta de fondos públicos, prohibirlo no equivale a recortar gasto, sino a reordenarlo. Y si el Estado ya paga, la pregunta lógica es por qué no gestiona. La respuesta que se da al otro lado es que la gestión pública también tiene sus propios fracasos y que el problema no es la titularidad, sino cómo se administra.

La lista de espera como argumento de venta​

Ninguna defensa de lo privado se sostiene sin el dato que más duele: la espera. Se repite que la pública da cita para dentro de un año y que quien puede se paga un seguro para no quedarse —literalmente— hecho polvo mientras aguarda. Frente a eso, la respuesta es que el problema es de normas, de disciplina y de profesionalidad, no de propiedad: se puede exigir a un hospital público sin eliminar el hospital público, igual que se educa a un hijo sin esterilizar a nadie.

El matiz importa y descoloca a los dos bandos. Hay quien añade que la privada recorta donde no se ve —sueldos y contratación— mientras presume de instalaciones impolutas, y hay quien contesta que la concertación es lo único que evita que la pública colapse del todo.

Del fondo económico a la deriva ideológica​

A medida que avanza, el intercambio abandona los números. Entra el ejemplo de Correos, de las cajas de ahorro o de la escuela pública como supuestos avisos de lo que sería estatalizar la medicina. Se recuerda que en Suiza funciona lo privado y que en Estados Unidos el resultado es gente arruinada por una factura médica. Y se cruza el argumento de que un sector de primera necesidad es poco elástico al precio: si te enfermas, pagas lo que sea, y ahí el mercado deja de competir y empieza a exprimir.

En el tramo final la conversación se envenena. Aparecen teorías sobre familias y grupos que controlarían el sector desde hace siglos, sin ningún respaldo documental, y el tono se convierte en descalificación mutua. Ese ruido tapa lo útil: la constatación de que nadie ha prohibido nada todavía y de que el sistema sigue funcionando con las dos patas, la pública sostenida por impuestos y la privada alimentada, en buena parte, por esos mismos impuestos.

Qué cabe esperar​

Con este mapa, lo que se plantea no es una prohibición —no consta ningún proyecto en ese sentido— sino un pulso más estrecho: transparencia en la concertación, auditoría de lo que se deriva y presión para que Muface y las aseguradoras se aclaren. Si algo puede cambiar el tablero es la factura, no el eslogan. Aunque conviene no apostar fuerte: en el debate nadie ha movido un euro del sitio.