Opinión: El silencio de los corderos madrileños (Sarajevo news)

El Supremo ve delito en la publicación del informe de la UCO​

El tramo arranca con una cascada de tuits reenviados al hilo. Uno, de Alfonso Pérez Medina, resume el movimiento judicial: el Supremo aprecia delito en la publicación del informe de la UCO que atribuía un papel «preeminente» al fiscal general del Estado en la filtración del correo del novio de la presidenta madrileña, y remite la causa a Plaza de Castilla. Casi en paralelo, otro mensaje copia el tuit de Rubén Sánchez: la Fiscalía de Madrid explica que, además del fiscal general, casi 500 personas tenían acceso a la causa contra la pareja de la presidenta. Sobre esa cifra se monta buena parte del intercambio, entre quienes la leen como una filtración incontrolable y quienes la usan para rebajar el peso de la causa. En el mismo bloque aparecen la denuncia sobre el 12 de Octubre, el aviso de la Marea de Residencias sobre la prescripción y un pulso por los ránkings hospitalarios que se lleva media página.

Qué se ha sabido​

El goteo de tuits aporta datos concretos. El Supremo aprecia delito en la publicación del informe de la UCO que atribuía un papel «preeminente» al fiscal general del Estado en la filtración del correo del novio de la presidenta y remite la causa a Plaza de Castilla (tuit de Alfonso Pérez Medina). La Fiscalía de Madrid explica que, además del fiscal general del Estado, casi 500 personas tenían acceso a la causa contra la pareja de la presidenta (tuit de Rubén Sánchez). La Marea de Residencias recuerda que los delitos prescriben a los cinco años, «por tanto en marzo», y urge a la Fiscalía a actuar para evitar la prescripción por las muertes en residencias (tuit de Rosa María Artal). Un tuit de José Vico cifra en 1.500 euros el sueldo de un ayudante doctor, lo que vale el alquiler en Madrid, y sostiene que una de las maneras de privatizar un sector es «dejándolo caer». Sobre la universidad, la_trotona aporta que el presupuesto de la Complutense sube un 5% cada año y que hay una desviación del 8%, y aun así falta dinero; un participante replica que solo las subidas oficiales de salarios y seguros sociales ya se comen ese 5%. Benjamín Prado reproduce un tuit según el cual el juez Peinado tergiversó la declaración de Güemes y lo pasó de testigo a investigado. Otro mensaje recoge el reproche de un estudiante de ciencias biológicas a la presidenta madrileña: «Si la Complutense da títulos como churros, tendríamos que empezar por el suyo». También se trae a colación el levantamiento de la prohibición del toro embolado, práctica erradicada hace 30 años (Público, vía tuit de Rosa María Artal), y la declaración de Feijóo de que «Sánchez se revuelve contra quienes desvelan casos de corrupción». Crancovia enlaza una información de La Vanguardia: «Madrid vuelve a ser la región europea con mayor esperanza de vida al nacer».

Donde el hilo se encona es en los ránkings. elviejo cita el Índice de Excelencia Hospitalaria (IEH General 2024), en su novena edición, que coloca a la Fundación Jiménez Díaz como mejor hospital de España por noveno año consecutivo, y sostiene que los mejores centros están en Madrid y son de gestión concertada. Malditos Bastardos responde que «son públicos» y que el concierto solo sirve para que un empresario rapiñe, y enlaza un ránking alternativo; elviejo le reprocha la fuente y le señala que en ese otro listado tres de los cinco mejores hospitales españoles son de Madrid, incluido el 12 de Octubre. OJC aporta una cronología universitaria: la popularización de la enseñanza universitaria en los años 80 y 90 puso en peligro la posición privilegiada de ciertas familias, y rememora el ICAI como destino de quienes no aprobaban en la pública. Don Redondón defiende que las privadas no son malas en sí, pero cuestiona que centros que regalan títulos tengan el mismo valor que la Complutense, y Ecce Cecilio duda de que un profesor de la misma categoría cobre distinto dentro de la misma comunidad. Separrata sostiene que los protocolos que califica de gerontocidas se aplicaron en toda España bajo el mando único del Gobierno central y no solo en Madrid.

Las posturas​

El choque central es a quién beneficia cada relato judicial. Un bloque sostiene que el Supremo ve delito en la publicación del informe y que las casi 500 personas con acceso a la causa demuestran que el secreto era papel mojado; otro responde que la cifra se usa para diluir la responsabilidad del fiscal general. Antiparticula afirma que el argumentario ha cambiado: antes se defendía que el fin justificaba los medios y ahora se dice que no hay pruebas. Gotthard apunta en la misma dirección y pone el foco en el móvil que el socialista Juan Lobato registró ante notario como pieza clave de la instrucción. En sanidad, el debate no es ya si falta personal, sino si los mejores centros son públicos o concertados: frente al ránking de excelencia que esgrime elviejo, Malditos Bastardos insiste en que el concierto es una forma de que el dinero público acabe en manos privadas y en que la atención primaria madrileña es lo que se ha deteriorado. La disputa del toro embolado deriva en un cruce sobre la coherencia: Javiser sostiene que en Madrid no se celebran y en Cataluña sí, mientras otros mantienen que la queja es por haber legalizado lo que la propia comunidad había prohibido. Sobre la universidad, la distancia es entre quienes ven el aumento de presupuesto como prueba de que se malgasta y quienes recuerdan que las subidas salariales se comen cualquier incremento.

Lo que cambia respecto a antes​

El foco se desplaza desde la denuncia hospitalaria hacia el terreno judicial: la resolución del Supremo y el envío de la causa a Plaza de Castilla entran como asunto nuevo, igual que el dato de las casi 500 personas con acceso a la causa. Se incorporan dos frentes que antes no estaban sobre la mesa: el toro embolado y los ránkings de excelencia hospitalaria, que reabren la discusión sobre gestión pública y concertada con fuentes enfrentadas. La universidad deja de ser solo un problema de sueldos: se discute el presupuesto de la Complutense, la desviación del 8% y el valor de los títulos privados. Y vuelven a primer plano los avisos de prescripción en residencias, que el hilo sitúa en marzo.