Autopsias de la DANA: el recibo que llega tras el agua
¿Se está cobrando a las familias de los fallecidos por la riada los gastos forenses de la autopsia? Ese es el detonante del asunto que centra el malestar: la denuncia de que a familiares de víctimas mortales de la DANA les estarían pasando la factura de los gastos forenses. La acusación circula sin documentación pública que la acredite, y ahí empieza el problema. Porque en España, con carácter general, las autopsias judiciales no se facturan a los parientes: las costas del proceso son otra cosa. La afirmación se apoya en un mensaje en redes que no aporta el documento. Y sobre esa base se ha montado una indignación legítima en el fondo y frágil en la prueba.
Qué se denuncia y qué se puede comprobar
La pieza central es un tuit que asegura que a muchas familias con fallecidos por la riada les están cobrando los gastos forenses, atribuido a una cuenta que a su vez cita a otra. Ni recibo, ni liquidación, ni resolución. Solo el enunciado. En el mismo sentido se apunta que la factura podría servir a las familias para reclamar indemnizaciones, lo que convierte el supuesto cobro en una prueba útil para un pleito. La paradoja es evidente: si el cobro no está documentado, tampoco sirve como prueba.
Hay quien recuerda que las autopsias no se cobran en ningún punto de España. Y hay quien, sin defender al gobierno, exige que se presenten pruebas antes de dar por bueno el relato. La discusión se parte entre los que consideran el cobro un hecho consumado y los que piden el papel. Sin papel, la denuncia se queda en
relato.
La teoría de los embalses: el 4% que no cuadra
El otro gran eje es la apertura de embalses. Una tesis que circula en el debate sostiene que se abrieron compuertas sin avisar, que el agua se sumó a la del barranco del Poyo y que de ahí salió la catástrofe. Frente a eso, un cálculo que se repite en la discusión es demoledor: el caudal máximo del trasvase Júcar-Turia representaría un
4% de lo que puede encauzar el barranco del Poyo sin desbordarse. Un 4% no moja el cauce. Con ese margen, la apertura no explicaría la riada.
El contraargumento señala que sí hubo avisos a los municipios del cauce del Magro y del Júcar desde Algemesí hacia abajo, con canales municipales de por medio. Y que lo que no se avisó fue lo del Poyo, que no depende de ningún embalse. La discusión deriva hacia quién tenía la competencia: la Confederación Hidrográfica del Júcar y la responsable del organismo en ese momento aparecen en el intercambio. La comparación con la rotura de la presa de Tous se usa en ambos sentidos: unos dicen que con el doble de lluvia causó la mitad de daños, otros responden que entonces ya llevaba dos días lloviendo y las calles estaban anegadas.
Los avisos que llegaron y los que no
Un residente en Valencia sostiene que no recibió ninguna alerta hasta cerca de las 20:00, y que después le llegaron mensajes repetitivos durante días, ya inútiles. Otros afirman que sí hubo avisos y que constan en canales municipales. La discrepancia no es menor: si los avisos existieron pero llegaron tarde, el fallo es de gestión; si no existieron, es de omisión. Ninguna de las dos versiones se cierra con un documento único en la discusión.
El negocio de la desgracia ajena
Aparece un tercer frente, más prosaico: la factura de la limpieza de calles, el desmantelamiento de vehículos siniestrados, los gastos que vendrán. La sospecha de que la reconstrucción se convierta en una fuente de ingresos para unos y de ruina para otros. Y la advertencia de que se impedirá a los afectados seguir viviendo donde vivían. El resarcimiento, sobre el papel, existe. En la práctica, el laberinto administrativo empieza por un recibo.
La discusión también se enreda con la vacunación y con las bajas laborales, en un salto temático que revela el fondo del asunto: la desconfianza institucional. Cuando se cree que el poder mata y luego cobra, cualquier dato oficial se lee como coartada.
Qué queda por saber
El número real de víctimas sigue siendo objeto de disputa. Hay quien no se cree las cifras oficiales y quien pide que paguen los responsables de la omisión de socorro. La exigencia de que no vuelva a pasar compite con la certeza de que, sin autopsias costeadas, sin avisos verificables y sin responsables señalados, lo que vuelve es la factura. Y esa, al parecer, no falta nunca.