El tribunal prostitucional avala la expropiación de pisos vacíos para entregárselos a personas vulnerables

El Constitucional avala expropiar pisos vacíos para alquiler social​

Una propiedad privada deja de ser privada cuando alguien decide que no cumple su «función social». Esa es la paradoja que ha encendido el debate: una sentencia del Tribunal Constitucional avala la expropiación de viviendas vacías para entregarlas a personas vulnerables, y el terreno donde antes se discutía de ladrillo y alquiler se ha convertido en un pulso sobre qué significa exactamente ser dueño de algo en España.

El fallo no crea la figura de la nada. La ancla en un concepto que ya venía circulando por la legislación autonómica: la función social de la propiedad. Si un inmueble permanece vacío sin justificación, sostiene la doctrina, el propietario incumple esa labor y el Estado puede intervenir. La reacción no se ha hecho esperar, y no solo entre los afectados directos.

Qué dice exactamente la sentencia sobre la vivienda vacía​

El fallo avala que se pueda expropiar un piso desocupado para destinarlo a alquiler social, pero no convierte la medida en automática. La clave está en dos condiciones que el texto deja abiertas: que la vivienda esté vacía de forma prolongada y sin causa justificada, y que exista un interés social que lo ampare. La norma no fija un umbral único de años ni un procedimiento homogéneo; cada administración interpreta el margen a su manera.

Ahí empieza el problema práctico. ¿Cuánto tiempo tiene que estar un piso cerrado para que deje de ser tuyo? ¿Vale una herencia pendiente de reparto? ¿Y una vivienda en obras? El texto no lo resuelve, y esa ambigüedad es la que ha disparado las alarmas entre pequeños propietarios que no tienen un ejército de abogados para litigar cada requerimiento.

El justiprecio: la letra pequeña que decide si es robo o no​

La expropiación no equivale a confiscación. La ley exige un justiprecio, una compensación económica por el bien intervenido. El debate real no es si se paga, sino cuánto y con qué criterio. Hay quien sostiene que la tasación se hará por debajo del precio de mercado, mientras que la defensa del mecanismo subraya que el procedimiento es el mismo que se aplica a cualquier expropiación por obra pública.

El precedente que muchos citan es el de las fincas andaluzas cuyas valoraciones se inflaron para que sus dueños no pudieran pagar el impuesto de sucesiones y acabaran malvendiendo al Estado. La sospecha, aquí, es la inversa: que la tasación se quede corta y el propietario reciba menos de lo que valdría su piso en el mercado libre. Sin una cifra concreta sobre la mesa, la discusión se mueve entre el temor y el principio jurídico.

Por qué se discute si una familia es interés general​

El argumento más repetido contra la medida es de lógica jurídica: expropiar un terreno para construir una carretera beneficia a miles de personas, pero destinar un piso a una sola familia no encaja en la definición clásica de interés general. La objeción no es menor, porque el interés general es el requisito que legitima toda expropiación.

La respuesta oficial es que el acceso a la vivienda sí es un interés superior, y que el parque de pisos vacíos es un recurso desaprovechado. El choque de fondo es filosófico: si la propiedad es un derecho absoluto o un derecho condicionado a su uso. La sentencia se inclina por lo segundo, y eso es lo que ha hecho saltar las costuras del consenso.

El efecto colateral que nadie quiere mirar​

Hay un cálculo que circula y que conviene tomar con pinzas: si el Estado expropia viviendas para alquiler social, el propietario particular que alquilaba a precio de mercado pierde el activo y, con él, la renta que complementaba su jubilación. La consecuencia, sostienen algunos, es que invertir en ladrillo para alquilar deja de tener sentido, y eso reduce la oferta disponible justo cuando más se necesita.

El escenario opuesto también tiene defensores: si el parque público crece, los precios del alquiler podrían moderarse. Nadie tiene la bola de cristal, y las dos proyecciones conviven sin que ninguna haya sido confirmada. Lo que sí es seguro es que el propietario medio, el que tiene uno o dos pisos heredados, es el que menos capacidad tiene de reaccionar.

La cuestión que queda sin respuesta​

El fallo avala el mecanismo, pero no dice cuántos pisos se expropiarán, ni con qué dinero se pagarán, ni qué administración asumirá el coste. Sin esas cifras, la medida es un marco legal a la espera de presupuesto. Y con los ayuntamientos como están, la pregunta no es si es legal, sino si alguien puede permitirse aplicarlo.