Impuestos: La nueva gilipilez roja, que las máquinas paguen cotizaciones a la ss

Cotizar por las máquinas: del canon de la SGAE al precedente de Japón​

Cada vez que la automatización avanza un paso vuelve la misma propuesta: que las máquinas coticen a la Seguridad Social. Ordenadores, carretillas, impresoras y brazos industriales pagarían como si fueran trabajadores. La idea se asocia a gobiernos de izquierda, y en España se discute sobre un país con la industria en horas bajas y un excedente bruto de explotación que un usuario del foro cifra en el 8%, la cifra que abre el planteamiento. Para unos es la manera de repartir lo que producen los autómatas; para otros, la vía más rápida para congelar la inversión productiva.

Los dos bandos no discuten solo de economía. Discuten de qué es una máquina, de cuánto pesa cada una en la cuenta de resultados y de si el sistema de pensiones aguanta con lo que ya tiene.

¿Qué se propone exactamente y a quién afectaría?​

En su versión dura, el gravamen alcanzaría cualquier equipo que sustituya trabajo humano: desde un robot de soldadura hasta el ordenador que gestiona la facturación. El problema empieza ahí. ¿Dónde está el límite que separa un ordenador de un brazo robótico o de un centro de mecanizado? Si dos máquinas se conectan entre sí, ¿cuentan como una o como dos?

Los cálculos que circulan no son optimistas para el negocio pequeño, según quienes rechazan el gravamen. Se sostiene que multiplicar los costes sociales de las empresas que declaran todo castigaría sobre todo a la industria, mientras el alquiler o los servicios intensivos en mano de obra seguirían con una carga comparativamente menor. La consecuencia que se dibuja es sencilla: menos fábrica y más ladrillo turístico.

Cuántos puestos reemplaza una máquina: el deslinde imposible​

La propuesta más extendida no grava el aparato, sino la mano de obra que ahorra. Si una máquina deja fuera a tres trabajadores, se pagan tres cotizaciones; si se acoplan dos máquinas de ésas, seis. Suena ordenado hasta que se intenta aplicar.

Un caso práctico: una empresa pone una máquina que deja a tres personas en la calle, crece después y compra un equipo más eficiente que jubila al anterior. La máquina nueva hace el doble de trabajo, pero ¿sigue reemplazando a tres? La productividad también sube, y con ella el número de unidades producidas por cabeza. El sistema invita a crear una oficina que decida cuántos empleos equivalen a cada cacharro, y esa oficina no existe.

La otra objeción apunta al corazón del asunto. Una excavadora ya sustituyó a veinte hombres con pala en los años setenta, y nadie les puso nómina a las excavadoras. Los precios actuales ya están adaptados a esa realidad. Gravar ahora la maquinaria obligaría a repercutir el coste en la etiqueta, con el consumidor pagando dos veces.

El precedente japonés y el canon de las fotocopiadoras​

Existe un antecedente que se relata con números concretos, y no sale de un ministerio español. Según un participante que lo atribuye a un profesor de MBA, cuando la industria del automóvil japonesa empezó a robotizar sus plantas, algunas empresas calculaban la mano de obra amortizada y pagaban las cotizaciones correspondientes durante un tiempo. Ocho operarios soldando en cuatro turnos sustituidos por uno solo que maneja el robot arrojaban un saldo de 28 puestos menos. La penalización, según este relato, se aplicaba solo cuando la automatización destruía empleo neto; si los trabajadores se recolocaban en otro proceso, no había recargo.

El otro espejo que se cita es más doméstico: el canon de la SGAE, y hay quien se pregunta si se sigue pagando por tener una fotocopiadora, se use o no. Un impuesto revolucionario, lo llaman. En Reino Unido se paga una tasa por cada televisor o dispositivo con el que verse la BBC; en Francia e Irlanda se cobra por antena, en Italia por aparato receptor y en Alemania cada domicilio abona una cuota aunque no tenga televisor. La lógica sería la misma: gravar el soporte físico con independencia de su rendimiento.

Quién se queda la productividad y por qué se pide el gravamen​

El argumento de fondo es el reparto. Se afirma que el 1% de la población acumula el 63% de la riqueza mundial y que los precios actuales son más del triple que los de hace veinte años. Con esas cifras, la tecnificación sin contrapartida social acaba en una sociedad de desempleados sin dinero para comprar lo que fabrican las máquinas. Alguien tiene que consumir, y un parado no consume.

Frente a eso, la respuesta liberal es que la riqueza no desaparece, se redistribuye hacia países que sí automatizan sin trabas. El escenario que se describe no es el de una revolución, sino el de un empobrecimiento progresivo: cuando se busque a quién reclamar, no habrá ningún rico cerca para compensar la pérdida.

Por qué el impuesto a los robots ya existe con otro nombre​

Hay un atajo que se repite: gravar la maquinaria es subir el impuesto de sociedades. Y el impuesto de sociedades, cuando aprieta, se responde moviendo la producción a otra jurisdicción. La automatización no se detiene por decreto, solo cambia de país.

Mientras tanto, las cotizaciones ya no cubren el gasto en pensiones ni de lejos: el Estado transfiere cada año dinero del resto de impuestos a la caja de la Seguridad Social. Ese trasvase existía antes de que nadie hablara de robots, y ninguno de los dos bandos explica cómo se sostiene si la población activa sigue encogiendo. Ahí el análisis se atasca: no hay una cifra que cuadre el número de máquinas con el número de cotizantes que harán falta, ni una fecha en la que esa cuenta deje de salir.