Tiendas retiradas en Sol y Ayuso en el juez: la acampada se queda sin tiendas
Los operarios empezaron por las tiendas que ocupaban la calzada. La Puerta del Sol de Madrid amaneció con la retirada de estructuras que, según el argumento que se repite, podían bloquear el paso de los servicios de emergencia. La Comunidad de Madrid no ha esperado a resolverlo por la vía administrativa: ha anunciado que acude al juez para vaciar el kilómetro cero, mientras la Delegación del Gobierno mantenía la acampada en pie después de expirar su propio ultimátum.
¿Qué se está retirando en la Puerta del Sol?
La operación tiene dos capas bien distintas. Una es material: se están quitando las tiendas que invaden la calzada, un argumento que la propia Administración repite —los vehículos de emergencia tienen que poder pasar— y que resulta complicado de rebatir sobre el papel. La otra es simbólica: hablar de
limpieza en una plaza ocupada equivale a decir que allí no debería haber nadie.
Sobre el terreno, los relatos no encajan entre sí.
No hay una marea humana, sostienen unos, sino tiendas y toldos que esconden precisamente la ausencia de gente. Otros responden que la desinfección diaria es un gesto que se deshace tan rápido como se hace y que la plaza sigue utilizada cada jornada.
Ayuso lleva el desalojo al juzgado
El movimiento decisivo es legal. La Comunidad de Madrid ha anunciado un
recurso contencioso-administrativo con solicitud de
medidas cautelarísimas para ordenar la desocupación inmediata del kilómetro cero. El detonante es el vencimiento del
ultimátum de 48 horas sin que se produjera el desalojo.
El pulso enfrenta a dos administraciones. El gobierno regional quiere actuar ya; la Delegación del Gobierno, hasta ahora, no ha desalojado. Pedir cautelarísimas es una forma de saltar esa inacción por la vía del juez: son medidas que se resuelven con urgencia extrema, sin la tramitación ordinaria. Si el juez las concede, el desalojo deja de ser una decisión política y pasa a ser una orden.
¿Hay realmente una acampada en Sol?
La pregunta divide al personal. Una corriente sostiene que lo que hay en la plaza es
una acampada de tiendas vacías, con toldos para disimular que no hay nadie dentro, y añade que cualquier comparación con el 15M queda en ridículo por el volumen. Enfrente, otro análisis considera que basta con que la plaza esté ocupada cada día para que sea una acampada, y que el desinfectante es un gesto higiénico, no un argumento.
También hay quien reclama medidas expeditivas contra los acampados —mangueras incluidas— con un lenguaje despectivo que el propio asunto no necesita. Ese flanco no ayuda a sostener la tesis de la
limpieza.
El boicot a un homenaje a Ceuta
A la disputa por el espacio se ha sumado una por el relato. Según se difundió en redes, durante un homenaje a Ceuta, la proyección de imágenes contra el gobierno regional, con la presidenta Ayuso y el alcalde Almeida en el punto de mira, convirtió una convocatoria institucional en
escaparate de la protesta. Para unos, es la prueba de que la acampada persigue un objetivo político definido y no una reivindicación concreta. Para otros, es lo que cabe esperar de una concentración: lanzar el mensaje en el momento de máxima visibilidad.
Un ultimátum de 48 horas vencido, un recurso urgente en el juzgado y unas tiendas retiradas de la calzada para decidir quién manda en el kilómetro cero. La misma plaza que ya se ocupó durante el 15M vuelve a dirimir su futuro en los tribunales.