¿En qué invierten el dinero las mujeres y funcionari@s que acaparan el dinero de este país? En crear empresas no

El dinero del empleo público acaba en pisos, no en crear empresas​

El mismo choque frontal de siempre. El detonante es una tesis tajante que lanza un participante: las mujeres abren el 15% de las empresas, y la idea de que el empleo público acumula una porción creciente de la renta sin reinvertirla en actividad productiva. Entre esa afirmación y los números que se manejan hay un trecho enorme. Y ese trecho —cuántos empleados públicos hay, cuánto cobran, dónde colocan el ahorro— es la parte que merece la pena desmontar.

El telón de fondo no ayuda: la deuda pública ronda el billón y medio de euros, después de sumar 75.267 millones en un solo ejercicio, según las cifras que se citan. Con esa losa encima, la pregunta de si el sector público crea o destruye riqueza deja de ser un eslogan de barra de bar.

Cuánto gana un empleado público en España: el nivel 18 y los 2.100 euros​

El cálculo más repetido sitúa al funcionario medio en un nivel 18, unos 2.100 euros netos al mes, haciendo media con las pagas extras. Con ese sueldo, se argumenta, no hay margen para inversiones ambiciosas: se llega al alquiler, a la hipoteca y poco más. La conclusión que extrae buena parte de la discusión es que el problema no es lo que gasta el empleado público, sino lo poco que gana para invertir.

En el otro extremo aparece el contraejemplo que lo enciende todo: alguien que asegura estar «cerca de 60.000 euros por 30 horas de trabajo semanales», de las cuales quince son “tomar café y mirar el móvil”. Dos realidades bajo la misma etiqueta. Esa brecha explica mejor que ningún informe por qué la oposición se ha convertido en la carrera con mejor retorno del país.

Cuántos funcionarios hay en España y a qué se dedican​

El recuento que aparece en la discusión reparte el empleo público por sectores: alrededor de 10.000 empleados en el SEPE, unos 263.000 en las Fuerzas de Seguridad en 2022, cerca de 600.000 en la sanidad pública frente a 370.000 en la privada y alrededor de 200.000 en seguridad privada.

La letra pequeña importa, y mucho. El SEPE no solo busca empleo: también tramita prestaciones y subsidios, y buena parte de sus plazas de atención al público vive desbordada. En sanidad, se argumenta que comparar plantillas ignora el volumen de consultas y operaciones que absorbe la red pública. Y de los 525.000 funcionarios de los ministerios, solo un 18% tiene una carrera universitaria, lo que desmonta la imagen de una administración repleta de titulados.

¿En qué se invierte el ahorro del empleado público?​

Aquí la discusión se vuelve concreta. La primera opción es la vivienda: un piso para los hijos, una segunda residencia en la costa o un inmueble para alquilar. La segunda, el depósito bancario y la renta fija conservadora, con la bolsa limitada a valores de dividendo tranquilo. La tercera, más anecdótica, la del gasto en bolsos de lujo que se deja ver en ciertos comercios.

La pieza que cierra el círculo es crediticia. En la discusión se sostiene que los bancos, a día de hoy, prácticamente solo firman hipotecas con nómina pública. La estabilidad laboral se convierte así en la llave de la financiación. Quien no la tiene, compite en peores condiciones, y ahí está el mecanismo que algunos señalan como verdadero motor de la desigualdad patrimonial.

Oposición o máster: la decisión económica del año​

El debate desemboca en una comparación que muchos lectores reconocerán: invertir años en un máster y un doctorado con un contrato precario al final, o preparar una oposición de nivel C1. Recompensa garantizada frente a recompensa probable. Con ese horizonte, la oposición gana casi siempre, y de ahí nace, según se sostiene en el hilo, un negocio colateral: los preparadores, que cobran por asegurar una plaza.

Mientras, en algunos servicios la subida salarial es la noticia: 5.000 euros anuales para las enfermeras de Cataluña, según el dato que se cita, sin contar complementos hospitalarios. Cada mejora retributiva reabre el mismo pulso entre quienes la ven como una conquista y quienes la miran desde su nómina privada.

El análisis se atasca justo aquí. Si el ahorro del empleado público se va a ladrillo y depósitos, se sostiene, la creación de empresas se queda sin combustible. Si lo que se paga en salarios no da para invertir, la crítica se vuelve contra quien la lanza. Nadie ha cerrado todavía esa contradicción.