Enhorabuena a los premiados: el acuerdo de investidura incluye la condonación de 15.000 millones de euros de deuda a Cataluña

El acuerdo de investidura incluye condonar 15.000 millones a Cataluña​

¿Cuánto cuesta un voto? En el caso del acuerdo de investidura que incluye la condonación de deuda autonómica a Cataluña, según un cálculo que circula en el debate, la factura asciende a 15.000 millones de euros. La cifra aparece en el paquete que la formación independentista pone sobre la mesa a cambio de su apoyo parlamentario, junto a la red ferroviaria de cercanías, la amnistía, una mesa de negociación con referéndum y el reconocimiento de Cataluña como nación. Lo que empezó siendo una negociación presupuestaria se ha convertido, según los críticos, en una transferencia de pasivo desde la Generalitat al conjunto de los contribuyentes españoles.

¿Qué incluye exactamente el acuerdo con ERC?​

El inventario que circula en el análisis económico del asunto tiene cinco partidas: 15.000 millones de condonación de deuda, el traspaso de la red de cercanías, la amnistía, la apertura de una mesa de negociación con referéndum y el reconocimiento de Cataluña como nación. No es una lista cerrada. Falta por conocerse el precio que pondrá el expresidente catalán huido, cuya posición se describe como una segunda ronda de negociación aún sin cerrar. La formación republicana ya ha cobrado; el otro socio todavía no ha pasado por caja.

La mecánica financiera importa más que la política. La deuda autonómica catalana está en buena parte en manos del Estado a través de los mecanismos de financiación extraordinaria. Condenarla no es perdonar un préstamo privado: es trasladar el pasivo del balance de la Generalitat al balance del Estado. El pago se hará, como siempre, emitiendo más deuda. Y esa deuda la compran fondos, bancos y el Banco Central Europeo con dinero que no existe en forma de billetes, pero que sí existe en forma de intereses futuros.

¿Cuánto pagará cada hogar español?​

El cálculo más repetido en el análisis del acuerdo sitúa el coste en 833 euros por hogar. Otras estimaciones suben hasta el entorno de los 1.000 euros por familia. La diferencia depende de si se divide entre hogares o entre contribuyentes netos, y de si se incluye solo la condonación o el paquete completo. En cualquier caso, el orden de magnitud es el mismo: un año de expolio fiscal, como lo describe una parte del análisis, que se suma a los 16.000 millones anuales que ya se transferían por otras vías.

Hay quien sostiene que la condonación no es un gasto nuevo, sino un cambio de nombre contable. La deuda no desaparece: se muda de titular. El Estado seguirá pagando intereses sobre ese pasivo, solo que ahora figurará en sus cuentas en lugar de en las catalanas. El resultado práctico para el contribuyente es idéntico: más presión fiscal, más inflación o más recortes en otras partidas. La única diferencia real es quién firma el cheque.

¿Por qué se presenta como solidaridad interterritorial?​

El argumento oficial es que se trata de un mecanismo de nivelación entre comunidades. El problema es que la nivelación se hace hacia arriba: Cataluña es la comunidad con mayor capacidad fiscal de España y, al mismo tiempo, la que recibe la mayor condonación de deuda. El superávit comercial catalán con el resto de España ronda los 20.000 millones anuales, según el cálculo que maneja una parte del análisis. Si el criterio fuera la solidaridad, el flujo debería ir en dirección contraria.

La comparación con otros sistemas federales no sostiene el relato. En Alemania o Estados Unidos existe nivelación, pero también competencia fiscal entre administraciones y límites al déficit. Aquí se ha optado por lo contrario: centralizar la deuda y descentralizar el gasto. Las comunidades que cumplen ven cómo su esfuerzo se diluye en un fondo común que premia a las que incumplen. El incentivo perverso es evidente: cuanto más gastas, más te condonan.

¿Qué pasa con las comunidades que no han pedido condonación?​

Extremadura, Andalucía, Murcia o la Comunidad Valenciana no han negociado su deuda con el mismo criterio. Sus ciudadanos pagarán la condonación catalana sin recibir nada a cambio. Es el coste de la asimetría: unas comunidades negocian bilateralmente y otras se quedan mirando. La consecuencia política es previsible. Si el precedente se consolida, la próxima legislatura tendrá una cola de gobiernos autonómicos pidiendo su propio acuerdo. El sistema de financiación autonómica, ya de por sí opaco, se convierte en una subasta.

La pregunta que queda sin respuesta es la más obvia. Si la deuda catalana se condona por razones políticas, ¿por qué no la de todas las comunidades? La respuesta oficial no existe. La extraoficial se llama aritmética parlamentaria. Y la aritmética, a diferencia de la solidaridad, no admite interpretaciones.

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Al final, la única cuenta que cuadra es la del que cobra. El resto seguimos esperando el desglose.