Eres español de tercer grado o más ?

La genealogía como filtro para votar o cobrar ayudas​

¿Cuántos grados de españolidad tienes? La pregunta, planteada como un ejercicio casi notarial, ha servido para discutir si el acceso a derechos básicos —voto, ayudas— debería condicionarse a la ascendencia acreditada. El planteamiento original presume de once grados completos de antepasados españoles y sostiene que esas acreditaciones «deberían exigirse para cobrar ayudas o tener derecho al voto». La propuesta no ha tardado en toparse con la réplica obvia: si el criterio es la pureza genealógica, la mayoría de los presentes se queda fuera, y no por falta de apellidos, sino porque la mezcla es la norma.

Qué es eso de los grados de españolidad​

El sistema que plantea el mensaje inicial es una escalera: padres españoles, un grado; cuatro abuelos, dos; ocho bisabuelos, tres. A partir de ahí, la memoria familiar se difumina. El autor asegura tener once grados completos acreditados y añade que «poca gente llega a mi nivel». La cifra, presentada como excepcional, es en realidad bastante común en cualquier pueblo con registros parroquiales decentes: hay quien ha reconstruido su árbol hasta el siglo XVII y quien documenta doce generaciones nacidas en el mismo municipio.

Lo interesante no es el récord, sino el uso que se le quiere dar. La propuesta de vincular la ascendencia al derecho al voto o a las ayudas públicas convierte una afición genealógica en un filtro administrativo. Y ahí es donde el consenso se rompe.

Todos españoles hasta el siglo XVII, y luego qué​

Varios mensajes aportan datos concretos. Uno asegura tener la genealogía hecha hasta 1300, con nombres y apellidos castellanos y test de ADN confirmándolo. Otro ha llegado hasta 1850 sin sorpresas. Un tercero menciona doce generaciones nacidas en el mismo municipio alicantino, con un antepasado forastero llegado tras la expulsión de los moriscos. La conclusión que se repite es que la obsesión por certificar la españolidad la tienen, sobre todo, quienes sospechan que no la tienen al cien por cien.

El matiz lo introduce quien recuerda que hasta el siglo XVII la cosa está documentada, pero antes la niebla es espesa. Y que en esa niebla hay de todo: peregrinos del Camino de Santiago que se quedaron, campesinos que no se movieron en generaciones, y una mezcla que rara vez se produjo con el norte de África y más a menudo con los vecinos del norte. Un mensaje resume la paradoja: durante cinco siglos el mestizaje fue «entre poco y ninguno», y en los anteriores el que hubo fue más con franceses que con otra cosa.

El ADN desmiente el relato del linaje puro​

La genética introduce un elemento incómodo. Un participante con antepasados documentados hasta 1850 descubre en su test un 19% de ascendencia francesa sin ningún apellido galo en el árbol. Otro menciona un bisabuelo portugués. La conclusión es que los apellidos cuentan una historia y el ADN cuenta otra, y que la coincidencia entre ambas es menor de lo que sugiere el orgullo del linaje.

Eso no impide que se siga invocando la sangre como criterio. Hay quien sostiene que «la nación está en la sangre» y quien afirma ser «español hasta la noche de los tiempos». Frente a eso, la réplica más repetida es que la nacionalidad es un papel, no un cromosoma: el DNI, viene a decirse, se le da a cualquiera.

El subdesarrollo como argumento y como insulto​

La discusión deriva hacia el terreno económico. Un mensaje desdeña los once grados de españolidad como once grados de pertenencia a «uno de los países más subdesarrollados de Europa». La respuesta no se hace esperar: el subdesarrollo, se argumenta, es lo que tiene estar cerca de África y de América, continentes que irradian miseria. El argumento geográfico sustituye al genealógico, pero mantiene la misma lógica de jerarquía entre pueblos.

El contrapunto lo pone quien recuerda que la mayoría de los antepasados de cualquiera, español o no, eran campesinos muertos de hambre. La procedencia, viene a decirse, es lo de menos cuando el denominador común es la esclavitud y la supervivencia.

Quién paga y quién cobra​

El giro más interesante llega cuando se conecta la propuesta genealógica con la fiscalidad. Si para votar o para cobrar servicios cotizados hace falta ser español de once grados, ¿qué pasa con los impuestos de quienes no lo son? Un participante lo plantea sin rodeos: si es un sangre sucia para votar, supone que el mismo asco le dará el dinero de sus impuestos. La pregunta queda flotando.

La discusión se cierra, como suele, con un dato que descoloca: la esclavitud se abolió en Cuba en 1886, hace 138 años. Un recordatorio de que la pureza de sangre como criterio legal tiene una historia reciente y poco edificante.

Con estos mimbres, la propuesta de exigir grados de españolidad para votar o cobrar ayudas no parece que vaya a prosperar. Pero la discusión deja un dato incómodo: la mayoría de los que presumen de linaje no han mirado su ADN, y los que lo han mirado se han llevado sorpresas.