¡Escándalo nacional! Ayuso le mete al cojo 450.000 euracos booooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooom

Ayuso y los 27 millones: Losantos, 450.000 € según el hilo​

Los gobiernos no compran periódicos; compran silencio, o como mínimo simpatía. La cifra que abre el asunto —27 millones de euros en publicidad y propaganda de la Comunidad de Madrid, según el mensaje que abre el debate— es lo bastante abultada como para que el desglose importe más que el titular. Y el desglose, medio a medio, reparte mucho más de lo que sugiere el escándalo.

Antes del matiz, el punto de partida. La Administración de Isabel Díaz Ayuso destina, según las cifras que se manejan en el hilo, decenas de millones anuales a contratos de publicidad institucional con medios privados. Entre los beneficiarios hay grupos grandes y pequeños, radios, webs de viajes y publicaciones de nicho. El reparto completo —con nombres y cantidades— es lo que convierte una cifra redonda en un mapa de favores.

¿Cuánto cobra cada medio de la publicidad de la Comunidad de Madrid?​

Las cantidades que se manejan dibujan un reparto desigual y amplísimo. El Grupo Prisa se lleva lo grueso: unos 600.000 euros para El País y otros 600.000 para la Cadena SER. La radiofórmula de los 40 Principales suma 208.000, el diario As 41.000, el Huffington Post 13.000 y hasta una publicación cultural minoritaria se anota 3.000. En el otro extremo, webs de viajes como eDreams (90.000) o atrapalo.com (55.000) cobran por espacios que, a simple vista, poco tienen que ver con informar de nada institucional.

• El País y la Cadena SER: 600.000 € cada uno
• Es Radio: 243.000 €; Libertad Digital: 213.000 €
• 40 Principales: 208.000 €; Radio Intereconomía: 88.000 €
• eDreams: 90.000 €; atrapalo.com: 55.000 €
• As: 41.000 €; Huffington Post: 13.000 €; Jotdown: 3.000 €

¿Qué criterio justifica 55.000 euros a una agencia de viajes online? El oficial sería «publicidad institucional». El oficioso, que el dinero se reparte entre afines con independencia del soporte.

Federico Jiménez Losantos: los 450.000 euros que se le atribuyen​

El nombre que centra la polémica es Federico Jiménez Losantos. Según las cifras que circulan, el periodista ingresaría 450.000 euros públicos entre los 243.000 de Es Radio y los 213.000 de Libertad Digital. La paradoja que se le reprocha —reclamarse liberal y criticar la dependencia del Estado mientras cobra de él— se ha convertido en el eje del asunto.

Dos precisiones antes de sacar las antorchas. No es una subvención directa, sino pago por espacios publicitarios. Y esos 450.000 euros son aproximadamente una tercera parte de lo que recibe el grupo Prisa, lo que desmonta la idea de que aquí solo se riega al entorno ideológicamente afín.

¿Cuánto gasta el Gobierno central en publicidad institucional?​

Aquí el escándalo se vuelve incómodo para todos. Según las fuentes citadas en el hilo, el gasto del Ejecutivo central en publicidad institucional se dispara hasta los 554 millones de euros, casi el doble que con Rajoy, y se ha anunciado el mayor contrato de compra de espacios de la historia del país: 400 millones sin impuestos, prorrogables a otros dos años. Hay quien sostiene, además, que los medios de izquierda cobran igual o más que los de derecha.

El argumento del «y tú más» tiene versión autonómica. Los datos de transparencia del Principado de Asturias muestran decenas de millones acumulados entre 2018 y 2021 en publicidad y promoción cultural, incluida la del bable, mientras se discute la falta de médicos. No es coartada: es prueba de que el problema es sistémico y no de un solo color.

¿Es legal que las administraciones paguen a medios privados?​

Sí, y ahí está el meollo. Los participantes coinciden en que la publicidad institucional es legal, aunque critican que su reparto carece de criterios claros. De ahí que una corriente del análisis pida prohibir los anuncios institucionales en soportes privados.

En la acera contraria se recuerda que Javier Milei suprimió la publicidad institucional en Argentina y fue criticado por algunos de los mismos que ahora señalan a Ayuso. Coherencia, la justa.

El dinero público como herramienta de influencia​

Hay un consenso incómodo que atraviesa todo el asunto: el problema no es quién lo hace, sino que sea legal hacerlo. Una parte del análisis sostiene que las administraciones del PP levantan auténticos viveros mediáticos para su relato.

Lo que nadie discute es el volumen. Entre comunidades, ayuntamientos y Gobierno central, el dinero público circula hacia los medios a chorro y sin rastro claro de criterio.

Con estos mimbres, es previsible que la polémica se apague sin cambios normativos: mientras la ley lo permita, cada administración seguirá usando la chequera como herramienta de influencia. Si alguien espera una ley que prohíba los anuncios institucionales en medios privados, más vale que no aguante la respiración.