España necesitará 24 millones de forasteros para mantener la relación entre trabajadores y pensionistas

El Banco de España cifra en 24 millones los migrantes que harían falta para sostener las pensiones​

El supervisor no se anda con paños calientes: ni la llegada de inmigrantes, ni las subidas de cotizaciones, ni los incentivos para demorar la jubilación bastan por sí solos para tapar el agujero. En su informe anual, el Banco de España calcula que para mantener la tasa de dependencia actual —un 26%— haría falta que la población inmigrante trabajadora subiera en más de 24 millones hasta un total de 37 millones en 2053. Es decir, bastantes más trabajadores foráneos que españoles. El INE proyecta para entonces 14,8 millones de pensionistas, 18 millones de nacionales en edad de trabajar y 12 millones de extranjeros activos. Con esas cifras, la proporción entre ocupados y jubilados se estrecha hasta el absurdo.

Qué dice el informe del Banco de España sobre las pensiones​

El documento, presentado por el gobernador Pablo Hernández de Cos, sostiene que la inmigración no evitará el envejecimiento «a la luz de estos números», por mucho dinamismo que tengan los flujos migratorios. España ya está entre los cuatro países del mundo con mayor proporción de residentes nacidos fuera, más de un 17%, solo por detrás de Estados Unidos, Alemania y Reino Unido. Y añade un matiz incómodo: los inmigrantes no presentan la formación de los nacidos en España y no servirían en esa medida para responder a las necesidades de la transformación tecnológica.

El supervisor también pone el foco en los incentivos para demorar la jubilación, una de las medidas estrella del Ejecutivo que Bruselas ha aceptado. El Gobierno calcula que en 2050 el gasto bajará unos 1,4 puntos de PIB porque la mitad de los trabajadores retrasarán su retiro tres años. El Banco de España no discute cuántos lo harán —ha pasado del 4% al 8% de las jubilaciones—, pero sí el ahorro: estima entre dos y seis décimas de PIB por año demorado, frente a las nueve décimas que calcula el Ejecutivo. Con el pago único, todas las altas ordinarias tendrían que producirse tres años más tarde para acercarse a la cifra oficial. «Tendría un efecto limitado en la reducción del gasto en pensiones», resume Hernández de Cos.

Subir cotizaciones o recortar la pensión inicial: las alternativas sobre la mesa​

La reforma aprobada entre 2021 y 2023 aumentó las obligaciones de gasto sin elevar los ingresos en la misma medida. En 2025 se activará con alta probabilidad la cláusula de revisión que impuso Bruselas, que obliga a subir las cotizaciones por valor de la desviación prevista si no se pactan otras medidas. El Banco de España desaconseja esa vía: por cada punto que suban las cuotas se pierde un 0,25% del empleo al cabo de cuatro años, unos 50.000 trabajos por punto. La reforma ya contempla casi tres puntos de subida sin activar la cláusula.

Entre las alternativas, el supervisor propone evaluar las tasas de reemplazo —el porcentaje del salario que se lleva el trabajador en su pensión—, que en España están por encima de la media del entorno. Rebajarlas supondría recortar la pensión inicial, pero ayudaría a la sostenibilidad. También reclama examinar el ahorro privado y su capacidad para completar el sistema público.

La respuesta del foro: del escepticismo al cálculo propio​

El dato de los 24 millones ha caído como un jarro de agua fría. Hay quien sostiene que la cifra es directamente una locura: «Moriríamos de hambre en España», resume un participante que echa cuentas de 69 millones de habitantes con apenas cinco millones trabajando. Otros apuntan a la aritmética perversa del mercado laboral: si por cada parado extra entra un inmigrante, el porcentaje de paro se mantiene o incluso baja, y se puede salir a decir que se ha reducido.

La crítica más repetida no discute el envejecimiento, sino el diagnóstico. Se argumenta que el problema no es la falta de gente, sino la falta de empleo de calidad: España tiene el paro más alto de Europa y un tejido industrial menguante. «No puedes pretender que un inmigrante venga a solucionar un problema de falta de mano de obra si no trabaja», resume un análisis que circula. La conclusión que se repite: España no necesita 24 millones de inmigrantes, necesita 24 millones de personas que trabajen, coticen y paguen impuestos.

También hay quien pone el foco en la natalidad. Se recuerda que se registran unos 120.000 abortos al año y que fomentar la natalidad entre la población local se despacha a veces como sospechoso. Y una pregunta que sobrevuela todo el debate: ¿quién pagará las pensiones de los que vienen a pagar las pensiones?

El negocio migratorio y la sospecha sobre las proyecciones​

Una parte del análisis sostiene que las proyecciones oficiales se revisan siempre al alza y que los desembolsos en prestaciones han superado sistemáticamente lo previsto. La sospecha de fondo es que la inmigración se usa como excusa para otros fines —maquillar el paro, sostener un modelo de empleo precario y fragmentado— y que el argumento de las pensiones es la coartada presentable.

El cálculo completo, desglosado partida a partida, da una diferencia que sorprende: para conseguir 24 millones de cotizantes haría falta traer a muchos más, porque no todos trabajan ni todos cotizan. Es la misma lógica de la bicicleta: 24 millones de pedaladas para no caerte, pero para avanzar hacen falta más. Y mientras, el Banco de España ya avisa de que la presión fiscal del IRPF sube por la inflación.

Lo que viene no está escrito. Si la cláusula de 2025 se activa y las cotizaciones suben, el empleo lo notará. Si no se activa, alguien tendrá que explicar de dónde sale el dinero. Y si la respuesta vuelve a ser traer gente, habrá que ver cuántos de los que llegan acaban cotizando y cuántos, simplemente, engrosan la lista de los que esperan su turno.