España se suma a la misión del Mar Rojo

España se suma a la misión del Mar Rojo entre dudas sobre el coste real​

Un participante del debate sostiene que el Gobierno español ha decidido sumarse a la misión naval en el Mar Rojo, una operación que, según su versión, responde menos a una convicción estratégica que a una necesidad energética: el petróleo y el gas que consume el país transitan por el canal de Suez. Según este forero, la refinería de Tarragona ya sufre retrasos y un cierre casi total de la vía marítima, lo que habría convertido la decisión en un mal menor. Otro interviniente afirma que el anuncio llega después de que España levantara su veto a que la UE actuara en la zona, aunque el Ejecutivo insiste en que nuestros navíos se limitarán a proteger tráfico mercante y no participarán en ataques contra los hutíes.

La dependencia energética como argumento principal

El razonamiento más repetido es que España no tiene margen. El canal de Suez concentra buena parte del crudo y el gas que llegan al país, y su práctica paralización desde el 13 de enero, tras los ataques de Estados Unidos y Reino Unido contra posiciones hutíes, ha dejado a la refinería de Tarragona al borde del colapso, según un participante. No es ideología, es logística. Quien sostiene esta tesis recuerda que la misión se enmarca en una operación de la UE y que los buques españoles no tienen autorización para atacar objetivos en tierra.

La versión oficial insiste en que se protege tráfico mercante, no intereses israelíes. Sin embargo, la duda que sobrevuela el análisis es si esa distinción se sostiene en la práctica: los hutíes atacan barcos vinculados a Israel o que se niegan a identificarse, y los buques que enarbolan pabellón español podrían convertirse en objetivo militar en cuanto pongan una corbeta en la zona, según advierte un forero. El precedente del 11-M planea sobre la decisión: hay quien recuerda que el «no a la guerra» costó 192 muertos y un vuelco electoral, y que España tiene dos bases estadounidenses y pertenece a la OTAN.

¿Por qué se cuestiona que la misión sea defensiva?

La crítica más incisiva señala que la operación no protege «seguridad global», sino intereses económicos concretos. Si los hutíes atacan barcos ligados a Israel en represalia por el genocidio en Gaza, la pregunta es por qué eso amenaza la seguridad de todos y no las sanciones de EEUU a navieras que comercian con Cuba, Venezuela o Irán. La hipocresía, dicen, es el argumento más sólido contra el relato oficial.

Otra corriente sostiene que España actúa como socio subordinado. Se recuerda que el CNI habría trabajado para EEUU y que la invitación a Davos precedió al anuncio. La tesis de la sumisión tiene variantes: desde quien cree que se protegen barcos israelíes con buques y soldados españoles hasta quien apunta que el trabajo sucio lo hacen otros mientras España pone la cama. Los anglos nunca fueron de fiar, resume una postura que atraviesa el análisis geopolítico.

El coste económico y la factura energética

El impacto sobre la economía española es el punto donde más convergen las posturas. La refininería de Tarragona ya sufre retrasos por el cierre del canal, y el petróleo y el gas que llegan por Suez representan una parte crítica del suministro. Quien defiende la participación argumenta que España necesita que sus barcos pasen por allí y que no puede pretender que el trabajo lo hagan otros. Quien la critica responde que el coste de escoltar mercantes ajenos lo pagará el contribuyente mientras los beneficios se quedan en otro sitio.

La paradoja es que España también depende del gas de Argelia, y el Gobierno no ha dudado en tensar la relación con Argel por el Sáhara cuando se lo han ordenado sus aliados, según un forero. La coherencia no es el fuerte de la posición española, coinciden análisis de signo opuesto. El cálculo completo, desglosado partida a partida, da una diferencia que sorprende: lo que se gasta en proteger la ruta no compensa lo que se pierde por el desvío de mercancías.

La división política y el riesgo de escalada

La decisión ha reabierto la brecha entre quienes creen que España debe alinearse con sus socios y quienes sostienen que cualquier participación en el conflicto convierte al país en objetivo. El argumento más repetido es que una cosa es la influencia estadounidense y otra el control total, que se habría consolidado a partir de 2004 con la partitocracia, los medios y la judicatura alineados. El atentado contra Carrero Blanco, la financiación de campañas y la inundación de heroína en los 80 se citan como precedentes de esa influencia.

En el otro extremo, hay quien defiende que la misión es una operación europea legítima y que España no puede quedarse al margen mientras sus socios protegen una ruta vital. La discusión se atasca en un punto: nadie sabe si los buques españoles se limitarán a escoltar o si acabarán participando en ataques. El Gobierno dice que no; la lógica de la escalada dice que sí. La puntita, como se conoce en el argot, ya se la sabe todo el mundo.

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Con estos mimbres, la pregunta no es si España participará, sino cuánto tardará en convertirse en objetivo. La respuesta depende de algo que ningún análisis controla: qué deciden los hutíes cuando vean una corbeta española en el Mar Rojo.