Está es la periodista con la que mazón estuvo comiendo el día de la dana...

El almuerzo de Mazón en El Ventorro: móvil apagado y alerta sin enviar​

La tarde del 29 de octubre de 2024, un martes, el presidente de la Generalitat Valenciana comía en un reservado del restaurante El Ventorro mientras la riada arrasaba la provincia de Valencia. Entró a las 15:00 y salió a las 18:45. En medio, casi cuatro horas con el teléfono apagado. La comida privada con la periodista Maribel Vilaplana es el hecho sobre el que se sostiene todo lo demás: un año y medio después, el asunto sigue sin un solo responsable señalado. Nadie ha dimitido.

Conviene separar el dato del relato. Lo comprobable es el hueco de agenda y la competencia legal. La Generalitat era la administración obligada a dirigir la emergencia y lanzar la voz de alarma a la población, según la Ley 13/2010 de Protección Civil y Gestión de Emergencias de la Comunidad Valenciana. Todo lo que va más allá de eso —qué se habló, qué hubo después— entra en el terreno de las versiones cruzadas, y este artículo no las da por buenas.

Qué se sabe de la comida de Mazón en El Ventorro​

El restaurante cuenta con reservados, lo que ayuda a explicar que la cita pasara desapercibida. La secuencia horaria es la que más se repite: entrada a las 15:00, salida a las 18:45. Tres horas y tres cuartos. Para una comida entre semana, es un margen amplio; para una reunión de coordinación durante una alerta meteorológica declarada, es un agujero.

La comparación que más ha circulado no es política, sino laboral. Cualquiera con un puesto de responsabilidad sabe que dos horas de sobremesa con café y copa dejan la tarde inservible. El detalle que más incomoda no es la duración, es el silencio: el teléfono apagado durante buena parte de la tarde, con los avisos entrando y con la estructura de Emergencias buscando a su máxima autoridad.

Hay quien sostiene que el convite venía de antes y que a eso se sumó el tramo final, y hay quien apunta a que la sobremesa se alargó más de lo previsto. Ninguna de las dos cosas está documentada. Lo que sí consta es que, en el momento en que las administraciones tenían que estar encadenando llamadas, una de ellas no estaba disponible.

¿Quién tenía que enviar la alerta de la DANA?​

La pregunta tiene respuesta técnica y está escrita. La normativa estatal y autonómica atribuye a la Generalitat la dirección, la gestión y la emisión de la voz de alarma en emergencias de este tipo; el Gobierno central interviene aportando medios cuando se le solicita. Es la tesis que se sostiene con más insistencia y la que menos margen deja a la interpretación.

Eso no cierra el mapa de responsabilidades. Aparte del Ejecutivo autonómico aparecen en la ecuación la Confederación Hidrográfica, la Delegación del Gobierno, el Ministerio para la Transición Ecológica y la dirección de Emergencias. La discusión sobre si el aviso hidrológico llegó tarde o se interpretó mal sigue abierta, y ninguno de esos organismos ha asumido un error.

El problema de fondo es de incentivos. Un protocolo de emergencia solo funciona si alguien asume la decisión impopular de movilizar a un millón de personas por algo que quizá no ocurra. Nadie quiere ser el que cierra carreteras y suspende clases por una previsión que se puede quedar corta. Ese cálculo, repetido en cada administración, es el que convierte un aviso en una tragedia.

Maribel Vilaplana: la oferta de la radiotelevisión valenciana y el comunicado​

Maribel Vilaplana es periodista y no ocupa ningún cargo público. Su nombre entró en la ecuación por dos vías: la comida del 29 de octubre y, según las versiones que se han difundido, una oferta para dirigir la radiotelevisión pública valenciana que habría rechazado. Esa oferta no ha sido confirmada oficialmente.

En un comunicado recogido por prensa, Vilaplana expresó su respeto y su solidaridad con las víctimas de la DANA y con sus familias, y lamentó que su decisión de mantenerse en un segundo plano pudiera haber generado dolor. Justificó ese silencio en la voluntad de no avivar el circo mediático y de evitar que su nombre se usara como instrumento político. Es, en la práctica, la constatación de que el asunto se ha convertido en una disputa por el relato antes que en una investigación.

La secuencia importa: primero la comida, después la catástrofe, más tarde el nombre y, al final, el comunicado. Cuando el orden de los acontecimientos se invierte en la conversación pública, el debate deja de ser sobre la alerta y pasa a ser sobre las personas.

Diez días sin dimisiones y un reparto de culpas sin culpables​

Diez días después de la riada, ningún cargo había presentado su dimisión y el intercambio de acusaciones entre administraciones seguía subiendo de tono sin que nadie asumiera la parte que le tocaba. El patrón es conocido: cuando el coste político de reconocer un error supera al de repartirlo, se reparte. Y mientras se reparte, las familias que lo han perdido todo siguen esperando una explicación.

Hay quien apunta a un ajuste de cuentas interno, porque llegar a presidir la Generalitat exige haber sobrevivido antes a más de una emboscada. Y hay quien recuerda que la aritmética parlamentaria no regala nada: una moción de censura se gana con mayoría absoluta, no con abstenciones. Sin números, la indignación se queda en declaración.

Se cita mucho el contraste con otros cargos públicos que en esas mismas fechas dimitieron en cuestión de horas por escándalos de índole estrictamente personal. La comparación escuece porque no habla de ideología, sino de reflejos: unos se van solos y otros aguantan diez días con las familias de las víctimas delante.

El perfil del gestor: de la empresa privada al cargo público​

Una línea de análisis recurrente no apunta al partido, sino a la selección de cuadros. El argumento es que un perfil como el del actual presidente autonómico, en el sector privado, difícilmente habría pasado de un puesto de responsabilidad intermedia; en política, en cambio, la fidelidad y la capacidad de no molestar pesan más que la competencia técnica. No es un rasgo exclusivo de una sigla: es un sistema que premia la docilidad y castiga la discrepancia.

De ahí sale una consecuencia incómoda. Los equipos se diseñan para no hacer sombra al jefe, y cuando llega una emergencia real —una gota fría, un incendio, una pandemia— el andamiaje se cae. La gestión de la DANA no falló por falta de medios, sostienen estas voces, sino por falta de gente con autoridad para decidir sin consultar.

La hipótesis sobre la relación, sin pruebas públicas​

Una parte del ruido que rodea el caso no tiene que ver con la alerta ni con las competencias. Circulan versiones sobre el carácter de la relación entre ambos que no están respaldadas por ninguna prueba pública, y que este artículo no da por ciertas. La persona afectada ha pedido expresamente que su nombre no se use como arma política.

Merece la pena decirlo sin rodeos: el interés legítimo está en las cuatro horas sin teléfono, no en la vida privada de nadie. Cuando la especulación ocupa el lugar del expediente, el debate público pierde justo lo que hacía falta —la reconstrucción minuto a minuto de quién sabía qué y cuándo— y gana un espectáculo que no depura ninguna responsabilidad.

Lo que puede pasar a partir de aquí​

Con el material disponible, lo previsible es que el asunto siga dirimiéndose en el terreno político y mediático, y no en el judicial. Si aparece documentación oficial —registros de llamadas, actas de coordinación de aquel 29 de octubre, cronología de los avisos hidrológicos— la discusión sobre la vida privada se caerá sola. Si no aparece, el caso seguirá alimentándose del rumor, que es la forma más barata de no depurar nada. La incógnita no es si habrá más titulares, sino si alguno de ellos llevará un número de expediente debajo.