Ex alcaldesa socialista afirma haber sido amada sin consentimiento por un guardia civil de vox. (Vlad: old good mamellas inside)

La exalcaldesa de Benaoján dice que fue violada en 2006 por un guardia civil​

Una exalcaldesa socialista de un municipio de la Serranía de Ronda ha contado en una tertulia radiofónica que fue agredida sexualmente a finales de 2006 por un agente de la Guardia Civil, meses antes de llegar a la alcaldía. La dirigente, Soraya García Mesa, que fue regidora de Benaoján entre 2007 y 2009 y de nuevo entre 2015 y 2023, y que hoy ocupa la secretaría de Emprendimiento e Innovación Social en la ejecutiva provincial del PSOE de Málaga, ha confirmado los hechos a un medio impreso y estudia con sus abogados emprender acciones legales. El relato incluye un detalle que ha hecho saltar todas las alarmas en la conversación pública: el presunto agresor, según su testimonio, fue apartado del Instituto Armado, militó después en Vox en la localidad de Ronda y en la fecha de la entrevista pertenecía a otra formación política, que no quiso identificar, aunque precisó que no es el PP.

La fecha de los hechos es el primer punto que se atasca. Finales de 2006. Vox no se constituyó como partido hasta 2013 y no concurrió a unas elecciones generales hasta diciembre de 2013. Cualquier militancia anterior del señalado en esa formación es, por definición cronológica, imposible. La propia denunciante sitúa la afiliación al partido de Santiago Abascal en un momento posterior a los hechos, no simultáneo, lo que no impide que el dato se haya convertido en el eje de la polémica.

Por qué no denunció en 2006​

La exregidora ha explicado que no acudió a los tribunales entonces por miedo a la exposición pública de su familia y a un juicio social paralelo. Añadió que su presunto agresor iba armado por su profesión y que, si había hecho lo que le había hecho a ella, podía hacer cualquier cosa. También ha sostenido que el hombre intentó posteriormente intimidarla para que no contara lo ocurrido.

Dos años después de los hechos, según su versión, una persona que le preguntó por lo sucedido puso el caso en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y se abrió una investigación interna en la Guardia Civil. En ese procedimiento, siempre según su relato, declaró ante una psicóloga forense que habría confirmado la verosimilitud de su testimonio, y se habría corroborado la existencia de más víctimas. El hombre fue apartado del cuerpo, pero según ella no por estos hechos, sino mediante una salida que evitó que el asunto trascendiera.

Qué dice la Guardia Civil y qué se sabe del presunto agresor​

Fuentes del Instituto Armado consultadas por el medio que publicó la información aseguraron no tener constancia del caso dado el tiempo transcurrido. La denunciante no ha querido desvelar la identidad del señalado y ha justificado el silencio en la protección de su familia: tiene exmujer e hijas, y no quiere que paguen por algo que no les corresponde. Ha animado a otras mujeres en su situación a denunciar.

El relato deja abiertos varios frentes. El primero, la calificación jurídica: los hechos podrían haber prescrito en la vía penal, lo que no impide otras vías civiles o administrativas. El segundo, la identidad del partido actual del señalado, que la denunciante se ha reservado. El tercero, la propia naturaleza del procedimiento interno en la Guardia Civil, que según su versión se cerró con una salida pactada y sin consecuencias públicas.

La reacción: del escepticismo al ventilador​

La conversación pública se ha partido en dos bloques. Una corriente dominante sostiene que el momento de la revelación —19 años después y en plena polémica por casos de acoso que salpican a cargos socialistas— responde a una operación de comunicación para desviar la atención. Se apunta al caso del concejal y diputado provincial socialista Antonio Navarro, denunciado por una militante, como el detonante del cambio de foco. Hay quien lo resume con una frase que circula: táctica del y tú más.

En el otro extremo, una parte de los análisis recuerda que las víctimas de agresiones sexuales tardan años, a veces décadas, en verbalizar lo ocurrido, y que la prescripción del delito no equivale a la falsedad del relato. Se subraya que la denunciante ha puesto su nombre y su cara, algo que no hace quien miente por interés.

Entre ambas posiciones, el detalle de la supuesta militancia en Vox funciona como prueba de credibilidad para unos y como señal de alarma para otros. La pregunta que sobrevuela es por qué se menciona el partido actual del señalado sin identificarlo, y por qué se descarta expresamente al PP. Algunas voces han apuntado que la formación no mencionada podría ser afín al espacio político de la denunciante, lo que explicaría el silencio.

El dato que descoloca​

La Guardia Civil no tiene constancia del caso. La denunciante dice que existe una investigación interna, una entrevista con una psicóloga forense y una salida pactada del cuerpo. Han pasado 19 años. No hay denuncia penal, no hay identidad pública del señalado y no hay partido confirmado. Lo único verificable hasta ahora es el testimonio de una exalcaldesa que dice haber callado durante casi dos décadas y que ahora estudia denunciar.