Fallece mientras se decidía si la ambulancia correspondía a Murcia o a Alicante

Muere tras 50 minutos de espera por un conflicto de competencias​

¿A quién le toca mover la ambulancia? Esa fue la pregunta que, según el relato difundido por COPE, se hicieron dos servicios de emergencia mientras un hombre permanecía tendido en el suelo. La discusión entre la Comunidad de Murcia y la Comunidad Valenciana se alargó casi 50 minutos, y el afectado falleció. Su hijo lo contó en antena: «Seguimos sin entender cómo se deja sin atender a una persona tendida en el suelo casi 50 minutos por discusiones de competencias».

El caso, ocurrido en la frontera entre ambas regiones —el municipio murciano de Beniel, a pocos minutos de Orihuela, que ya pertenece a Alicante—, ha reabierto una herida vieja: la de un Estado dividido en compartimentos que no se hablan entre sí cuando hay una vida en juego. La anécdota geográfica es casi de esperpento: dos localidades pegadas, dos sistemas sanitarios distintos, dos protocolos que no se reconocen.

Qué pasó y por qué nadie movía la ambulancia​

El relato que llega del entorno familiar es sencillo y brutal: la víctima estaba a tres minutos de un hospital, según se sostiene en la conversación, pero la ambulancia no salió porque antes había que decidir de quién era la competencia. Murcia o Alicante. Una llamada, dos administraciones, y un reglamento por encima de una persona.

Hay quien lo resume como un problema de burocracia, no de autonomías: la persona que atiende el teléfono detecta la gravedad, sabe que tiene la vida de alguien en sus manos y, aun así, no puede saltarse el procedimiento sin arriesgarse a un expediente o a un despido. El resultado es que el protocolo se cumple y el paciente muere.

Otros lo enmarcan en algo más grande: el mejunje de diecisiete sistemas sanitarios que no comparten historia clínica, no tienen tarjeta única y no se coordinan ni en una urgencia vital. Un médico de Murcia no puede consultar el historial de un paciente de Alicante. Eso, en 2025, sigue siendo así.

La tarjeta sanitaria única que nunca llega​

Una de las paradojas que más se repite: todos los gobiernos, del PP y del PSOE, prometen desde hace años una tarjeta sanitaria única y un sistema digitalizado de información médica para todo el territorio. No existe. La realidad es que cada comunidad tiene su propio sistema, su propio registro y sus propias prioridades.

El contraste se hace con la Organización Nacional de Trasplantes: un órgano estatal, coordinado, con sistemas informáticos integrados y objetivos comunes, que funciona y asombra al mundo. Un órgano de un donante murciano puede acabar en Cataluña sin que nadie discuta de fronteras. Si se quiere, se puede. La pregunta es por qué en las ambulancias no se quiere.

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El coste de tener diecisiete sistemas que no se hablan​

El argumento económico aparece pronto: cada comunidad mantiene su propio cortijo administrativo, con sus cargos, sus consejerías y sus estructuras duplicadas. El dinero se reparte en diecisiete veces lo mismo. Y cuando hay que coordinarse, no hay manera.

Hay quien sostiene que el problema no es el dinero, sino quién lo gestiona: si la sanidad pública se pone en manos de gobiernos que, en el fondo, quieren desmantelarla, el resultado es el que se ve. Enfrente, el argumento contrario: el deterioro no distingue colores políticos, y el PSOE es el partido que más tiempo ha gobernado España desde la dictadura.

La discusión deriva, como casi siempre, hacia el modelo: libre mercado frente a Estado. Unos defienden que la competencia y los seguros privados mejorarían el servicio; otros responden que en sanidad el mercado no funciona porque el que no puede pagar no elige, y que el ejemplo de Estados Unidos lo demuestra. El caso concreto se pierde en la refriega ideológica.

El patrón que se repite: incendios, fronteras y nadie asume responsabilidad​

No es un caso aislado. En la conversación aparece otro testimonio: un incendio en el límite entre Madrid y Guadalajara, con llamadas cruzadas entre bomberos de una y otra comunidad, cada uno diciendo que es competencia del otro, mientras el arroyo ardía. Al final, nadie sabe qué cuerpo acudió.

El patrón es siempre el mismo: dos administraciones, una frontera invisible y un ciudadano en medio. La responsabilidad se diluye. Nadie dimite, nadie asume, nadie explica. Y los afectados se quedan con la sensación de que el sistema está diseñado para protegerse a sí mismo, no para atenderlos.

La pregunta que sobrevuela todo el asunto no es técnica, sino política: ¿para qué sirve una autonomía si no sirve para acercar el servicio al ciudadano? La respuesta, a la vista de los hechos, es que sirve para acercarle la factura y alejarle la solución. Ironía seca, pero cierta.