Felpudo está a un paso de ser un traidor

Felipe VI firma la amnistía y la pregunta pasa a ser si podía negarse​

El rey firmó la ley de amnistía y el Gobierno la publicó en el BOE. Ese gesto, en apariencia protocolario, cerró un ciclo de meses de discusión y abrió otro: el de si Felipe VI tenía margen legal para haber frenado el texto. La escena despierta la misma curiosidad que aquella fábula del monarca motorista que cambiaba ruedas al borde de la carretera sin revelar quién era. Cambia el decorado, no el interés.

Lo que estaba en juego no era solo una ley. Era el papel del jefe del Estado como último eslabón de una cadena institucional que una parte del análisis considera ya desmantelada.

Qué cambia cuando el rey estampa la firma​

Una vez firmada, la amnistía deja de ser una promesa parlamentaria y entra en el ordenamiento jurídico. La publicación en el BOE es la condición sin la cual no surte efecto. Hasta ahí, lo técnico.

Lo político es que esa rúbrica convierte al rey en el último eslabón de una cadena que muchos consideran el desmantelamiento de los contrapesos. Si el Tribunal Constitucional acaba bajo control del Ejecutivo y el rey firma sin objeción, sostiene una parte del análisis, no queda institución que estorbe. El reproche de fondo es que ha sellado una norma que, según buena parte de las críticas, deja impunes a quienes mostraron voluntad de reincidir. La defensa es la contraria: la firma es un trámite obligado, no un aval moral.

¿Puede el rey negarse a firmar una ley?​

En una monarquía parlamentaria, no. El rey no legisla, no vota y no tiene iniciativa legislativa; sanciona y promulga lo que aprueba el Parlamento, con el refrendo del presidente del Gobierno. Negarse obligaría a la Corona a bloquear a una mayoría parlamentaria, lo que la metería de lleno en el conflicto político.

El argumento que más circula es el de la reina Isabel II, que firmó el referéndum de Escocia sin poder oponerse. Y el de Amadeo I, que prefirió marcharse antes que reinar contra todos. La comparación se usa para subrayar que el cargo es simbólico por diseño, no por cobardía. Quien no lo acepta tiene una salida: renunciar.

El artículo 62.i y el caso de los indultos​

Aquí entra el texto que más se cita: el artículo 62.i de la Constitución, que atribuye al rey «ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales». La disputa es de interpretación. Unos sostienen que la norma veta precisamente amnistías encubiertas de indultos generales.

Otros replican que quien decide si una ley es constitucional no es el rey, sino el Tribunal Constitucional, y que un jefe del Estado que se niega a firmar por criterio propio convierte su firma en un veto de facto. El reproche se repite: quien firma, asume.

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Del «no puede hacer nada» al papel de contrapeso​

La tesis dominante durante años fue la de la Corona como institución pasiva. Esa idea se ha ido resquebrajando. La jefatura del Estado, con corona o sin ella, es un contrapeso que existe o no existe según cómo se ejerza. Quien la ocupa puede dimitir, hablar o guardar silencio. Guardarlo también es una decisión política.

A esa crítica se suma otra: los desplantes nacionalistas, las ausencias en rondas de consultas o las visitas que ya no se programan. No hay respuesta oficial. La sensación es de florero con firma.

¿Es culpa del electorado o de quien lo dirige?​

Aquí el enfoque puramente jurídico salta por los aires. Un bloque sostiene que si el 23 de julio el electorado hubiera votado distinto, hoy no habría amnistía. Otro responde que la democracia no consiste en que la mayoría decida todo sin límites, y que cuando no hay contrapesos el voto deja de proteger. La responsabilidad, en esa lectura, es de quien dirige, por acto o por omisión, no del votante.

El reproche a los partidos que se niegan a fiscalizar también aparece: no se les pide un milagro, sino que usen las herramientas que sí tienen.

El punto donde todo se atasca es el mismo desde el principio: no hay acuerdo sobre si la Corona puede hacer algo distinto de firmar y callar. Nadie ha respondido qué pasaría si un día dejara de firmar. Y con la ley ya en el BOE, esa duda sigue abierta.