GRACIAS mar1CARMEN: los alquileres PRORROGADOS +2 años HASTA 2028 y lo mejor NO HABRÁ DESAHUCIOS HASTA 2030. Demos todos un FUERTE APLAUSO a quien....

Alquileres prorrogados hasta 2028 y desahucios vetados hasta 2030​

El Consejo de Ministros ha sacado adelante —partido en dos decretos— un paquete de vivienda que blinda al inquilino dentro de la casa durante años. Los contratos que venzan antes del 31 de diciembre de 2028 quedan prorrogados de forma obligatoria dos años más y los desahucios por impago quedan prohibidos hasta 2030. No es una recomendación ni un criterio interpretativo: es el texto que el Ejecutivo quiere convalidar en un pleno extraordinario este viernes en el Congreso. La primera respuesta del mercado llegó el mismo día, con la oferta de pisos en venta duplicándose.

La letra pequeña molesta más que el titular. La prórroga no es opcional para el propietario: si el inquilino quiere quedarse, se queda, aunque el dueño tenga una hija que necesita el piso o una hipoteca que pagar. Y el arrendador no solo deja de cobrar: sigue pagando IBI, comunidad y, en algunos casos, los suministros de quien no paga. Ese es el punto donde el decreto deja de ser una medida social y se convierte en un cálculo de riesgo.

¿Qué cambia para un propietario con uno o dos pisos?​

Absolutamente todo. La norma no establece umbral de patrimonio: el particular que heredó el piso de la abuela y lo alquila para complementar la pensión queda tan cubierto por la prórroga y por la veda de desahucios como el mayor tenedor institucional. Junts ha pedido una excepción o un régimen aparte para el pequeño propietario y Sumar la ha vetado, así que de momento todos a la misma salsa.

El dato de contexto es el que desmonta el relato del casero explotador: en torno al 80% de los arrendadores de este país tienen uno o dos inmuebles. No son fondos con abogados y paciencia. Son jubilados, matrimonios con una segunda vivienda y gente que heredó. Y son precisamente estos los que retiran la oferta cuando el riesgo deja de compensar. Con demanda creciente y oferta que se retira, el precio hace lo que siempre hace.

El cálculo que corre por los chats: 41.440 euros​

Hay un caso que circula con más fuerza que cualquier informe: una renta de 1.060 euros al mes que, sin pagarse hasta 2030, suma 41.440 euros de alquiler que en la práctica nadie va a reclamar. Ese número es la mejor campaña posible para la morosidad selectiva. El desglose completo del escenario —hipoteca del piso ocupado, alquiler en la ciudad de destino y desplazamientos para los trámites judiciales— deja una conclusión incómoda para cualquiera que tenga que mudarse por trabajo. La cifra no es un caso aislado: es una plantilla.

Sin movilidad laboral y con 100.000 residentes nuevos al mes​

Aceptar un empleo mejor pagado en otra provincia exige alquilar tu vivienda y alquilar otra. Con la prórroga blindada, el arrendador honesto ya no puede garantizar que su inquilino le pague, y quien firma un contrato asume un riesgo que no puede cubrir. Pagas tu hipoteca, pagas tu alquiler y encima viajas para el procedimiento. El resultado es que la movilidad laboral entre provincias se estrecha justo cuando más falta hace.

Y en paralelo siguen entrando al menos 100.000 aspirantes a nuevos residentes cada mes. La ecuación —más demanda, menos oferta y precios intervenidos— solo cuadra de una manera. Antes de conocerse el texto ya se sostenía que el chabolismo va a llegar sí a sí; con el texto sobre la mesa, el pronóstico se queda corto.

Pleno del viernes, Junts y el cálculo electoral​

La negociación entre los socios del Gobierno se alargó hasta esta mañana y obligó a retrasar una hora el comienzo del Consejo de Ministros. De ahí la división en dos decretos: es más fácil convalidar por partes. Junts, que ya había advertido de que la medida es poco popular en Cataluña, sigue sin descolgarse del todo.

En el fondo late la lectura política. Una parte del análisis sostiene que la medida fabrica votantes: el beneficiado por la prórroga votará a quien se la garantice y el propietario retirado del mercado votará a quien se la derogue. La otra parte recuerda que la norma llega sin construir una sola vivienda social nueva, que es la única palanca que mueve el precio de verdad.

A la fecha de esta discusión hay una segunda fecha clave en el horizonte: en 2030 las viviendas con certificado energético por encima de G o F no se podrán vender ni alquilar por una directiva que llega de la UE. Es decir, el mismo año en que decae la veda de desahucios, parte del parque antiguo dejará de ser comercializable.

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Con la oferta retirándose y los procedimientos de desahucio acumulando cuatro años de cola para ejecutarse, la predicción más razonable —con todas las reservas, porque el texto aún tiene que pasar el Congreso— es que el ajuste lo pagará quien llegue nuevo al mercado. Los que ya están dentro, de momento, no se mueven.