Grupo de ilegales alojados en un hotel siembran el caos en guardamar (alicante): “hay abusaciones todos los días “

Guardamar del Segura: tensión vecinal por los abusos denunciados en un hotel de acogida​

Un pueblo de algo más de 16.000 habitantes, que en verano multiplica su población, convertido en escenario de un pulso que nadie sabe cómo cerrar. En Guardamar del Segura (Alicante), la concentración de personas migrantes en un hotel de la localidad ha derivado en denuncias vecinales por tocamientos, seguimientos y actitudes intimidatorias hacia mujeres, según los testimonios recogidos por televisiones. La cifra que circula en la calle —«abusos todos los días»— convive con versiones más matizadas: una camarera a la que se toqueteó, chicas piropeadas desde los balcones, denuncias presentadas y una sensación de miedo que ha llevado a algunas vecinas a dejar de salir de casa.

El asunto no es nuevo en el municipio, pero ha escalado cuando los vecinos han empezado a hablar ante las cámaras. Lo que en un primer momento se describía como episodios de acoso verbal ha pasado a formularse en términos de inseguridad generalizada. Y ahí empieza el problema: entre el relato de la alarma y el dato comprobable hay un trecho que nadie ha medido con rigor.

Qué se denuncia y qué se puede comprobar​

Los testimonios difundidos por televisión hablan de tocamientos a una camarera de hotel, piropos y seguimientos a varias chicas desde los balcones del alojamiento, y de denuncias que, según los vecinos, no habrían tenido la respuesta policial esperada. Frente a eso, hay quien rebaja la intensidad del relato: lo de «violaciones a diario» sería una exageración, y lo documentado hasta ahora se limita a episodios de acoso verbal y físico de menor gravedad. La discrepancia no es menor, porque de ella depende que estemos ante un problema de convivencia o ante una emergencia de seguridad pública.

Lo que sí aparece en los relatos vecinales es una queja sobre la actitud del alojamiento: se sostiene que los residentes del hotel cobran a los chavales por usar pistas públicas y que el comportamiento incluye escupir, tirar basura al suelo y vomitar en la vía pública. Son conductas incívicas, no delitos, pero alimentan el malestar. Y el malestar, cuando se cronifica, termina pesando más que cualquier estadística.

El hotel como símbolo del conflicto​

El foco se ha puesto sobre el establecimiento que aloja a estas personas. Hay quien ha llamado a dejar reseñas negativas en su ficha de Google, y quien denuncia la paradoja administrativa: un particular no puede cambiar un váter sin licencia municipal, pero un hotel puede alojar indefinidamente a personas sin documentación. La comparación, exagerada o no, resume bien la sensación de asimetría que recorre el debate.

Detrás está la pregunta de quién paga. Los críticos sostienen que el alojamiento se financia con dinero público y que eso convierte el problema en una decisión política, no en un accidente. La respuesta oficial, cuando llega, se mueve entre la solidaridad y la falta de medios. Y en medio, los vecinos.

El voto como coartada y como reproche​

Una parte del debate ha derivado hacia el comportamiento electoral del municipio. Se argumenta que si Guardamar vota lo que vota, no tiene derecho a quejarse; que el 5,62% de «gente decente» no puede hacer nada frente al resto. Es un razonamiento cómodo y tramposo: mezcla el resultado electoral con la responsabilidad individual y convierte a los afectados en culpables de su propia situación.

Otros van más allá y sostienen que el problema no es local, sino sistémico: que el aparato estatal protege a los infractores, que las fuerzas de seguridad actúan con criterios distintos según el origen del agresor y que la única salida real es la autoorganización vecinal. Es la tesis del «estado fallido», y aunque se formule con vehemencia, conecta con una desconfianza más amplia hacia las instituciones.

Las soluciones que se barajan y las que no​

Entre las propuestas que circulan hay de todo. Desde devolver a los migrantes en cayucos —una idea que ignora la legalidad internacional y la logística— hasta montar grupos de vigilancia al estilo de las milicias brasileñas, pasando por la expulsión de los políticos responsables. Ninguna de ellas responde a la pregunta operativa: qué hace un ayuntamiento de 16.000 habitantes cuando un hotel privado aloja a decenas de personas sin recursos ni supervisión.

La vía intermedia —más policía, más control, más recursos para los servicios sociales— choca con un dato que aparece en el debate: la plantilla de la Policía Local de Vigo, con 340 agentes, tiene 57 de baja, y eso condiciona la vigilancia de una ciudad mucho mayor. Si eso ocurre en Vigo, qué no pasará en Guardamar.

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El asunto queda donde estaba: con vecinos que dicen tener miedo, con denuncias presentadas y con una respuesta institucional que nadie considera suficiente. No hay cifras oficiales de agresiones, no hay resolución judicial, no hay plan anunciado. Solo un pueblo que ha dejado de salir a la calle y una discusión que, por ahora, se alimenta de testimonios y de silencios.