El gobierno inyectará hasta 4.000 millones en correos para salvarla de la quiebra técnica

El Estado inyectará hasta 4.000 millones en Correos​

Correos pierde dinero en el mejor momento de su historia. La paradoja no es nueva, pero el tamaño del agujero sí: el Estado prepara una inyección de hasta 4.000 millones de euros para evitar la quiebra técnica de la empresa pública, según el planteamiento que abre este asunto. La compañía acumula 50.221 empleados, 1.279 delegados sindicales y un modelo laboral que recuerda, en palabras de quienes lo examinan, a las empresas públicas soviéticas. Mientras tanto, el cartero no aparece por buena parte de la España rural.

El detalle que descoloca: Correos es la empresa que reparte los paquetes de Amazon, Vinted, Temu, Wallapop o Carrefour. Es decir, opera en la edad de oro de la paquetería, con ventajas sobre cualquier competidor privado por ser del Estado, y aun así no saca rendimiento. La pregunta que sobrevuela el asunto no es si hay dinero, sino por qué no se convierte en resultados.

¿Por qué pierde dinero Correos en pleno auge del comercio electrónico?​

Porque el negocio está minado por dentro. La tesis dominante apunta a una estructura de costes inflada por cargos intermedios, comisiones y comités que se comen cualquier margen. Un cálculo recurrente en el asunto: por cada empleado de oficina que cobra en torno a 25.000 euros, hay un cargo intermedio cobrando 100.000 euros en una función que no se traduce en servicio. La cifra global que se maneja es de 80.000 euros por empleado de coste, un número que no cuadra con la productividad visible.

La comparación que más se repite es con Televisión Española, el otro gran sumidero público: cerca de 200 directivos con sueldos medios de 80.000 euros. Ese capítulo, aun siendo escandaloso, representa alrededor del 1% del presupuesto. El problema, por tanto, no es solo la cúpula: es el conjunto del modelo.

El contrato con Globalia y las cláusulas que cargan las pérdidas al erario​

Aquí está el episodio que más tinta ha hecho correr. El contrato firmado entre Correos y Globalia incluía una cláusula, la sexta, según la cual si los resultados del ejercicio son negativos serán asumidos íntegramente por Correos. Es decir, el riesgo del negocio se socializaba y el beneficio, si lo había, se privatizaba. El asunto se ha convertido en el ejemplo recurrente de cómo una empresa pública puede ser utilizada como vehículo de intereses ajenos.

Hay quien sostiene que la empresa está controlada por los sindicatos y que su estructura laboral impide cualquier intento de competitividad. El dato que se cita: 1.279 delegados sindicales para una plantilla de 50.221 personas, con absentismo récord y programas de mindfulness y coaching en la nómina. La ironía se escribe sola.

El cartero que no llega: el reparto rural, en el centro de la queja​

El servicio se ha degradado en amplias zonas. Hay quien relata dos semanas y media sin recibir correspondencia en el entorno rural de Álava. En pueblos a 40 kilómetros de Barcelona, con calles asfaltadas y la oficina a menos de 500 metros, el reparto se limita a los jueves y en julio y agosto directamente desaparece: las cartas de esos meses llegan todas juntas a mediados de septiembre. Otro caso: tarjetas de crédito caducadas en julio que no llegaron hasta septiembre.

Los sábados dejaron de trabajarse. En julio y agosto no se abren las oficinas por las tardes. El argumento de la empresa, cuando se le pregunta, es que hay atascos o vacaciones. El usuario que paga impuestos para sostener el servicio no siempre lo ve igual.

¿Qué pasó con la gestión de Feijóo al frente de Correos?​

La hemeroteca incomoda a ambos lados. Cuando Alberto Núñez Feijóo presidió Correos, entre mayo de 2000 y 2003, la empresa acumulaba pérdidas de 30 millones de euros. Al salir dejó 109 millones de beneficio en dos años, según la versión que se cita, con una apuesta por lo digital. El PP pidió en abril de 2022 la destitución de Juan Manuel Serrano como presidente de Correos alegando deficiencias de gestión; el argumento que se esgrimió entonces es que su mérito era haber estado en el gabinete de Sánchez.

Serrano ha sido denunciado por Abogados Cristianos por presunta malversación de caudales públicos cuando presidía Correos, según las informaciones publicadas. La denuncia alude a las elevadas pérdidas pese a las subvenciones, al sueldo del directivo y a la promoción de determinadas causas ideológicas desde la empresa. Todo ello está en fase de investigación y no supone condena alguna.

¿Cuál es la salida? Liquidar, vender o seguir inyectando dinero​

El abanico de propuestas es amplio. Una corriente defiende preparar la liquidación ordenada, vender activos y dar la mejor salida posible a los 50.000 empleados, argumentando que el sector privado hace lo mismo sin costar una millonada. Otra sostiene que el problema no es el servicio postal en sí, sino la red clientelar que lo rodea: empresas públicas utilizadas como agencias de colocación y como fuente de favores. Y una tercera apunta a que, con una gestión competente, Correos sería una de las empresas más potentes del país.

El precedente inmediato no invita al optimismo: Correos perdió otros 120 millones de euros a pesar de una inyección de 247 millones del Estado. El año electoral, como casi siempre, no arregló nada.

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La inyección de hasta 4.000 millones se presenta como el rescate definitivo. Si el patrón se repite, dentro de unos años habrá otro titular casi idéntico, con otra cifra y el mismo cartero sin aparecer. La predicción, con reservas: alguien abrirá una botella de vino el día que cierre, y probablemente lo haga con el paquete aún sin entregar.